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Investigaciones

Advierten que vertedero de basuras de Presidente Franco podría colapsar en dos años

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LA BASURA…UN PROBLEMA DE TODOS (I)

Un equipo de Radio Positiva constató este jueves que en el vertedero de basuras de la Municipalidad de Presidente Franco-Alto Paraná, se está realizando, de manera urgente, el relleno sanitario, a la par que se reciben los residuos, ya que temen ser multados por la Secretaría del Ambiente (SEAM). De acuerdo a las referencias, el vertedero está técnicamente colapsado, pero con los trabajos que se están haciendo en el lugar, podría aguantar por dos años más, por lo que se agilizaron las tareas para luego cerrarlo, según se supo.

En el lugar se está realizando el trabajo técnicamente denominado “remediación”, “relleno sanitario” y la construcción de una “piscina de expoliación”, a los efectos de evitar a ser sancionados por la Secretaría del Ambiente.

De acuerdo a las versiones, la SEAM ya habría emplazado a la comuna franqueña, a los efectos de poner en condiciones el vertedero, ya que se está colapsando, por lo que el lugar tienen que quedar en condiciones optimas antes de ser clausurado, según se supo.

El vertedero municipal de Presidente Franco está asentado sobre 9 hectáreas, situado en la zona denominada “Paraná Poty”, más conocida como “Península”, aproximadamente a 25 kilómetros del casco urbano de la ciudad, con una reducida población en sus alrededores.

Según los técnicos, el objetivo del recubrimiento inferior de un relleno sanitario es evitar todo contacto entre los residuos y el suelo o las napas freáticas. El relleno sanitario es una técnica de ingeniería sanitaria que consiste en acondicionar un espacio de tierra de determinada manera para colocar los residuos compactados, tapándolos con distintos tipos de tierra, para que fermenten sin aire y se produzca su descomposición.

El relleno, una vez finalizado, generalmente se parquiza y utiliza como espacio recreativo, ya que no es posible darle ningún otro uso, por lo que lo más probable, es que se cierre definitivamente en un lapso de dos años, ya que el sitio está totalmente lleno.

En el vertedero, se está llevando a cabo un meteórico trabajo de relleno sanitario y construcción de “piscina expoliante”, que servirán para la separación de los residuos sólidos de los líquidos, de tal manera a evitar seguir contaminando el sitio. En tanto, en el lugar están varias personas que trabajan, conocidos como los “gancheros”, en su mayoría son nativos del lugar, quienes se ganan la vida juntando “basura en un gran basural”.

Millones de toneladas de residuos sólidos urbanos son arrojados en el vertedero que traen aparejadas graves impactos ambientales y sanitarios, situación que se palpan cada vez más en Presidente Franco, por lo que se está tratando de paliar con este relleno, ya que el basural, técnicamente está colapsado.

Por ello es que se apresuraron en realizar el relleno sanitario y otras mejroas en el lugar, temerosos de ser apercibidos por una fuerte multa. A esta situación, se suman la aparición de vertederos clandestinos en los barrios de la ciudad, donde se acumulan gran cantidad de residuos y la falta de un sistema de recolección de basuras, además de una precaria disposición final de las mismas, por lo que se están realizando los trabajos pertinentes en el vertedero municipal.

Hasta el día de hoy, la gestión de los residuos se ha centrado básicamente en un único aspecto, la eliminación de los mismos o hacerlos desaparecer de la vista, a través de basurales o con rellenos sanitarios lo que crea serios riesgos para el medio ambiente y la salud de las personas.

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Investigaciones

Secretario de Industria y Comercio del Alto Paraná, con inhibición general

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Iván Airaldi, secretario de Industria y Comercio de la Gobernación del Alto Paraná, cuenta con inhibición general, eso significa que no puede comprar ni vender nada, según certificado Nro.  897976 de la Dirección General de los Registros Públicos. Pese a ello, el jefe del Gobierno departamental, Roberto González Vaesken, lo mantiene en el cargo, sin cumplir los requisitos legales establecidos para el efecto y habiendo varios exponentes colorados que fueron dejados de lado para que Airaldi, de extracción liberal, sea designado en dicho puesto. En su defensa, el secretario de Industria y Comercio dijo a Radio Positiva que la deuda fue saldada y que su antecedente judicial “está limpio”.

De acuerdo al certificado, Airaldi registra inhibición general a consecuencia de una demanda entablada por la cooperativa Ayacapé limitada en su contra, tramitada en el Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial de Presidente Franco.

La ley Nº 1626/2000 de la Función Pública, exige, en su capítulo II De la incorporación de los Funcionarios Públicos, Art. 14º, inc. e) estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos; f) presentar certificado de antecedentes judiciales y policiales, incisos que estarían siendo incumplidos por el secretario de Industria y Comercio de la Gobernación del Alto Paraná, a pesar de haber presentado un certificado de antecedentes penales, donde lógicamente no consta su antecedente judicial en lo civil y comercial.

En comunicación con Radio Positiva, Airaldi reconoció estar inhibido desde el año 2012, pero que la deuda, motivo de la inhibición ya fue saldada.

Igualmente, el ahora secretario de Industria y Comercio, Iván Airaldi, excandidato a gobernador en las internas liberales, es acusado por sus correligionarios de haber traicionado a la candidata de su partido, María Portillo y que su nombramiento es fruto de la traición al PLRA.

Airaldi admitió que llegó al cargo debido a la amistad existente entre él y el gobernador González Vaesken, más que su propia idoneidad que le reclaman los colorados.

Airaldi también es cuestionado por la dirigencia colorada, por ocupar un espacio que debía ser de un afiliado al Partido Colorado que, tiene en sus filas a personas con mejor perfil y con goce de todos sus derechos civiles, que el elegido por González Vaesken para secretario de Industria y Comercio.

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Investigaciones

Gabinete de González Vaesken está compuesto por hombres con nefastos antecedentes, denuncian

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RADIO POSITIVA INVESTIGA (I)

El gabinete del gobernador de Alto Paraná, Roberto González Vaesken, cuestionado desde un principio, por estar conformado solamente por varones, ahora tiene otro ribete y mucho peor, teniendo en cuenta que está conformado por personas con nefastos antecedentes, según denuncias. Uno de sus integrantes, que ocupa la Secretaría de Hacienda, Antonio Duarte, guarda en su legajo destituciones por esconder evidencias en la Municipalidad de Ciudad del Este e imputación por extorsión y cohecho pasivo. En su defensa, Duarte dijo a Radio Positiva que, en ambos casos, fue sobreseído a falta de pruebas. Sin embargo, obtuvo dicha medida simplemente por extinción de la acción penal, según la denuncia.

Sin embargo, el secretario de Hacienda de la Gobernación, no dijo toda la verdad, ya que su caso fue finiquitado por extinción de la acción penal y no precisamente por demostrar su inocencia, según las denuncias.

De esta manera, el gabinete del gobernador Roberto González Vaesken está conformado por personas con nefastos antecedentes, como el caso de Duarte, que fue destituido de la Municipalidad de Ciudad del Este en el año 1999 por esconder evidencias, al igual que fue imputado por coima en el 2005.

Varias son las señales de incapacidad demostrada por el gobernador, como la integración de su gabinete, que lo conformó con personas que alguna vez tuvo inconvenientes con la Justicia Ordinaria.

Radio Positiva se hace eco de estas denuncias y pone a la luz pública, el curriculum nefasto de sus “elegidos” de confianza para administrar el dinero del pueblo en el décimo departamento.

En esta primera parte de la secuencia de publicaciones que Radio Positiva irá presentando a la opinión pública, daremos a conocer el antecedente de Antonio Duarte, uno de los “elegidos” de González Vaesken, para el cargo de las finanzas del gobierno departamental, como secretario de Hacienda.

PRIMER CASO – AÑO 1999

DESTITUIDO CON INHABILITACION PARA OCUPAR CARGOS PUBLICOS

El caso data del año 1999, cuando Antonio Duarte era funcionario del Departamento de Procesamiento de Datos (CPD) de la Municipalidad de Ciudad del Este. En este año, la Presidencia de la República ordenó la intervención de la municipalidad, nombrando a Rubén Miñarro como interventor. En esta ocasión, Antonio Duarte y Francisco Céspedes, fueron investigados por estar sospechados de hacer desaparecer o esconder datos que servirían para determinar responsabilidades de la administración intervenida.

En el proceso del sumario administrativo se demostró la culpabilidad de los sospechados y, el interventor municipal, Lic. Rubén Miñarro, resolvió disponer la DESTITUCIÓN, CON INHABILITACIÓN PARA OCUPAR CARGOS PÚBLICOS POR DOS AÑOS de los funcionarios ANTONIO DUARTE y FRANCISCO CÉSPEDES, según los documentos.

SEGUNDO CASO – AÑO 2005

IMPUTADO POR EXTORSIÓN

En setiembre de 2005, la Dirección de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Ciudad del Este, a cargo de Antonio Duarte, fue allanada por el fiscal de la unidad uno, abogado Alfredo Acosta Heyn, en busca de evidencias en relación a un hecho de EXTORSIÓN Y COHECHO PASIVO.

Según relato de nuestra fuente, el señor Antonio Duarte, al percatarse de la presencia fiscal, se dirigió al sanitario, arrojando por la ventana del mismo, unos fajos de dinero, producto de la supuesta extorsión, al patio de la Junta Municipal, espacio colindante a la oficina de Defensa del Consumidor. En dicho acto el fiscal ordenó su detención que, luego el juez de la causa dispuso su prisión domiciliaria.

Según consta en archivo, Antonio Duarte fue sindicado como la cabeza de una gavilla de funcionarios municipales que se dedicaban a extorsionar a los empresarios desde la Dirección a su cargo.

La carpeta fiscal está identificada como causa Nro. 4695/05 “ANTONIO DUARTE INSFRÁN Y LUIS LÓPEZ MORINIGO S/ HECHO PUNIBLE CONTRA EL PATRIMONIO Y EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS (EXTORSIÓN Y COHECHO PASIVO).

Según el acta Nro. 82 obrante en la causa fiscal mencionada, el fiscal Acosta Heyn, en base a las sospechas fundadas en las evidencias recolectadas en el proceso investigativo, resolvió imputar al ciudadano ANTONIO DUARTE INSFRÁN, hoy “flamante” secretario de Hacienda de la Gobernación del departamento del Alto Paraná.

Suponemos que el señor gobernador no tenía conocimiento del antecedente nefasto de su Secretario de Hacienda, el cargo de mayor confianza de la institución departamental, atendiendo a que es la secretaría encargada en administrar las finanzas de la gobernación.

“LIMPIO”

En su defensa, Antonio Duarte refirió que, en ambos casos, se le puso una trampa y alegó que su foja está “limpia”. “Yo fui sobreseído, mis antecedentes judiciales y policiales están limpios. No tengo deuda con la Justicia ni con nadie. En ambos casos fue una trampa. En el primero por una denuncia inventada por el sindicato de la Municipalidad, SITRAMUDE y, en el segundo, fue una persecución orquestada por Magno Álvarez contra mi persona. Yo logré demostrar mi inocencia y prueba de ello es que, tras la demanda que entablé a la municipalidad, ahora me tiene que pagar 1.300 millones de guaraníes en concepto de indemnización y salario caído”, dijo.

Sin embargo, Duarte solo dijo medias verdades, ya que, en el litigio judicial del 2005, no demostró su inocencia, sino que, por extinción de la acción penal y el caso quedó cerrado, según la denuncia.

Radio Positiva en su afán de acercar a sus oyentes y lectores la información veraz y precisa, actuando de manera objetiva e independiente y no aceptando presión alguna de nadie, mañana continuará con la exposición de los antecedentes de otro “flamante secretario de confianza” del gobernador Roberto González Vaesken.

Mañana

Investigación Positiva (II)

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Investigaciones

Concejales de Ciudad del Este violan ordenanza

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En el 2016, la Junta Municipal de Ciudad del Este había modificado la ordenanza que regula las estaciones de servicios y gasolineras en la ciudad, prohibiendo que las mismas se coloquen a menos de mil metros de distancia una de otra. Sin embargo, por resolución número 387/2018, firmada por Herminio Corvalán, en su calidad de presidente interino de la corporación, se autorizó la instalación de una planta de venta de combustibles, a la altura del km 11, lado Monday, sin tener en cuenta que, a 600 metros del lugar, se encuentra afincada, desde hace varios años, otra estación de servicio.

La autorización se le había otorgado a la firma “Iruña Emprendimiento Inmobiliarios S.A.” para el funcionamiento de la estación de servicio y para expendio de combustibles y lubricantes, en el inmueble identificado con matrícula número K04/20.01 y K04/44.004, situado en el km 11 Monday de esta ciudad, con una superficie a construir de 506.50 metros cuadrados.

La comisión de Legislación, conformada por los concejales municipales Teodoro Mercado, María Portillo y Lilian González de Aguinagalde, habían emitido dictamen favorable; al igual que la comisión de Obras, integrada por Herminio Corvalán, Celso “Kelembú” Miranda y Lilian González de Aguinagalde.

En los pasillos de la Junta Municipal, se rumorea que los ediles recibieron algún tipo de “incentivo” para violar la ordenanza que los mismos habían modificado en el 2016, precisamente para evitar que las estaciones de servicios se coloquen uno cerca de otro.

En Ciudad del Este, las estaciones de servicios se encuentran en total contravención a las normas exigidas para el efecto, ya que la mayoría están ubicadas en sitios de mucha conglomeración de personas, poniendo en peligro la integridad de las mismas.

Además del peligro que representa, al estar cerca una de otra, la situación se torna una bomba de tiempo, por representar un peligro mortal, hecho que no fue tenido en cuenta por los ediles esteños para autorizar a la firma “Iruña Emprendimiento Inmobiliario S.A.”, para que se ubique a escasos 600 metros de otra estación de servicio.

Asimismo, la proliferación de las estaciones de servicio en Ciudad del Este atenta contra el medio ambiente y la salud de las personas, situaciones que tampoco fueron tenidos en cuenta por los ediles que aprobaron dicha resolución.

Los efectos de la contaminación que producen las gasolineras, que podría tener efectos nocivos para la salud, se perciben a menos de 100 metros de estas estaciones de servicio. En las gasolineras se registran niveles de algunos compuestos orgánicos en el aire, como el benceno, que incrementa el riesgo de padecer cáncer.

De acuerdo a investigaciones, las estaciones de servicios deberían respetar una distancia “mínima” de 50 metros para viviendas y de 100 metros para actividades “especialmente vulnerables”, como hospitales, centros de salud, colegios o centros de la tercera edad. Lo ideal es respetar la distancia de 100 metros a la hora de planificar la construcción de estas estaciones de servicios.

Los investigadores proponen aplicar el estudio a áreas de nueva construcción donde se pretenden ubicar este tipo de instalaciones, hecho que por lo visto los ediles no se preocuparon en investigar antes de autorizar la instalación de la estación de servicio que será explotado por la mencionada firma.

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