Cuando se firma el contrato, en el año 2011, entre la Municipalidad de Ciudad del Este y la empresa K&K Shopping, que autoriza la concesión de una obra pública, consistente en la financiación, realización y explotación de estacionamiento y obras de inversión, todo parecía terminar ahí.

Sin embargo, al iniciar la ejecución del proyecto de construcción la realidad tocó a las puertas. El terreno adjudicado estaba atravesado por un precario desagüe cloacal, pluvial y muy accidentado de casi 90 grados de desnivel, que hacía imposible iniciar los trabajos de construcción.

Los directivos de la empresa informan de la situación a la ESSAP a fin de solicitar resolver este problema, pero dicha dependencia estatal responde que no tiene presupuesto para llevar adelante la obra de desagüe pluvial y cloacal. Este hecho, según la propia ESSAP, llevaría dos años para el estudio presupuestario.

Con el fin de avanzar con el proyecto, los directivos de la empresa K&K Shopping deciden invertir, adicionalmente, 1.400.000 dólares americanos para dar un corte definitivo a este problema.  Se construyeron 160 metros lineales de tubos apropiados para este tipo de mega estructuras y que asegura el respeto al medio ambiente. Dicha obra se realizó en base a estándares de alta calidad y sirve, hoy en día, para que parte del microcentro pueda desembocar su desagüe.

La mejora ocasionó un atraso enorme en el avance de las obras del shopping, es decir, no estaba en los planes, tanto en tiempo de ejecución y mucho menos, financieramente, hablando. Para obras de gran envergadura como el estipulado en el proyecto, se necesitó hacer importantes esfuerzos de ingeniería que ha llevado, también, su tiempo y los recursos económicos adicionales.

Además, durante la construcción del Shopping hubieron otros percances, relacionados a diferentes instituciones como la intervención de la Fiscalía por supuesta violación de la ley ambiental, la ex Secretaría del Ambiente (SEAM), la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (CONADERNA) y, en todos los casos, fueron resueltos con sentencias judiciales dando la razón a la empresa concesionaria para continuar la obra. Estas situaciones atrasaron el proyecto, fuera de la voluntad de los propietarios de la concesión.

En enero del 2017, la empresa K&K solicitó a la municipalidad de Ciudad del Este, reconocer y compensar el tiempo perdido por los imprevistos suscitados.

Con ello, el tiempo compensatorio solicitado, está dentro del plazo estipulado para la concesión de dicho predio en 30 años,  según la Ley Nº 1618 de Concesiones de Obras y Servicios Públicos, cuyo Artículo 37 autoriza la prórroga de los plazos por demoras, …,“como consecuencia…, de la disponibilidad de los terrenos públicos que afecten el inicio de los trabajos o que produzcan inconveniente o demora en su ejecución o costos adicionales al desarrollo de la obra, el concesionario gozará de un período igual que el del impedimento en la extensión de los plazos específicos de la etapa de construcción y de la etapa de explotación de la concesión” y el Artículo 42, que habla de la suspensión temporal de la concesión…, “como consecuencia de la suspensión de la concesión, el concesionario gozará de un plazo igual al período de entorpecimiento o paralización…,”.

Está claro que la intención de la empresa K&K Shopping no es ampliar el plazo de concesión, sino que la Municipalidad reconozca y compense, el tiempo utilizado en construcciones ajenas al proyecto original de la concesionaria. Que sea considerada y valorada, atendiendo a la inversión con fines sociales que ha hecho la empresa, aportando a la ciudad un moderno sistema de desagüe pluvial y cloacal en la zona.

Cualquier modificación unilateral de las cláusulas por parte de la Municipalidad de Ciudad del Este, no será ajustada a lo que establece la ley 1.618 de concesiones de obras y servicios públicos, que señala en su Artículo 45 en lo referente a las controversias …,“se someterá necesariamente a un proceso de  conciliación toda controversia  o reclamo que se produzca con motivo de la interpretación, aplicación o ejecución del contrato de concesión…, procederá el arbitraje sólo para el caso de no llegarse a un acuerdo conciliatorio”. Es decir que, si la junta y/o intendencia municipal procediere unilateralmente a modificar, mutilar o anular algunas condiciones estaría exponiendo irresponsablemente a la municipalidad a demandas judiciales en los fueros correspondientes.

La Terminal de Ciudad del Este, a través de la empresa concesionaria Ita Paraná estableció la liberación de los horarios de salida de los ómnibus de mediana y larga distancia, según la Resolución del Consejo Directivo Nº 525 de la Dirección Nacional de Transporte (DINATRAN).

Dicha resolución establece el horario libre en sus respectivas lineas e itinerarios a todas las empresas permisionarias del transporte de pasajeros intermunicipales de corta, mediana y larga distancia, en todo el territorio nacional entre los días 16 de abril del 2019 hasta el 22 de abril del 2019 en atención a la Semana Santa y el gran movimiento de personas que implica.

El Gerente de Operaciones Gumercindo Torres, aclaro que es un poco raro, porque hay una merma en la cantidad de pasajeros con relación a los otros años.

Destacó que la prestación de un buen servicio de transporte, así como del cobro correcto de los pasajes, es mas bien un compromiso de las empresas de transporte y no de la concesionaria de la Terminal.

Remarcó que es importante que los pasajeros que se sientan afectados por un mal servicio o el cobro excesivo del pasaje, hagan sus denuncias pertinentes a la DINATRAN , que es el órgano de control del transporte nacional.

Desde que los concejales nombraron como Intendenta interina a Perla Rodríguez, su marido Elio Cabral, se ha instalado como el intendente de facto, que constituye un hecho punible, tipificado como usurpación de cargo, delito que se le cuestionaba a Javier Zacarias Irún.

Nuestras fuentes aseguran que Elio Cabral comanda la municipalidad desde su residencia, al igual que su antecesor el “primer damo” Ernesto Javier Zacarias Irún.

Desde la instalación del poder fáctico del condenado por corrupción Elio Cabral, se han multiplicado los famosos ”pegadores” (Jerga en CDE) de coimas y extorsiones. En esta lista están altos funcionarios y concejales municipales, quienes son los encargados de “pegar” y hacer llegar los ”negocios” a Elio Cabral y repartirse por las “ganancias”.

Una de las cabezas visibles de este esquema fundado por Zacarias Irún, y perfeccionado con sapiencia por el nunca bien ponderado “Tyvytá” Cabral, es el multifacético alto funcionario de absoluta confianza del clan ZI-Cabral, quien hoy en día se desempeña en dos cargos, el de secretario general, puesto que ya ostentaba en la administración de Sandra Macleod de Zacarias,  y el de director “interventor” de la dirección de recaudaciones municipales Carlos Avalos Flores. Con su conocimiento pormenorizado de la situación de varios comerciantes y empresarios, se constituye en pieza fundamental para la “recaudación municipal”.

Varios concejales municipales que no quieren quedar fuera del esquema ZI-Cabral, periódicamente se acercan al padrino apodado “Tyvytá”, para recibir la bendición y operativizar algunos que otros negocios “no sanctum” con la técnica de negociación conocida como el juego ganar-ganar, es decir, encontrar la fórmula de que todos los participantes puedan beneficiarse de uno u otro modo.

Varios comerciantes ya fueron victimas de estruendosas extorsiones por parte de este clan maléfico quienes tienen atemorizada a toda la ciudad, la mayoría de los “apretados” ceden al chantaje y pagan las coimas exigidas, salvo algunas excepciones, entre ellas, según nuestra fuente, se encuentra CASA CHINA cuyos dueños prefirieron cerrar sus puertas antes  que pagar una “sobredosis” de coima.

Los montos “solicitados”, van desde lo irrisorio hasta los más increíbles. Por ejemplo, los trabajadores del transporte de universitarios son exigidos a pagar coimas desde 300.000 Gs. para seguir trabajando. En el caso de los empresarios, dueños de shopping, galerías, proveedores, acreedores de la municipalidad, etc., la coima puede llegar fácilmente al medio millón de dólares para cada uno.