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Nacionales

Martinez Simón, nuevo miembro de la CSJ

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El Senado eligió con 33 votos, al Dr. Alberto Martínez Simón para ocupar el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia. Esta propuesta se deriva al Poder Ejecutivo, que dará su aprobación o no.

Entre los puntos cuestionados a Martínez Simón están el de tener, aparentemente, nexos con el ex presidente Horacio Cartes, cuestión que él negó, aclarando que no era abogado y tampoco se reunió con él.

Algunos de los puntos, cuestionados giran entorno al fallo a favor de Cristian Kriskovich, sobre su vida política y su vínculo con el expresidente Horacio Cartes.

El Dr. Martínez Simón explicó que en el caso Kriskovich no se inhibió de la causa porque no tenía «causal de inhibición» y tampoco se sintió presionado con el caso.

En relación a los nexos con Horacio Cartes, manifestó que entró a trabajar en un estudio jurídico ya en el año 1994, y que su foco de  que se dedicó siempre a atender a bancos y financieras.

En relación a su vida política, admitió que nunca se metió en dicha área. Refirió que su trayectoria se mantenía limpia porque no se vendió por un cargo de ministro.

Los otros ternados fueron Rubén Darío Romero y Emilio Camacho. El senador Paraguayo Cubas fue el único que se abstuvo de votar.

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Denuncian a español y expolicía por amenazar y extorsionar a diputado

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El diputado Manuel Trinidad, bajo patrocinio de abogado, denunció al español José Zamora Linares, alias «Asesino»» y al exsuboficial de Policía, Manuel Benítez, alias «Pato», actualmente recluido en la Agrupación Especializada en cumplimiento de una condena por haber violado a su hijastra de 10 años. La acción del legislador refiere que Zamora y Benítez planearon el asesinato de Antonio Valentín Caballero Godoy, socio de los mismos e inculpar a Trinidad de este hecho, según el escrito presentado por los asesores legales del parlamentario.

«El día de la fecha 12 de junio de 2019, por medio del programa Clari Arias, transmitida en la radio 970 Am, he tomado conocimiento de un audio en el que se le escucha al señor Manuel Benítez Ortiz manifestar que se le estaría haciendo viajar al periodista Antonio Valentín Caballero Ortiz, a los efectos de inculparme por dicha situación. Conforme a la jerga criminal, el término ‘VIAJAR’, se refiere al hecho de terminar con la vida de una persona», expresa el documento presentado ante el Ministerio Público por Trinidad.

De igual modo, señala que desde principio de este año, Zamora Linares, monto un esquema extorsivo mediante mensajes enviados a su esposa, la fiscala Natalia Montanía, a su hermano Luis Alberto Trinidad Colmán y a varios otros.

Así mismo, el parlamentario relata de qué manera era sujeto de presión y extorsión junto a su familia por parte de Zamora, Benítez y caballero Godoy.

«El señor Antonio Valetín Caballero Godoy, de profesión periodista, fue quien, juntamente con Zamora Linares y Benítez Ortiz, empezó a difundir calumnias en mi contra en radio emisoras del Alto Paraná y quien supuestamente atuaría en representación del ciudadano español en el Paraguay hasta hace unos días atrás, cuando por cuestiones financieras pelearon y se distanciaron. Esto se evidencia del propio contenido del audio divulgado, cuando el señor Benítez Ortiz que el español firmó un poder a nombre de Caballero Godoy y que este no estaba cumpliendo con las supuestas diligencias extorsivas en mi contra», refiere otra parte de la denuncia presentada por Trinidad.

Ante estos hechos, el legislador peticiona al Ministerio Público, que disponga la remisión de un oficio a la emisora 970 AM, programa del periodista Clari Arias, específicamente en lo referente a la divulgación del audio en cuestión.

Igualmente solicita las declaraciones de los señores José Zamora Linares, Manuel Benítez Ortiz y Antonio Valentín Godoy al tiempo de recabar los antecedentes d elos citados, según el documento presentado por Trinidad.

Ante estos hechos, el denunciante pidió a la fiscalía que los mismos sean investigados por los supuestos hechos punibles de amenaza estipulados en el artículo 135 del Código Penal, asociación criminal, establecido en el artículo 239 del mismo código y otros hechos punibles que demostrarían los antecedentes perpetrados de manera voluntaria, concertada y maliciosamente, según expresa el documento presentado por el legislador.

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Nacionales

Informe Meteorológico 14-06-19

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La jornada de hoy se presenta cálida en horas el mañana y la noche, tornándose mas calurosa en horas de la tarde en todo el territorio nacional. El resto del fin de semana se mantiene el ambiente entre cálido a caluroso. 
Algunas lluvias dispersas se podrían presentar en el extremo oeste de Boquerón y extremo sur de Ñeembucú el día domingo, en el resto del país se mantiene baja la probabilidad de precipitaciones.

Viernes
Cálido, cielo mayormente nublado, vientos moderados del noreste.
Max: 30℃

Sábado
Cálido, cielo mayormente nublado, vientos moderados del noreste.
Min: 20℃ – Max: 30℃

Domingo
Cálido, cielo mayormente nublado, vientos moderados del noreste, luego variables.
Min: 20℃ – Max: 29℃

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Nacionales

Junta Departamental de Caazapá enviará Informe Final de Auditoría a la Fiscalía de Delitos Económicos

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El día de ayer (Jueves, 13 de Junio) se realizó la Sesión de la Junta Departamental de Caazapá, donde se presentó el Informe Final que llevó a la Revisión de la Rendición de Cuentas de la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal 2014, 2015, 2016, 2017 y ejercicio fiscal 2018 (hasta el 15 de agosto de 2018) de la gobernación de Caazapá.

Los auditores contratados para tal efecto, encontraron inconsistencias, diferencias e indicios de presuntas irregularidades en cuanto a los contratos por lo que ponen a consideración de la Administración Departamental remitir los antecedentes del caso en cuestión al Ministerio Público.

“La Junta no tiene otro camino que remitir el informe final a la Fiscalía de Delitos económicos, que tiene la carpeta habilitada y que se está investigando, para que pueda verificar en su carácter de órgano Jurisdiccional que los mismos auditores están recomendando, punto por punto, diferencia por diferencia” mencionó  el Concejal Departamental Benjamín Adaro.

Benjamín Adaro, Concejal Departamental

Sin embargo, la bancada cartista mocionó que se derive a la Comisión de la junta.

Habiendo dos mociones, se llevó a votación prevaleciendo la Moción del concejal  Benjamín Adaro de remitir a la Fiscalía de Delitos Económicos el Informe Final que llevó a la Revisión de la Rendición de Cuentas de la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal 2014, 2015, 2016, 2017 y ejercicio fiscal 2018 (hasta el 15 de agosto de 2018).

Según los auditores, en este periodo de tiempo auditado 2014 hasta el 15 de agosto del 2018,  se “observan diferencias de menos en documentos de respaldos” por valor de G. 169.144.131.619 de guaraníes entre la Ejecución Presupuestaria Consolidada por Objeto del Gasto de la Gobernación de Caazapá y la cuantificación de las Rendiciones de Cuentas -Royalties y Fonacide- remitidos en medios magnéticos por la Contraloría General de la República (CGR).

Por otro lado, al auditar las cuentas bancarias a nombre de la Gobernación, “se observan diferencias por la suma de G. 3.897.350.106” entre la Ejecución Presupuestaria Consolidada por Objeto del Gasto de la Gobernación de Caazapá y la cuantificación de los cheques emitidos según extractos bancarios.

En el caso de las Becas otorgadas “la Administración Departamental omitió el registro de G. 1.993.634.128 en la Contabilidad Institucional” al cierre de los Ejercicios Fiscales 2015, 2016, 2017 y 2018 (hasta el 15 de agosto), incumpliendo la Ley Nº 1535/99 “De Administración Financiera del Estado”.

Con relación al Inventario de Inventario de Bienes de Uso, se ha constatado diferencias significativas en el Balance General al 31/12/2017 específicamente entre el valor revaluado de los bienes y el valor de las depreciaciones acumuladas, por lo que “el resultado que arroja el Balance General no es razonable”.

“Se ha detectado un faltante de Bienes de Uso por un valor de G. 242.946.573” dice el informe de los auditores, y remarcan que “se ha constatado que NO todos los BIENES DE USO se encuentra en su destino”.

En el caso del uso de ROYALTIES, el informe menciona que “El Gobierno Departamental de Caazapá realizó Obligaciones por la suma de G. 32.081.669.831”, que las Rendiciones de Cuentas -asciende a la suma de G. 18.994.907.439 remitidos por medios magnéticos por la Contraloría General de la República (CGR),  lo que da una diferencia de G. 13.086.762.392.

Con relación al uso de recursos provenientes de FONACIDE, se realizaron Obligaciones por la suma de G. 16.020.670.165 y las Rendiciones de Cuentas que fueran presentadas al CGR por la Gobernación de Caazapá  ascienden a la suma de G. 11.955.172.810, dando una diferencia de G. 4.065.497.355.-

En cuanto a las obras públicas realizadas por el gobierno departamental de Caazapá, con fondos provenientes de los ROYALTIES y FONACIDE presentan innúmera irregularidades en la casi totalidad de los contratos, siendo las más constantes:

  1. Se observa un tiempo mayor al previsto en el contrato, no teniendo a la vista ninguna justificativa previsto en el contrato para demorar la entrega de la obra.
  2. Las Garantías de fiel cumplimiento del Contrato, Seguro contra daño a terceros y Seguro contra accidentes de Trabajo, no se visualiza en los documentos de Rendición de Cuentas.
  3. La Obra no se ha terminado dentro del Plazo de entrega de la obra, previsto en el Contrato. No se ha tenido a la vista ninguna justificación del atraso en la entrega de la obra.

Por tanto, en casi todos los casos, la Gobernación trasgredió disposiciones legales al no exigir la presentación de las pólizas de seguro requerido en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) y Contrato respectivo, no aplicó multas previstas en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) y Contrato respectivo, correspondiente por días demora en la terminación de la obra y En algunos casos los Certificados de Obras emitidos se encuentran sin fecha.  

Tan sólo en la “aplicación de las multas por demoras en la entrega de las obras”, la gobernación de Caazapá pudo haber retenido la suma de  G. 3.333.677.174.

Los auditores recomiendan a la Administración Departamental  “garantizar el fiel cumplimiento del contrato y ceñirse a las condiciones contractuales establecidas en los Contratos firmados” además de “contar con una fiscalización confiable y veraz para el control de las obras contratadas”.  

“En este caso, las diferencias son dudosas. En todos los puntos recomiendan al ejecutivo y a la Junta remitir a los órganos jurisdiccionales. Y todos sabemos que los Órganos Jurisdiccionales son los Juzgados y la Fiscalía que tienen competencia de entender en estos casos de dudas de una diferencia abismal de suma de dinero de la gente del pueblo del departamento de Caazapá” argumentaba el Concejal  Benjamín Adaro, proponente de la moción de remitir a la Fiscalía de delitos económicos el informe Final.

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