Productores adheridos al proyecto piloto de buenas prácticas agropecuarias impulsado en la Reserva de Biósfera Itaipu (RBI), recibieron la certificación Certified Responsible Soy (CRS), de parte de la organización internacional Cefetra. Se trata de un estándar privado que busca fomentar la producción responsable de soja y garantizar una cadena de suministro sostenible.

Vale remarcar que la RBI es un territorio que comprende 16 municipios en los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú; en el cual, además de desarrollar trabajos para preservar la biodiversidad, se capacita a los productores para que puedan generar ingresos económicos mediante el cultivo responsable y sostenible.

Estar certificado con el estándar CRS significa tener un sistema de producción basado en los principios y criterios de sostenibilidad reconocidos a nivel internacional.

Al respecto, este estándar está avalado por la Federación Europea de Fabricantes de Pienso (FEFAC), explicó Sandra Villalba, gerente de Certificaciones de la empresa Control Unión Certificaciones, la cual se encarga de gestionar el proceso.

Añadió que esta validación busca estimular a más productores a adoptar prácticas sostenibles y establecer una garantía de cero deforestación. Con el programa CRS de Cefetra, se quiere lograr una amplia implantación de la certificación de sostenibilidad en el sector de la soja, apuntó.

Entre los principales beneficios que otorga este reconocimiento mundial, se destaca que el costo de la auditoría lo asumirá Cefetra y no implica un costo para el trabajador.

Asimismo, podrán incrementar el nivel de confianza por parte de clientes, colaboradores y terceras partes interesadas; a más de que lograrán ventajas competitivas y económicas frente a otras organizaciones no certificadas.

Igualmente, se garantiza la mejora continua de las actividades y de la productividad; se obtiene reducción de costos; prestigio y publicidad frente a terceros; mejora la responsabilidad, compromiso y motivación del personal; así como disminución de riesgos; y se logra el reconocimiento externo de la capacidad de la organización productiva (bonificación dólares por tonelada).

Buen desempeño en la RBI

Walter Groehn, del Comité Gestor de la RBI, detalló que el proyecto piloto de Buenas Prácticas Agropecuarias tiene como objetivo difundir y facilitar la aplicación de las mismas en el territorio de la RBI, por medio del acompañamiento de un equipo de profesionales del área.

Todo ello para realizar un diagnóstico de desempeño productivo, al igual que la elaboración de recomendaciones técnicas y el seguimiento correspondiente. La intención es hacer que la producción agropecuaria de la RBI sea un modelo en sostenibilidad.

Gracias a los diagnósticos realizados y las recomendaciones que pudieron ser aplicadas, el desempeño de los productores ha mejorado, lo que les permitió alcanzar la certificación CRS y los consecuentes beneficios, apuntó.

La RBI posee una superficie de 1.047.438 hectáreas y en ella viven alrededor de 250.000 habitantes. Los objetivos y las acciones prioritarias implementados en este territorio son definidos en consenso por la Dirección de la RBI, un comité gestor y un comité multisectorial (incluye a representantes de organismos y la población local).

La reserva debe cumplir tres funciones complementarias: conservación, desarrollo y apoyo logístico dentro de su territorio. La Superintendencia de Gestión Ambiental de Itaipu lleva adelante la coordinación general y las técnicas de las acciones implementadas en la RBI.

En enero del presente ejercicio fiscal, el Ministerio de Hacienda transfirió un total de G. 108.313 millones a las municipalidades y gobernaciones, de acuerdo con datos de la Dirección General de Departamentos y Municipios (DGDM).

Las municipalidades recibieron recursos a diciembre por G. 44.465 millones, en tanto que las gobernaciones por G. 63.848 millones. Los montos transferidos incluyen los Royalties y el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), que en el caso de los municipios fueron por G. 10.725 millones del Fonacide y G. 31.135 millones de Royalties; en tanto que para las gobernaciones fueron G. 11.872 millones de Royalties y G. 6.007 millones del Fonacide.

Además, en el mes de enero las Gobernaciones recibieron transferencias provenientes de los impuestos, es decir, de Fuente 10 Recursos del Tesoro, por un total de G. 45.970 millones, informó la Dirección dependiente de la Subsecretaría de Estado de Administración Financiera (Sseaf).

Las transferencias de recursos financieros a los gobiernos subnacionales están sujetas al cumplimiento estricto de los requerimientos legales establecidos en la Ley N° 7050/2023 «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el Ejercicio Fiscal 2023”, y su Decreto Reglamentario N° 8759/2023.

El incumplimiento de los requisitos legales obliga al Tesoro Nacional a suspender las transferencias de los recursos financieros, hasta tanto se regularice la presentación de la rendición de cuentas e informes, de acuerdo con los plazos y condiciones establecidas en las normativas vigentes.

Para mayores informes contactar con la Dirección General de Departamentos y Municipios (UDM) del Ministerio de Hacienda, ubicada sobre Presidente Franco N° 173, Edificio Ybaga–4° Piso a los teléfonos (021) 414-6760, 6754, 6747 y (021) 440-010/17, interno 232, o al correo electrónico: udm@hacienda.gov.py.