Nivaldo Ouriques maniobra con fiscal recusado para intenta adueñarse de 773.500 kg de soja
El supuesto empresario Nivaldo Ourikes Kestring se ha convertido en un emblema de cómo el poder económico puede doblegar a la justicia y minar la seguridad jurídica en el Alto Paraná. A pesar de una trayectoria cargada de denuncias, condenas y procesos penales, Kestring logró nuevamente operar en su propio beneficio, impulsando una controvertida imputación contra representantes de la firma Agrofort S.A., en un evidente intento de apropiarse de la producción de soja y maíz en tierras que ya no le pertenecen.
Mediante un contrato de arrendamiento vencido, Kestring consiguió que el fiscal Adolfo Santander —quien ya había sido recusado por la defensa de Doacir Bianchet, titular de Agrofort S.A.— imputara por estafa a los legítimos propietarios de tierras ubicadas en Itakyry. Todo esto ocurrió sin que el fiscal diera curso formal a la denuncia, ni brindara a la parte afectada la oportunidad de presentar su versión. Agrofort S.A. posee títulos de propiedad válidos, contratos vigentes y toda la documentación en regla.
Según la denuncia, Kestring intentó apropiarse de aproximadamente 773.500 kilos de soja y 1.657.500 kilos de maíz cultivados por Agrofort S.A. en tierras adquiridas legalmente a la firma Inversiones Agrícolas S.A. Para justificar su reclamo, presentó un contrato ya vencido, firmado años atrás con un exarrendatario, y utilizó ese documento para denunciar por estafa al nuevo propietario, con el aval del fiscal Santander, cuya falta de imparcialidad fue cuestionada desde un principio.
La maniobra fue calificada como una burda manipulación del sistema judicial por parte de un individuo que arrastra múltiples causas abiertas por hechos similares. Entre los procesos pendientes figuran acusaciones por producción de documentos falsos, invasión de inmuebles ajenos, asociación criminal y delitos ambientales. Kestring incluso ya cuenta con una condena de dos años y seis meses de prisión, además de otra sentencia con suspensión condicional.
El esquema delictivo atribuido a Kestring muestra características persistentes y organizadas. Utiliza empresas como ANR S.A. y Orión Agropecuaria S.A., donde figuran como accionistas y representantes legales sus familiares cercanos, incluyendo su esposa Gloria Verónica Vera Benítez (también imputada) y otros parientes como Ana Pabla Rolin Ourikes y Willian Rolin Ourikes. Todos ellos enfrentan graves denuncias por delitos económicos.
Productores e inversionistas han advertido que este tipo de prácticas, toleradas por el Ministerio Público, representan una seria amenaza al Estado de Derecho y a la previsibilidad legal en la región. La utilización del sistema judicial con fines particulares no solo perjudica a las víctimas directas, sino que socava la confianza en el marco legal que rige la actividad económica.
Mientras persiste el silencio institucional, el caso de Nivaldo Ourikes Kestring se consolida como un ejemplo alarmante del desequilibrio que ocurre cuando el dinero, la influencia y la impunidad se conjugan para violar los principios fundamentales de justicia.