El reciente caso de presunto feminicidio que tuvo como víctima la tarde de ayer a una adolescente de 16 años se suma a los ocurridos esta semana, que está siendo particularmente marcada por la violencia contra las mujeres. Este nuevo hecho que le costó la vida a una menor se suma al horrendo caso de una niña de 7 años muerta presuntamente debido a lesiones producidas por abuso sexual y el asesinato de una joven en el este del país, entre otros hechos.

El asesinato de una adolescente de 16 años a manos del que se declaraba su “pareja”, el vicesargento 1º de Infantería Héctor Aguilera, miembro del Regimiento Escolta Presidencial, ocurrido ayer en Costa Yby Cuá, Capiatá, es el último episodio grave de varios que se registraron esta semana y que están directamente vinculados a la violencia contra la mujer.

La adolescente oriunda de Caazapá -que vino a estudiar y trabajar a la zona metropolitana- fue asesinada a quemarropa y sin muchas chances de defenderse del militar, que le disparó estando dentro de su vehículo. El militar se autoinfligió una herida pero no murió, por lo que -en caso de recuperarse- deberá enfrentar a la Justicia.

Otro caso que involucra a un uniformado es el que tiene como presunto agresor a un suboficial 1º de la Agrupación de Seguridad Urbana y Turística de la Policía (cuya identidad se omite para resguardar los datos de la víctima, que es su pareja) que fue grabado por imágenes de circuito cerrado arrastrando del cabello a la mujer, en una brutal agresión ocurrida la noche del martes pasado en el barrio Isla Bogado de Luque, donde residen ambos.

El agresor aún no se presenta ante la Justicia, pero ya fue imputado por violencia familiar y existe una orden de restricción para acercase a la víctima, que además recibe asistencia psicológica. Familiares de la mujer denunciaron además que no es el primer episodio de violencia perpetrado por el uniformado. Este caso que involucra a un policía inevitablemente hacer recordar la masacre protagonizada por un uniformado en Capiatá, donde en julio pasado asesinó a sus hijos y otros familiares de su expareja.

Otra joven vida que fue segada esta semana por un presunto feminicida es la de Lizandra Chaves González de 24 años, que se encontraba desaparecida desde el 4 de este mes y que fue hallada muerta con el cráneo destrozado y su cuerpo arrojado en el cauce del arroyo Quemado, en el distrito de San Cristóbal.

La Fiscalía en este caso también apunta a un presunto feminicidio y está tras las pistas de Nelson Duré Maciel, al cual se vio por última vez recogiendo de su vivienda a la joven en su automóvil y se sospecha que sería el autor del crimen.

Finalmente, uno de los hechos más deleznables tiene que ver con la muerte de una niña de apenas 7 años, que no resistió pese a que médicos del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero intentaron auxiliarla, luego de que su madre la llevara ya casi al borde de la muerte y asegurando que supuestamente sufrió lesiones al “caerse”.

Los médicos tuvieron el suficiente tino de sospechar y realizaron un análisis a la menor, constatando rastros de presunto abuso sexual, lo cual no pudo evitar el fatal desenlace. Lastimosamente, dichas sospechas de un delito tan atroz como el del abuso a una niña de solo 7 años se terminaron reconfirmando en la autopsia ordenada por el Ministerio Público, donde no solo se constató que la menor tenía lesiones nuevas y antiguas de una violación sistemática, sino también que dichas heridas internas fueron las que le causaron la muerte.

En este caso, ayer, el Ministerio Público amplió la imputación contra ambos padres, que inicialmente fue por violación del deber del cuidado y abandono, pero ahora ya enfrentan otra causa por violación de menores, sobre todo con las sospechas apuntando hacia el padre.

A dónde acudir

En el caso de cualquier tipo de violencia contra la mujer, la manera más inmediata suelen ser las vías telefónicas y, en este sentido, una de las más recomendadas es el servicio “SOS Mujer”, llamando al número 137, para recibir ayuda por parte del Ministerio de la Mujer. Igualmente, el sistema 911 de la Policía Nacional debe brindar ayuda en casos sobre todo de urgencia, tal como ocurrió en el caso de Luque, donde, pese a ser un uniformado el presunto agresor, unidades de la Policía acudieron al auxilio.

En el caso de la que la persona agredida pueda acudir personalmente a solicitar ayuda, las comisarías, sedes fiscales y juzgados de Paz están obligados a tomar intervención ante la denuncia.