El ministro de Gobierno (Interior) de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, calificó la detención de 14 personas esta madrugada como un operativo para desmontar “una organización criminal enquistada en la Justicia”.

En una conferencia de prensa la mañana de este jueves, Oviedo afirmó que “el Ministerio Público, encabezado por el fiscal Roger Mariaca, se volvió una organización criminal destinada a proteger, incentivar y proteger el narcoterrorismo en el país”.

Entre los 14 detenidos figuran autoridades de nivel jerárquico del Ministerio Público: el fiscal general Mariaca, que asumió funciones en 2024 con más de 2/3 de apoyo en la Asamblea Legislativa, el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos y el fiscal superior, Martín Irusta Flores; ambos designados por Mariaca. También se mencionó a un jefe policial, el mayor Rubén Aparicio Villarroel.

Los delitos por los que se los acusa son organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico ilícito de sustancias controladas.

El ministro no identificó a los demás aprehendidos, pero señaló que son sospechosas de autoría o complicidad de la supuesta red que favorecía al crimen organizado. Entre ellas figuran cuatro personas que habrían estado sacando “ingentes cantidades de dinero” en una ambulancia de la casa del fiscal Mariaca tras su aprehensión.

Roger Mariaca, fiscal general de Bolivia y Alberto Zeballos, fiscal departamental de Santa Cruz, Bolivia; ambos detenidos la madrugada de este jueves por acusaciones vinculadas al narcotráfico.

Poco después del operativo, circuló un video en el que se escucha al narcotraficante Sebastián Marset decir que el fiscal general era “su amigo”. Según la prensa local, hay acusaciones de que el capo uruguayo habría pagado a altos funcionarios bolivianos para radicar libremente en Bolivia.

Según el ministro Oviedo, en el año 2023 se detuvo por primera vez a Marset y se lo liberó horas después. “Estuvo detenido muy poco tiempo, lo dejaron salir y le devolvieron sus bienes incautados, ese es el tipo de modelo de narcoterrorismo que se apoderó del Ministerio Público en Bolivia”, afirmó.

Esta versión da un giro en lo que hasta entonces se había informado oficialmente sobre ese operativo cuando se indicó que Marset escapó antes de que llegaran los agentes policiales.

El ministro evitó responder algunas preguntas de los periodistas locales. No informó quién dio la orden de aprehensión para capturar al fiscal general ni si los detenidos serán expulsados a Estados Unidos, en el marco del acuerdo de cooperación de seguridad del Escudo de las Américas.

El Gobierno descartó la participación de la Administración para el Control de Drogas (DEA) estadounidense en el operativo y señaló que los acusados fueron llevados a la ciudad de La Paz, donde van a pasar “a la justicia ordinaria”. Sin embargo, la situación jurídica de Mariaca genera incertidumbre porque por su cargo tiene derecho a un juicio de responsabilidades.

Finalmente, Oviedo descartó la aprehensión del exministro de Gobierno de Luis Arce, Eduardo Del Castillo, como se informó extraoficialmente algunos medios bolivianos pero afirmó que “se lo está buscando” y que espera tener “algún resultado en las próximas horas”.

Las aprehensiones se producen dos días después de que el Gobierno de Donald Trump publicara un listado de funcionarios y exfuncionarios bolivianos a quien les revocó la visa por supuestos vínculos con el narcotráfico. Entre ellas figuraban tres de los detenidos en la madrugada: Mariaca, Zeballos e Irusta.

Washington sostuvo que el Fiscal General habría solicitado y aceptado sobornos para facilitar actividades de narcotraficantes y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia. Mariaca rechazó las acusaciones y las calificó como una forma de presión sobre su gestión, citó especialmente el caso que sigue contra el exasesor principal de Rodrigo Paz, Fernando Cerimedo.

Luego de la captura de Mariaca, la Fiscalía emitió un comunicado en el que se refiere a su “ausencia definitiva” y expresa su respaldo a Luis Montaño, quien se presentó como el nuevo fiscal general interino, citando leyes vigentes.