Nacionales
Comisión de Derechos Humanos analizará pedido de Quintana
En la plenaria de la Cámara de Diputados de esta tarde se dio lectura de la nota remitida por el diputado Ulises Quintana, quien solicita que la corporación pida informes a la Fiscalía General del Estado sobre su caso. Lo legisladores resolvieron enviar a la Comisión de Derechos Humanos del cuerpo colegiado la misiva, a los efectos de darle el tratamiento correspondiente a lo que peticiona el legislador, recluido en el penal militar de Viñas Cue.
El legislador colorado paranaense está vinculado al caso del supuesto el narcotraficante Reinaldo Javier Cabañas, alias “Cucho”, quien está catalogado como el presunto líder de una organización dedicada a la comercialización de drogas y al lavado de dinero en la zona fronteriza en Alto Paraná.
“Cucho” había caído preso en el marco del operativo Berilo en Ciudad del Este, oportunidad que se había detectado que el diputado Quintana tenía en su poder una camioneta que figuraba a nombre del supuesto jefe narco, que posteriormente fue entregado a la fiscalía.
A raíz de ello, Quintana fue imputado y posteriormente se ordenó su prisión preventiva. Pese a que sus asesores legales solicitaron al Ministerio Público que realice varias diligencias para aclarar su situación en el caso, hasta el momento, según el diputado Quintana, no hizo nada al respecto.
En tal sentido, el legislador le pide a sus colegas que pidan informes, a los efectos de dar celeridad a los trámites, según expresa parte de la nota enviada por Quintana a sus pares de la Cámara Baja.
Nacionales
Senad destruye 24 toneladas de droga dentro del Parque Nacional Caazapá
Agentes Especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) lograron la eliminación de cultivos ilícitos de marihuana dentro del área protegida del Parque Nacional Caazapá. El operativo alcanzó la anulación de toda una superficie comprendida por 8 hectáreas.
Acorde a las investigaciones desarrolladas, los productos ilícitos procesados en Caazapá tienen a la Argentina como su principal mercado y sobre dichas informaciones antidrogas llegaron hasta el Parque Nacional donde fueron detectadas tras hectáreas de marihuana.
Los intervinientes trabajaron hasta la erradicación total de la zona, lo cual se tradujo en la destrucción final de 24 mil kilos de la droga.
Está irrupción representa un daño económico de alrededor de 720.000 dólares a los traficantes.
Este operativo tuvo el acompañamiento del fiscal interino Carlos Ramírez, quien a su vez se encontraba con su equipo del Ministerio Público
Nacionales
Nueva ley de la función pública rige para los funcionarios de los tres poderes del Estado, aclara Procurador
La nueva «Ley de la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil», promulgada ayer por el presidente Santiago Peña, aplica a todas las instituciones públicas, incluido el Congreso y el Poder Judicial, aclaró este viernes el procurador general de la República, Marco Aurelio González.
En conversación con los medios del Estado, el procurador realizó esta aclaración mencionando que algunas publicaciones periodísticas siguen señalando que la nueva ley supuestamente excluye de funcionarios de los poderes Legislativo y Judicial.
«No es cierto que no se aplica a todas las instituciones, se aplica a todas las instituciones», remarcó el procurador.
Señaló que en los únicos casos en los que no se aplica es en las carreras que tienen su regulación propia establecida por ley, como la docencia, la médica, la enfermería, la policía o la militar. Incluso en esos casos, cuando algo no está previsto en sus reglas propias, «se van a regir por lo que determinan esta ley», dijo.
Otro ejemplo dado tiene que ver con el Poder Judicial. «Por ejemplo, para la designación de magistrados el procedimiento está previsto en la Constitución Nacional y la ley del Consejo de la Magistratura, pero a los funcionarios del Poder Judicial sí les va a regir esta ley y la Corte va a tener que aplicarle a sus funcionarios», indicó.
En el caso del Congreso, «al diputado o senador no les rige porque su proceso de designación está en la Constitución, pero a los funcionarios del Congreso sí les va a regir esta ley», dijo. Así también «a los intendentes no les rige pero a los funcionarios de las municipalidades sí», añadió.
El procurador destacó que el principal beneficiado por esta ley es el funcionario, que ahora tiene una carrera que antes no tenía, y «tiene la posibilidad de acceder a cargos directivos, algo que estaba reservado a personas cercanas al poder».
«Ahora el mérito se va a reconocer, ahora la capacitación se va a reconocer. No hay ningún solo perjuicio, desmejora o ninguna sola norma que implique regresión en los derechos de los funcionarios respecto de la legislación actual, solamente se amplían y benefician los derechos que van a tener los funcionarios públicos», aseveró.
González añadió que en la ley se establece un régimen de progresión horizontal y vertical de la carrera, algo que antes no existía más que en algunas instituciones como el Banco Central.
«Lo que pasaba hasta hoy en día es que llega un ministro y cambia toda la plana directiva, con lo que se pierde la memoria institucional. Con la actual ley se establecen solamente cuatro cargos de confianza: secretario general, jefe de gabinete, director jurídico y director general de administración y finanzas, el resto va a tener que ser funcionario de la institución, algo que ya ocurre en el BCP», indicó.
Aspectos de la nueva normativa:
- Se premia la meritocracia para profesionalizar la función pública, mediante concursos y evaluaciones.
- Se reconoce la vigencia de las carreras especiales como la carrera docente, medica, enfermería, entre otros.
- Se otorga un régimen y protección legal a los contratados, siempre y cuando estos ingresen por concurso de méritos para servir al ciudadano.
- Dispone además un ascenso vertical y horizontal de los funcionarios públicos que acrediten los méritos exigidos de manera a premiar a quienes estén mejor preparados para servir.
- Se crea un régimen de directivos públicos que definen estándares para prestar un servicio público de calidad al país y al ciudadano.
Nacionales
Cámara propone una transición controlada hacia un mercado legalizado del «cannabis para uso adulto»
La Cámara de Cannabis Industrial considera que la infraestructura ya existente en Paraguay y el potencial de creación de empleos en un sector emergente, hace necesario el debate sobre la legalización controlada del «cannabis para uso adulto», que es la forma de consumo personal, recreativo, responsable e informado, exclusivamente por personas mayores de edad.
Rescatando las expresiones del ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, quien en una reciente entrevista afirmó que el cannabis es un producto demandado mundialmente, con un valor que podría convertirlo «en uno de los cinco principales productos de exportación de Paraguay”, la Cámara Paraguaya del Cannabis destacó que Paraguay ya cuenta con una estructura sólida en el sector del cannabis industrial, que podría ser aprovechada para implementar la legalización del cannabis recreativo.
La referida infraestructura incluye sistemas de producción, control y distribución que han permitido la comercialización de productos terminados tanto en el mercado local como en mercados internacionales altamente competitivos.
En ese sentido, la Cámara plantea una transición hacia un mercado legalizado que sea eficiente y cumpla con los estándares de calidad y fiscalización necesarios.
La comercialización estaría estrictamente limitada a mayores de edad y supervisada por el Estado, lo que requiere un esfuerzo considerable para garantizar el cumplimiento de las normativas.
«Esta iniciativa no solo podría diversificar la economía del país, sino también colocarlo en el mapa internacional como un referente en la industria del cannabis», afirma Marcelo Demp, presidente de la Cámara de Cannabis Industrial del Paraguay.
El modelo propuesto contempla un impuesto del 18% sobre los productos de cannabis destinados al uso adulto, que se comercializarían exclusivamente a través de dispensarios autorizados y bajo estricta supervisión estatal.
Además, añade Demp, al regularizar el mercado, se podría debilitar una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado, contribuyendo a la seguridad nacional.
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