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El diputado Ulises Quintana recurre a sus colegas para urgir celeridad de su caso

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El diputado de Colorado Añetete por el Alto Paraná, Ulises Quintana, recurrió esta mañana, nota mediante, al presidente de la Cámara Baja, Miguel Cuevas, a fin de solicitarle que el cuerpo colegiado pida informes a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñonez, respecto a los pedidos hechos por la defensa técnica, que, hasta el momento, no tuvo respuestas, según refiere la misiva entregada hoy a la Cámara de Diputados por sus asesores legales.

La fiscal Lorena Ledesma había imputado al diputado por el Partido Colorado, Ulises Quintana, por los hechos punibles de tráfico en calidad de cómplice, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y tráfico de influencia, en una supuesta implicancia con el presunto capo narco, Reinaldo Javier Cabaña Santacruz, alias “Cucho”.

Posteriormente, el juez Rubén Ayala Brun decretó su prisión preventiva en el penal militar de Viñas Cue, en Asunción.

Ante estos hechos, Quinta envió una extensa y atenta nota a sus pares de la Cámara Baja, a fin de exponer su situación ante el plenario de la Cámara baja.

Entre otras cosas, la nota refiere “a fin de denunciar las graves violaciones de mis derechos procesales perpetrados por el Ministerio Público”, que fue detallando posteriormente por el parlamentario.

“Con ese propósito, el lunes 24 de setiembre de 2018, mi defensa técnica presentó un escrito ante el Ministerio Público solicitando la realización de algunas diligencias básicas, como ser: pedidos de informes a la Dirección General del Registro Público, Registro del Automotor, Banco Central del Paraguay, Contraloría General de la República, Secretaría de la Función Pública, SEPRELAD y SENAD, como así también declaración testifical de los agentes fiscales antidrogas de Alto Paraná, ELVIO AQUILERA y MANUEL ROJAS, y del Director de Inteligencia de la SENAD, JUAN MANUEL JARA, conforme se acredita con la copia simple del escrito que acompaño”, expresa la nota dirigida al presidente de la Cámara de Diputados.

Tras una larga exposición, el legislador finalmente pidió auxilio a sus colegas, en el sentido que los mismos pidan informes respecto a su caso, de tal manera aclare su situación y de esa manera obtener la pena sustitutiva a la prisión.

“Por lo brevemente expuesto, le solicito a la Honorable Cámara de Diputados se sirva pedir informe a la Fiscalía General del Estado sobre el estado de la investigación fiscal con relación a mi persona, las diligencias realizadas desde la imputación presentada en mi contra hasta la fecha y la razón por la cual no se da curso al pedido de diligencias presentado por mi defensa; como así también exhortar a la Fiscalía General del Estado que garantice la celeridad y objetividad del Ministerio Público en la investigación de los hechos en la causa que se me sigue”, subraya la nota presentada esta mañana ante la Cámara de Diputados.

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Gobierno aprueba llamados a licitación para ampliar programa Hambre Cero al 100% de las escuelas públicas

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El Gobierno del Paraguay, en la reunión del Consejo Nacional de Alimentación Escolar de este miércoles, aprobó los llamados a licitación que serán lanzados y adjudicados este año, para extender el programa «Hambre cero» al 100% de las escuelas públicas desde el inicio del próximo año lectivo.

«La idea es adjudicar esto antes de fin de año para que a fines de febrero e inicios de marzo el programa llegue al 100% de los alumnos de escuelas públicas hasta el noveno grado», dijo el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas.

Los llamados a licitación abarcarán a un total de 173 distritos de 12 gobernaciones, los que se incorporarán al programa junto con los 90 distritos que hoy ya cuentan con el programa en ejecución.

«Desde febrero se llegará a 921.295 alumnos que van a recibir desayuno, almuerzo y merienda escolar. Para ello, el Estado desembolsará anualmente 330 millones de dólares en promedio hasta julio de 2027», detalló el ministro.

En la reunión del Conae de este miércoles, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) presentó un sistema integrado de alimentación escolar desarrollado para brindar un absoluto control del programa en todo el país, desde el llamado a licitación, los menús y los procesos para el pago, lo que brinda una garantía para la transparencia y el control, destacó Rojas.

Finalmente, la vocera de Gobierno, Paula Carro, señaló que el presidente Santiago Peña tiene como máxima prioridad la reducción de la pobreza, y en ese sentido el programa Hambre Cero tiene una importancia central.

«El objetivo es que al finalizar su gobierno se haya acabado con la pobreza en Paraguay», afirmó.

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Itaipu inyectó USD 419 millones al Estado en nueve meses por Anexo C

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En el marco del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Anexo C del Tratado, Itaipu Binacional transfirió 419 millones de dólares al Estado paraguayo, de enero a septiembre de 2024, en concepto de royalties, compensación por cesión de energía y pagos a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

De acuerdo con el informe de la Dirección Financiera de Itaipu, al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) fueron remesados USD 201 millones por royalties y USD 171 millones en carácter de cesión de energía.

A su vez, la ANDE recibió USD 47 millones por utilidades y resarcimientos de las cargas de administración y supervisión, según el reporte de la Binacional.

En lo que refiere solo a los desembolsos efectuados en el noveno mes del corriente año, los royalties totalizaron USD 21 millones, mientras que USD 19 millones fueron inyectados por cesión de energía.

A su vez, la ANDE recibió USD 1,6 millones; sumando así unos USD 42 millones los desembolsos de la Binacional en septiembre.

Una parte de los royalties es destinada al financiamiento de los gastos del Presupuesto General de la Nación (PGN), mientras que otra importante porción el Tesoro Nacional la transfiere a los gobiernos departamentales y municipales.

En el caso específico de la compensación por cesión de energía, los recursos se incorporan al Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae) y un porcentaje también es distribuido a municipios y gobernaciones; según establecen las legislaciones nacionales.

Por otro lado, los pagos de Itaipu a la ANDE, en tiempo y forma, le permiten a la empresa pública tener fondos garantizados y previsibles para así cumplir sus planes de inversión, con el fin de proveer un servicio de electricidad de calidad en todo el territorio nacional.

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En comisarías de Guairá y Caazapá ya están las nuevas patrulleras destinadas a reforzar seguridad ciudadana

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En las comisarías de Guairá y Caazapá llegaron ayer martes las 20 patrulleras asignadas en estos dos departamentos por el Gobierno del Paraguay, del lote de 250 vehículos equipados que fueron adquiridos para reforzar la seguridad ciudadana.

En un primer acto, fueron entregadas 10 nuevas patrulleras para las comisarías del departamento de Guairá.

La entrega tuvo lugar en la gobernación departamental, con presencia del ministro del Interior, Enrique Riera, el gobernador César Sosa, el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, además de intendentes y otras autoridades locales.

En horas de la tarde, otras 10 patrulleras fueron entregadas en las comisarías del departamento de Caazapá.

Este miércoles continúa la entrega de patrulleras en Itapúa y Ñeembucú; el jueves en San Pedro y Concepción; el viernes en Canindeyú y por último, el lunes 7 de octubre, en el departamento de Amambay.

«Este evento marca un paso significativo en la lucha contra la criminalidad reafirmando la dedicación del gobierno en garantizar la seguridad y tranquilidad de todos los ciudadanos», dijo el ministro del Interior, Enrique Riera, en la entrega de los vehículos.

Expresó estas patrulleras que están siendo entregadas forman parte de una partida de 250, que constituyen la mitad de otras 250 que se traerán antes de fin de año.

Sostuvo que estas entregas forman parte del plan de modernización y fortalecimiento de la Policía Nacional, cuya primera etapa fue la actualización de la Ley 222 de la Policía Nacional, incorporando muchos beneficios sociales para la Policía Nacional, como el pago del desarraigo a los agentes que cumplen servicio en el interior del país.

En este punto destacó que aquellos uniformados que cumplan servicios por más de seis meses, la ley les permite que tengan recursos para trasladar a sus familias e inscriban a sus hijos en una escuela, como también una cobertura sanitaria en un 100% para él y su familia.

Destacó igualmente que la ley establece otros beneficios para el retiro por peligrosidad, para la compra de uniformes y armas, que anteriormente los agentes tenían que comprar personalmente.

Remarcó que esta ley invierte 100 millones de dólares en la Policía Nacional; además de anunciar que en diciembre se contará con 5.000 nuevos policías en la calle.

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