El Gobierno anunció el inicio del proceso de consulta pública con miras a la licitación de la banda de 3.500 MHz, clave para implementar 5G LTE en el país.  Se espera que el servicio esté operativo en el segundo semestre del 2025.

El titular del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) Gustavo Villate, explicó que la licitación estará compuesta por rangos de frecuencia que van desde 50 MHz, en un mínimo de 100 MHz y hasta un máximo de 200 MHz que pueden ser adquiridos por empresa. «El total de rangos es de 400 MHz en el rango de 3.300 a 3.500 MHz, ese es el rango a ser licitado», precisó.

El pliego ya está publicado en el sitio de Conatel y estará abierta hasta el 17 de diciembre, buscando tomar las opiniones de la ciudadanía para acercar aún más a sus necesidades y expectativas.

«Tenemos un cronograma de 15 días de consulta pública, lo que nos va a permitir seguir trabajando sobre este pliego en caso que haya alguna necesidad de seguir modificando», detalló en conferencia de prensa.

El ministro se mostró confiado en que será un proceso bastante rápido y con ello, se espera que el servicio esté operativo en el segundo semestre del 2025 para la prestación de los servicios de telefonía móvil celular y de acceso a internet y de transmisión de datos.

Respecto al manejo de la subasta, mencionó que el 60 por ciento será destinado a inversión, 30 por ciento a compromisos sociales y el 10 por ciento restante a una recaudación, contemplada en el pliego de bases.

“Hay que entender que 5G tiene mínimamente 10 veces superior en cuanto a velocidad de descarga, para el caso del usuario y funciona mejor en ciudades y espacios abiertos”, exteriorizó.

A su vez, el presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Juan Carlos Duarte, comentó que la elaboración del cronograma y el pliego de bases y condiciones fue trabajado conjuntamente con el Mitic, durante prácticamente un año.

Detalló que posterior a las dos semanas de consulta pública, el directorio de la Conatel se reunirá para oficializar el pliego de bases y condiciones definitivo que será publicado tanto en el sitio web como en medios escritos. A partir de eso, los interesados tendrán 30 días para presentar su solicitud.

«Después de eso Conatel se tomaría el tiempo para hacer la adjudicación de la licencia y los adjudicados tendrán un periodo de ocho meses para la instalación de la primera radio base», alegó Duarte.

En un escándalo que expone el desorden y la corrupción del Ministerio Público de Ciudad del Este, el fiscal Alcides Giménez, de la Unidad Penal Nº. 9, vuelve a estar en el ojo de la tormenta, esta vez por permitir que un vehículo incautado en el marco de un asesinato, es decir, una evidencia, fuera utilizado por su asistente fiscal Héctor Ramón Villalba.

Se trata del automóvil Hyundai i30, con matrícula brasileña MHJ-3198, incautado tras el asesinato del brasileño Liomar Antonio de Oliveira, y que debía permanecer bajo estricta custodia. Sin embargo, fue encontrado abandonado en la vía pública del barrio San Miguel de Ciudad del Este.

Según el informe policial, el vehículo fue hallado con billetes de 100.000 guaraníes esparcidos en su interior, tres teléfonos celulares y diversos documentos. Testigos afirmaron que el conductor -posteriormente identificado como el asistente fiscal- se encontraba visiblemente alcoholizado cuando abandonó el automóvil en la madrugada del 28 de noviembre de 2024.

Al día siguiente, el asistente fiscal se presentó en la comisaría para reclamar la devolución del automóvil, alegando que el vehículo lo estaba utilizando con autorización expresa de su jefe, el cuestionado fiscal Alcides Giménez.

Este es solo uno de varios casos que evidencian el caos y la corrupción que impera en el Ministerio Público de Ciudad del Este, particularmente en las unidades vinculadas al círculo cercano del fiscal adjunto Jorge Sosa. Las evidencias se han convertido en un negocio manejado por fiscales protegidos, señalados por la prensa como recaudadores del fiscal adjunto.

Otro caso relevante que refleja las irregularidades es el de Silvio Ayala, víctima del robo de su camioneta Toyota Hilux. Días atrás, denunció un caso de presunta extorsión en la misma Unidad Fiscal a cargo de Alcides Giménez. El vehículo fue recuperado por la Policía, pero la víctima enfrentó serios problemas para recuperarlo de la Fiscalía, según sus declaraciones a la prensa. Ayala afirmó que se le exigió dinero en dos ocasiones para agilizar la devolución: primero 3 millones de guaraníes y luego 1.500 dólares. Este caso evidencia un patrón recurrente de irregularidades en la gestión de bienes recuperados y las evidencias bajo la investigación del fiscal Alcides Giménez, en el que las víctimas son revictimizadas y, en la mayoría de los casos, deben pagar sobornos para agilizar sus trámites o, como en este caso, para recuperar sus bienes robados.

Según denuncias, en la unidad fiscal de Giménez, las imputaciones o desestimaciones se realizan de acuerdo con sus intereses personales y no con el peso de las sospechas o pruebas presentadas. No es la primera vez que el fiscal Giménez es señalado por manejar las causas tramitadas en su unidad con llamativas subjetividades. Recientemente, fue recusado por una víctima de estafa, el señor Blas Mareco, quien lo acusó de mostrar favoritismo hacia el supuesto estafador, un brasileño de nombre Jairo Gesing. Además, se reveló que el cuadernillo fiscal ni siquiera estaba foliado, abriendo la posibilidad de extraer o agregar diligencias según las negociaciones con los denunciados para dejarlos impunes de sus delitos. Según fuentes del foro, Giménez tiene un historial de acomodar los procesos «de acuerdo a la cara de las víctimas y victimarios», favoreciendo generalmente a quienes poseen mayores recursos económicos.

También se comenta que Giménez rara vez imputa a quienes se muestran «dadivosos». Esta evidente selectividad en el manejo de los casos no solo destruye la confianza en la justicia, sino que también aumenta la percepción de que opera bajo un esquema de corrupción y protección de sus superiores.

Otro hecho que pone en duda la actuación del fiscal Giménez es su rol en las investigaciones de sustracción de energía eléctrica en granjas de minería de Bitcoin. En uno de estos casos, el 30 de Enero de este año, se llevó a cabo un allanamiento en un establecimiento en el km. 24 de Minga Guazú, donde, a pesar de las denuncias de conexiones ilegales de energía electrica, el fiscal no incautó ninguna evidencia. Esta actuación sorprendió incluso a los funcionarios de la ANDE que participaron en el procedimiento, dejando dudas y sombras sobre la verdadera intención de la intervención.

El fiscal Alcides Giménez Zorrilla tambien fue denunciado por cohecho pasivo agravado por presuntamente haber cobrado G. 150 millones para no oponerse al  arresto domiciliario de 11 policías imputados por el asesinato de Gloria Yetsica Espínola Cáceres y Alex Enrique Alejandro Ortiz Estigarribia, ocurrido el 19 de noviembre de 2022 en Ciudad del Este. La denuncia, fue presentada por el hermano de la victima quien habia solicitado que los antecedentes se remitan a la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción.

Estos hechos son solo algunos de los muchos que reflejan las actuaciones cuestionadas en la gestión del fiscal Alcides Giménez: el descontrol, la falta de transparencia y los indicios de corrupción en el manejo de bienes incautados y recuperados. Desde la autorización irregular de un vehículo incautado para uso personal, pasando por la presunta extorsión a víctimas para la devolución de sus bienes, hasta la inacción o acciones subjetivas en las causas investigadas en su unidad, el cuestionado fiscal Alcides Giménez parece operar con total impunidad bajo la protección del fiscal adjunto Jorge Sosa.

Estos casos son un recordatorio del nivel de anarquía y corrupción que impera en el Ministerio Público. Mientras tanto, las víctimas, como el señor Ayala, Mareco y otros, no solo enfrentan la pérdida de sus bienes, sino también la doble victimización por parte de un sistema que debería protegerlas. Este medio continuará investigando y exponiendo las irregularidades que persistan bajo la gestión de este nefasto fiscal y de los demás que esten operando con el mismo modus operandi.

El Jurado de Enjuiciamiento cuenta con evidencias suficientes para intervenir de oficio y exigir explicaciones al fiscal Alcides Giménez sobre estas graves irregularidades, a pesar de la protección que recibe del fiscal adjunto.

 La Itaipu Binacional se suma a las iniciativas del Gobierno en el marco del operativo de asistencia integral a peregrinantes y concienciación ambiental durante la festividad de Caacupé 2024, con el objetivo de mitigar el impacto de los residuos sólidos en la capital espiritual.

Los trabajos se llevan a cabo en forma coordinada con el gobierno departamental y la municipalidad local, según el reporte de la Itaipu.

Los puestos de atención que ofrecerán servicios esenciales a los peregrinos estarán ubicados en el kilómetro 50, desvío Atyrá; y kilómetro 63, desvío Piribebuy.

Estas asistencias incluyen provisión de agua, hielo, sanitario, áreas de descanso, entre otras. También habrá servicio de atención médica y de ambulancia; en total estarán disponibles cuatro móviles, dos de Itaipu y dos de la Fundación Tesãi.

De la misma forma, se dispondrá de personal de enfermería para toma de presión arterial, vendaje, desinfección de heridas y masaje. Además, en los puntos de apoyo los peregrinantes se podrán aplicar repelentes y bloqueadores solares.

Igualmente, los peregrinantes podrán acceder a remedios refrescantes y yerba para el tereré; este servicio será brindado por el Vivero de Itaipu, donde se cultivan hierbas medicinales y otras especies forestales.

Como innovación, este año habrá un túnel de ducha para que los promeseros de la Virgencita Serrana puedan aplacar el calor durante su ida a la basílica.

En lo que respecta al cuidado ambiental, el operativo liderado por Itaipu contempla la provisión de 5.000 bolsas y 100 contenedores para residuos sólidos. La Entidad también dispondrá de camiones compactadores para el traslado de desechos y equipos de limpieza.

La metodología de trabajo incluye la participación de voluntarios de Basura Cero Caacupé y otras organizaciones, quienes realizarán sensibilización directa mediante equipos de audio con micrófonos. Por recomendación de la municipalidad local, no se distribuirán folletos ni botellas plásticas para evitar la generación de residuos adicionales.

El operativo también contempla una estrategia de trabajo con vendedores ambulantes desde el primer día. Los comerciantes recibirán bolsas de residuos y capacitación sobre el manejo adecuado de desechos.

Además, se coordinará con recicladores para optimizar la gestión de residuos. El personaje “Reciclón”, del programa de educación ambiental de la Binacional, también acompañará las actividades de concientización.

Como parte del apoyo a la gestión municipal, Itaipu donará implementos de limpieza al área de aseo urbano, incluyendo guantes para el personal, escobas, carretillas y contenedores de residuos.

La Dirección de Coordinación lidera estas acciones a través de sus equipos técnicos, dependientes de la Superintendencia de Gestión Ambiental, en alianza con la municipalidad local y otras instituciones, para garantizar la protección del medio ambiente durante una de las mayores manifestaciones religiosas del Paraguay.

Desde la Binacional, se insta a peregrinar con conciencia y respeto hacia el medio ambiente, poniendo en práctica el lema escogido para este año: “Que nuestras acciones siempre dejen una huella verde por el camino”.