La mayor red de franquicias odontológicas de América Latina —con clínicas operando también en Paraguay— está en el centro de un escándalo internacional. La Policía Civil de Paraná concluyó tras cuatro años de investigación que el CEO planificó y financió el crimen de un director de su propia empresa.

Un escándalo de proyección internacional sacude al sector odontológico en toda América Latina. Según informó la Red Globo (G1), la Policía Civil del estado brasileño de Paraná indició al empresario Oséias Gomes de Moraes, de 54 años, fundador y CEO de la red Odonto Excellence, como mandante intelectual y financiador del asesinato de un director de su propia compañía.

La red Odonto Excellence cuenta con más de 1.300 clínicas distribuidas en Brasil, Paraguay, Argentina, México y Angola, lo que convierte al caso en un tema de interés directo para el mercado paraguayo, donde la marca opera bajo el modelo de franquicia.

El crimen

La víctima fue José Claiton Leal Machado, director de Operaciones de la red, ejecutado el 19 de abril de 2022 frente a su casa en Ponta Grossa. El director estacionaba su vehículo en la garaje, acompañado de su hija de apenas 3 años, cuando dos hombres en motocicleta lo abordaron. Pese a estar armado e intentar reaccionar, fue dominado y asesinado a balazos. Murió horas después en el Hospital Universitario Regional. La niña no sufrió heridas físicas.

Un crimen ligado al corazón del negocio

A diferencia de lo que podría parecer un hecho aislado, la investigación reveló que el asesinato está directamente vinculado al negocio mismo de la red de franquicias.

Según el delegado Luis Gustavo Timossi, responsable del caso, Gomes habría reaccionado al temor de perder el control de la red, sumado a divergencias por la apertura de una clínica odontológica competidora —llamada Vitadent— que la propia víctima estaba estructurando con una inversión cercana a R$ 800 mil.

Las pruebas

Durante cuatro años de trabajo investigativo, la Policía Civil utilizó análisis de datos telemáticos, quiebres de sigilo bancario, declaraciones de múltiples testigos y la extracción de mensajes del celular del empresario.

Se detectaron transferencias bancarias desde cuentas controladas por Gomes hacia operadores logísticos del crimen, en fechas próximas al homicidio. Esos fondos habrían sido utilizados para pagar a los ejecutores.

Otros cinco hombres ya fueron procesados por el caso: uno ya cumple condena, dos aguardan juicio en libertad y otros dos están prófugos —entre ellos un sujeto identificado como «Pastor Paulo».

La defensa

El abogado Claudio Dalledone Junior, representante de Oséias Gomes, calificó el indiciamiento de «absurdo». Sostiene que el empresario es íntegro, sin antecedentes criminales, y que en realidad fue víctima de extorsión por parte de criminales que buscaban ganancias económicas.

Próximos pasos

De prosperar la acusación, el empresario podría enfrentar una pena de 12 a 30 años de prisión por homicidio calificado.

El ministro de Educación, Luís Ramírez, ratificó que en el marco del proyecto Hambre Cero, impulsado por el Ejecutivo, los fondos están asegurados para los programas emblemáticos. “Nada de los que está funcionando se va a entorpecer”, aseguró.

Continúan conversaciones con estudiantes de nivel medio y terciario respecto a los distintos programas sociales financiados, a través del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI).

En ese contexto, el ministro de Educación, Luís Ramírez, ratificó este martes que en el marco del proyecto Hambre Cero, impulsado por el Ejecutivo, los fondos están asegurados para los programas emblemáticos. “Nada de los que está funcionando se van a entorpecer”, expresó el funcionario en entrevista televisiva.

Durante la reunión mantenida en la víspera con representantes de la sociedad civil y estudiantes, el Gobierno recibió algunas sobre cómo fortalecer los controles sobre el uso de los fondos del Fonacide, a través de monitoreo, y se está trabajando en esa línea, explicó Ramírez, en el contexto de la preocupación de sectores de qué pasará con los recursos con los cuales se sostienen algunos programas.

Debemos planificar el futuro de Paraguay

En este sentido, refirió que el país debe crecer y existe la necesidad de mirar para los próximos 5 a 10 años y planificar el futuro de Paraguay, por lo que se requiere avanzar con el proyecto Hambre Cero para que más niños tengan asegurada la alimentación en su día a día.

Y ratificó que el arancel cero se encuentra establecido por ley por lo que es intocable. “El arancel cero está por ley, no puede ser tocado, porque hay una ley que lo sostiene, es una política muy importante para que los jóvenes puedan estudiar”, expresó durante una entrevista televisiva.

Ramírez reconoció también que la educación no puede seguir así como se encuentra actualmente, por lo que además de que “el presupuesto de Educación no se toca y debe ser intocable” se debe añadir más partidas presupuestarias fijas y no sostenerse con programas transitorios como es del Fonacide, y debe haber un control como un pacto social.

Reiteró la importancia de llegar a un consenso para la puesta en marcha del proyecto Hambre Cero, que es el futuro del país, al igual que la importancia de atender a la primera infancia y “se tiene que asumir ya dentro del Presupuesto General de la Nación”, aseveró.

El secretario de Estado mencionó que el sector educativo requiere más de G. 1.000 millones en el presupuesto, de los cuales G. 500 millones son para infraestructura; G. 500 millones para alimentación y otros G. 500 para tecnología.

Comercios de renombres estaría también involucrados

Los últimos casos de robos de celulares de alta gama ponen en evidencia la compleja red del mercado negro de celulares en Ciudad del Este, donde las propias víctimas de los robos podrían estar, sin saberlo en algunos casos, comprando de vuelta sus propios productos robados. Este preocupante ciclo se ha hecho evidente en el caso de Cell Shop, un conocido establecimiento de Ciudad del Este.

El pasado viernes 19 de enero, un grupo de delincuentes, disfrazados con chalecos de la SENAD, interceptó un camión recién salido del aeropuerto Silvio Petirossi de Luque. Entre la mercancía robada, que incluía celulares de última generación, se encontraba un lote de celulares de la marca iPhone destinado a Cell Shop de Ciudad del Este. Este robo no es un incidente aislado, sino parte de una tendencia creciente en robos de mercaderías de alto valor.

Solo tres días después del robo, el 22 de enero, dos personas se presentaron en la tienda Cell Shop ofreciendo a la venta celulares iPhone 15 Pro Max a precios notablemente bajos. Los representantes de la empresa, atraídos por la oferta, no dudaron en iniciar el proceso de compra. Sin embargo, antes de concretar el pago procedieron a verificar los IMEI de los dispositivos y descubrieron que al menos 5 de los 47 celulares ofertados formaban parte del lote robado días atrás en el departamento central.

Tras este hallazgo, comunicaron el caso a la policía, quienes aprehendieron a las dos personas, identificadas como Sergio Daniel Paiva (44), Eduardo José Candia (37), y una tercera persona que insistentemente llamaba a este último consultando si la venta ya se había concretado. Esta persona fue identificada como Christian Arguello.

Esta situación plantea serias preguntas sobre las prácticas comerciales en el mercado de celulares y electrónicos de alto valor. ¿Es habitual que los comercios establecidos negocien con mercadería de origen dudoso? La predisposición de Cell Shop a adquirir mercaderías para la reventa, entablando tratos con personas de reputación cuestionable que ofrecen productos sin factura, claramente pertenecientes al mercado negro, ya sean robados o falsificados, indica una preocupante normalización de este tipo de transacciones.

Estas prácticas no solo ensucian la imagen de la empresa en cuestión, dejando en duda la calidad y la procedencia de los productos ofertados en el establecimiento comercial, sino que también desprestigian al comercio de Ciudad del Este. Últimamente, ha habido varias denuncias de compradores que fueron estafados de distintas formas y circunstancias, lo que resalta aún más la gravedad del problema.

El problema de la comercialización de celulares robados no se limita a un solo establecimiento. Hay indicios de que este fenómeno se extiende a lo largo de todo el país, y lo más alarmante es que las víctimas, en algunos casos, son quienes fomentan este mercado negro. Estas víctimas se convierten en reducidores de productos o artículos que conocen perfectamente como robados. Los consumidores finales son engañados y, en algunos casos, estafados en cuanto a la procedencia ilícita y la calidad de los productos que adquieren.