El Gobierno del Paraguay culminó con éxito el Operativo Umbral 3.5, un despliegue que permitió concretar la separación efectiva entre personas condenadas y procesadas dentro del sistema penitenciario de mayores, en cumplimiento del artículo 21 de la Constitución Nacional.
El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, mencionó que durante el operativo fueron trasladas un total de 618 personas privadas de libertad mediante un amplio dispositivo de seguridad que movilizó 24 ómnibus, 420 efectivos de la Policía Nacional, 182 miembros de las Fuerzas Armadas y 137 funcionarios administrativos.
En el procedimiento fueron trasladadas 403 personas condenadas desde el Centro Nacional de Prevenidos (ex Tacumbú) al Centro de Reinserción Social “Martín Mendoza” de Emboscada, mientras que 215 internos del Centro de Prevenidos de Ciudad del Este fueron derivados al Centro de Reinserción Social de Minga Guazú.
Con estos traslados, el Centro Nacional de Prevenidos y la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este quedan destinados exclusivamente a personas procesadas. Asimismo, el Centro de Reinserción Social de Minga Guazú alcanza cerca del 90 % de su capacidad, mientras que el Centro “Martín Mendoza” alberga actualmente alrededor del 80 % de su capacidad operativa.
Según el Ministerio de Justicia, el Operativo Umbral 3.5 representa un nuevo avance en el proceso de reorganización y modernización del sistema penitenciario, orientado a fortalecer el orden institucional, reducir el hacinamiento y consolidar el nuevo modelo de gestión penitenciaria en el país.
El operativo contó además con la participación de 85 profesionales de la salud del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Salud Pública, quienes realizaron controles médicos y evaluaciones sanitarias a todos los internos trasladados, con apoyo de ambulancias del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME).

Sobre el punto sostuvo que denunciar este tipo de hechos es responsabilidad de todos, ya que solo así se podrá frenar la violencia y que las instituciones puedan atender todos los casos a medida que se visibilizan y canalizan en denuncias concretas. «Sabemos que no es fácil, pero esto tiene un costo social y familiar muy grande. Tenemos que tener a todas las mujeres seguras ese es nuestro trabajo», resaltó.
