El Ministerio de Salud recuerda que la vacuna contra el virus de la varicela ya se encuentra disponible en todos los servicios de salud del país. Este biológico forma parte del esquema regular de vacunación y es esencial para garantizar la protección de los más pequeños frente a esta enfermedad altamente contagiosa.

La varicela es una enfermedad altamente contagiosa causada por el virus varicela-zóster, que puede afectar principalmente a niños no vacunados. La vacuna es segura, efectiva y representa la mejor estrategia para prevenir brotes en las comunidades escolares.

En 2024 se había confirmado un caso aislado de varicela en la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa, en un estudiante del tercer ciclo, sin antecedente de vacunación.

En ese sentido, el Ministerio de Salud recuerda la importancia de la protección con las vacunas, teniendo esquema una primera dosis a los 15 meses de vida y una segunda dosis a los 5 años de edad.

La vacunación contra la varicela no solo protege a los niños de posibles complicaciones graves de esta enfermedad, sino que también contribuye a un regreso seguro a clases, teniendo en cuenta que las aulas son espacios donde el contacto estrecho facilita la transmisión del virus.

En el año 2024, se administraron 176.033 dosis de la vacuna contra la varicela, lo que evidencia el compromiso del Ministerio de Salud en la lucha contra esta enfermedad y en la protección de la niñez paraguaya.

El Ministerio de Salud recuerda que todas las vacunas del esquema regular son gratuitas y están disponibles en los vacunatorios de hospitales y Unidades de Salud de la Familia a nivel nacional.

Se puede encontrar el centro vacunatorio más cercano en www.vacunate.gov.py. Para consultas sobre las vacunas está habilitada la línea para llamadas gratuitas 138.

Agentes Especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) lograron la eliminación de cultivos ilícitos de marihuana dentro del área protegida del Parque Nacional Caazapá. El operativo alcanzó la anulación de toda una superficie comprendida por 8 hectáreas.

Acorde a las investigaciones desarrolladas, los productos ilícitos procesados en Caazapá tienen a la Argentina como su principal mercado y sobre dichas informaciones antidrogas llegaron hasta el Parque Nacional donde fueron detectadas tras hectáreas de marihuana.

Los intervinientes trabajaron hasta la erradicación total de la zona, lo cual se tradujo en la destrucción final de 24 mil kilos de la droga.

Está irrupción representa un daño económico de alrededor de 720.000 dólares a los traficantes.

Este operativo tuvo el acompañamiento del fiscal interino Carlos Ramírez, quien a su vez se encontraba con su equipo del Ministerio Público

La nueva «Ley de la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil», promulgada ayer por el presidente Santiago Peña, aplica a todas las instituciones públicas, incluido el Congreso y el Poder Judicial, aclaró este viernes el procurador general de la República, Marco Aurelio González.

En conversación con los medios del Estado, el procurador realizó esta aclaración mencionando que algunas publicaciones periodísticas siguen señalando que la nueva ley supuestamente excluye de funcionarios de los poderes Legislativo y Judicial.

«No es cierto que no se aplica a todas las instituciones, se aplica a todas las instituciones», remarcó el procurador.

Señaló que en los únicos casos en los que no se aplica es en las carreras que tienen su regulación propia establecida por ley, como la docencia, la médica, la enfermería, la policía o la militar. Incluso en esos casos, cuando algo no está previsto en sus reglas propias, «se van a regir por lo que determinan esta ley», dijo.

Otro ejemplo dado tiene que ver con el Poder Judicial. «Por ejemplo, para la designación de magistrados el procedimiento está previsto en la Constitución Nacional y la ley del Consejo de la Magistratura, pero a los funcionarios del Poder Judicial sí les va a regir esta ley y la Corte va a tener que aplicarle a sus funcionarios», indicó.

En el caso del Congreso, «al diputado o senador no les rige porque su proceso de designación está en la Constitución, pero a los funcionarios del Congreso sí les va a regir esta ley», dijo. Así también «a los intendentes no les rige pero a los funcionarios de las municipalidades sí», añadió.

El procurador destacó que el principal beneficiado por esta ley es el funcionario, que ahora tiene una carrera que antes no tenía, y «tiene la posibilidad de acceder a cargos directivos, algo que estaba reservado a personas cercanas al poder».

«Ahora el mérito se va a reconocer, ahora la capacitación se va a reconocer. No hay ningún solo perjuicio, desmejora o ninguna sola norma que implique regresión en los derechos de los funcionarios respecto de la legislación actual, solamente se amplían y benefician los derechos que van a tener los funcionarios públicos», aseveró.

González añadió que en la ley se establece un régimen de progresión horizontal y vertical de la carrera, algo que antes no existía más que en algunas instituciones como el Banco Central.

«Lo que pasaba hasta hoy en día es que llega un ministro y cambia toda la plana directiva, con lo que se pierde la memoria institucional. Con la actual ley se establecen solamente cuatro cargos de confianza: secretario general, jefe de gabinete, director jurídico y director general de administración y finanzas, el resto va a tener que ser funcionario de la institución, algo que ya ocurre en el BCP», indicó.

Aspectos de la nueva normativa:

• Se premia la meritocracia para profesionalizar la función pública, mediante concursos y evaluaciones.
• Se reconoce la vigencia de las carreras especiales como la carrera docente, medica, enfermería, entre otros.
• Se otorga un régimen y protección legal a los contratados, siempre y cuando estos ingresen por concurso de méritos para servir al ciudadano.
• Dispone además un ascenso vertical y horizontal de los funcionarios públicos que acrediten los méritos exigidos de manera a premiar a quienes estén mejor preparados para servir.
• Se crea un régimen de directivos públicos que definen estándares para prestar un servicio público de calidad al país y al ciudadano.