En el marco de la CVIII Reunión del Comité Ejecutivo de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC), realizada en Santiago de Chile, autoridades aeronáuticas de Paraguay y Bolivia suscribieron un Memorándum de Entendimiento (MOU) en materia de servicios aéreos, con el objetivo de modernizar y ampliar la conectividad entre ambos países.

El documento fue firmado por el presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Nelson Mendoza, y el director ejecutivo de la Dirección General de Aviación Civil de Bolivia, Cmdte. José Antonio Fanóla Orias, con la participación del Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda de Bolvia, Sr. Mauricio Zamora Liebers, y el Secretario General de la CLAC, Sr. Jaime Binder.

Este nuevo acuerdo actualiza el instrumento bilateral vigente desde 1958 y lo alinea con las políticas actuales de “cielos abiertos”, que promueven una mayor flexibilidad para las operaciones aéreas.

En la práctica, esto permitirá a las aerolíneas contar con más opciones para operar vuelos, incorporar nuevas rutas y mejorar la conexión entre países de la región.

Actualizaciones

La Dinac informó que entre los principales avances se incluye la habilitación de mayores derechos de operación, conocidos como “libertades del aire”. Esto permitirá, por ejemplo, que aerolíneas transporten pasajeros entre Paraguay, Bolivia y otros países, o que utilicen alguno de estos destinos como punto de conexión.

En el caso del transporte de carga, se incorpora una de las flexibilidades más relevantes: permiten a las líneas aéreas realizar transporte directo con un tercer Estado sin necesidad de pasar por el país de origen. Este tipo de operaciones contribuye a reducir tiempos y costos logísticos, facilitando el comercio internacional.

En conjunto, estas libertades aerocomerciales fortalecen la conectividad aérea, promueven la competitividad de las aerolíneas y facilitan el intercambio comercial y turístico entre Paraguay, Bolivia y la región.

La actualización de este acuerdo histórico refleja el compromiso de Paraguay con la integración regional y la modernización del marco regulatorio. Con Bolivia damos un paso decisivo hacia una aviación más abierta, eficiente y sostenible.

De enero a marzo del año 2026, Itaipu Binacional inyectó USD 107 millones al Estado paraguayo, en concepto de royalties, cesión de energía y pagos a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Los desembolsos, contemplados en el Anexo C del Tratado, son fundamentales para que gobernaciones, municipios y la empresa estatal puedan llevar adelante sus correspondientes obras en beneficio de los pobladores.

De acuerdo con el reporte de la Dirección Financiera de la Entidad, en el primer trimestre del presente ejercicio, el Tesoro paraguayo percibió USD 65 millones por royalties, mientras que unos USD 37 millones fueron remesados por cesión de energía.

A su vez, la ANDE recibió USD 5 millones en carácter de resarcimiento de las cargas de administración y supervisión.

En lo que refiere solo a las transferencias efectuadas en marzo, los royalties totalizaron USD 22 millones y la compensación por cesión de energía alcanzó USD 10 millones. Por su parte, la compañía eléctrica tuvo un ingreso de USD 1,7 millones por resarcimiento.

Una parte de los royalties es destinada al financiamiento de los gastos del Presupuesto General de la Nación (PGN), mientras que otra importante porción el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la transfiere a los gobiernos departamentales y municipales.

En el caso específico de la compensación por cesión de energía, los recursos se incorporan al Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae) y un porcentaje también es distribuido a municipios y gobernaciones.

Asimismo, los pagos a la ANDE le permiten a la compañía eléctrica tener fondos garantizados y previsibles para así cumplir sus planes de inversión, con el fin de proveer un servicio de electricidad de calidad en todo el territorio nacional.

Además de mantener un óptimo desempeño en la generación de energía, Itaipu sigue honrando en tiempo y forma sus compromisos financieros, lo que significa una inyección económica fundamental para el Estado.

Desde la próxima semana el Ministerio del Trabajo prevé convocar a las reuniones tripartitas para unificar criterios y avanzar en una nueva ley que establezca un mecanismo más adecuado para el reajuste anual del salario mínimo, anunció el viceministro de Trabajo, César Segovia.

«Estamos llegando a una etapa en la que ya hay diferentes propuestas que deben ser abordadas y tratar de unificar. La intención nuestra es que en este mes de abril se realizacen las reuniones para unificar criterios en torno a una nueva forma de definir el reajuste anual del salario mínimo. Queremos tener para fin de mes un proyecto medianamente consensuado», dijo el viceministro.

En conversación con los Medios del Estado, este martes, Segovia señaló que hay una coincidencia entre el Ejecutivo y las centrales sindicales de que el Indice del Precios al Consumidor (IPC), que es la herramienta utilizada para establecer el porcentaje de reajuste del salario mínimo actualmente, no se adecua a la afectación que sufre el trabajador asalariado en su poder adquisitivo.

«Necesitamos la modificación de la ley actual ya que esta vincula exclusivamente a la variación del IPC el reajuste del salario mínimo», señaló.

Indicó que para que el nuevo sistema de reajuste del salario mínimo pueda regir desde este año es necesario tener la modificación de la ley para mediados de junio.

«Estamos contra reloj ya que el reajuste debería darse en la segunda quincena de junio y entrar a regir a partir del 1 de julio. La expectativa es enviar en mayo el proyecto de modificación y con un tratamiento ágil tener la nueva ley para junio y utilizar ya la nueva herramienta a partir de este año. Estamos un poco atrasados pero las propuestas ya están sobre la mesa es cuestión de tomar posiciones», refirió.

Propuestas en análisis

El viceministro detalló que entre las propuestas que se bajarían a la mesa hay tres criterios que pueden tener aceptación. Entre ellos mencionó el de utilizar la variación del PIB como una alternativa para reajustar el salario mínimo. En ese caso, la variación sería del 6,6%, medida en que creció el PIB el año pasado. «Ese es un porcentaje interesante para reajustar el salario mínimo», dijo el viceministro.

Otra propuesta es utilizar la variación del índice de alimentos, que tiene un porcentaje superior al crecimiento del PIB, y que llega a aproximadamente 12%.

Una tercera propuesta es la de realizar esta vez un reajuste del 20% atendiendo a que hay una pérdida histórica en la evolución del salario. Esta propuesta, planteada por las centrales obreras, prevé que el salario mínimo llegue a 3.500.000 guaraníes aproximadamente.

«Se tomará por mayoría si no se puede llegar a un consenso», anunció el viceministro.

Las reuniones serían tanto del Consejo Consultivo Tripartito, que incluye a referentes de diferentes gremios de la producción, el comercio, centrales sindicales y ministerios del Ejecutivo.

Así también, se deberá reunir el Consejo Nacional del Salario Mínimo, donde están representantes de los trabajadores, de los sectores patronales y del gobierno.

Para encarar este proceso, el Ministerio del Trabajo también pidió apoyo a la Organización Internacional del Trabajo para mirar la experiencia de otros países.