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El cuestionado fiscal Alcides Giménez dispone de bienes incautados

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En un escándalo que expone el desorden y la corrupción del Ministerio Público de Ciudad del Este, el fiscal Alcides Giménez, de la Unidad Penal Nº. 9, vuelve a estar en el ojo de la tormenta, esta vez por permitir que un vehículo incautado en el marco de un asesinato, es decir, una evidencia, fuera utilizado por su asistente fiscal Héctor Ramón Villalba.

Se trata del automóvil Hyundai i30, con matrícula brasileña MHJ-3198, incautado tras el asesinato del brasileño Liomar Antonio de Oliveira, y que debía permanecer bajo estricta custodia. Sin embargo, fue encontrado abandonado en la vía pública del barrio San Miguel de Ciudad del Este.

Según el informe policial, el vehículo fue hallado con billetes de 100.000 guaraníes esparcidos en su interior, tres teléfonos celulares y diversos documentos. Testigos afirmaron que el conductor -posteriormente identificado como el asistente fiscal- se encontraba visiblemente alcoholizado cuando abandonó el automóvil en la madrugada del 28 de noviembre de 2024.

 

Al día siguiente, el asistente fiscal se presentó en la comisaría para reclamar la devolución del automóvil, alegando que el vehículo lo estaba utilizando con autorización expresa de su jefe, el cuestionado fiscal Alcides Giménez.

 

Este es solo uno de varios casos que evidencian el caos y la corrupción que impera en el Ministerio Público de Ciudad del Este, particularmente en las unidades vinculadas al círculo cercano del fiscal adjunto Jorge Sosa. Las evidencias se han convertido en un negocio manejado por fiscales protegidos, señalados por la prensa como recaudadores del fiscal adjunto.

 

Otro caso relevante que refleja las irregularidades es el de Silvio Ayala, víctima del robo de su camioneta Toyota Hilux. Días atrás, denunció un caso de presunta extorsión en la misma Unidad Fiscal a cargo de Alcides Giménez. El vehículo fue recuperado por la Policía, pero la víctima enfrentó serios problemas para recuperarlo de la Fiscalía, según sus declaraciones a la prensa. Ayala afirmó que se le exigió dinero en dos ocasiones para agilizar la devolución: primero 3 millones de guaraníes y luego 1.500 dólares. Este caso evidencia un patrón recurrente de irregularidades en la gestión de bienes recuperados y las evidencias bajo la investigación del fiscal Alcides Giménez, en el que las víctimas son revictimizadas y, en la mayoría de los casos, deben pagar sobornos para agilizar sus trámites o, como en este caso, para recuperar sus bienes robados.

 

Según denuncias, en la unidad fiscal de Giménez, las imputaciones o desestimaciones se realizan de acuerdo con sus intereses personales y no con el peso de las sospechas o pruebas presentadas. No es la primera vez que el fiscal Giménez es señalado por manejar las causas tramitadas en su unidad con llamativas subjetividades. Recientemente, fue recusado por una víctima de estafa, el señor Blas Mareco, quien lo acusó de mostrar favoritismo hacia el supuesto estafador, un brasileño de nombre Jairo Gesing. Además, se reveló que el cuadernillo fiscal ni siquiera estaba foliado, abriendo la posibilidad de extraer o agregar diligencias según las negociaciones con los denunciados para dejarlos impunes de sus delitos. Según fuentes del foro, Giménez tiene un historial de acomodar los procesos «de acuerdo a la cara de las víctimas y victimarios», favoreciendo generalmente a quienes poseen mayores recursos económicos.

 

También se comenta que Giménez rara vez imputa a quienes se muestran «dadivosos». Esta evidente selectividad en el manejo de los casos no solo destruye la confianza en la justicia, sino que también aumenta la percepción de que opera bajo un esquema de corrupción y protección de sus superiores.

Otro hecho que pone en duda la actuación del fiscal Giménez es su rol en las investigaciones de sustracción de energía eléctrica en granjas de minería de Bitcoin. En uno de estos casos, el 30 de Enero de este año, se llevó a cabo un allanamiento en un establecimiento en el km. 24 de Minga Guazú, donde, a pesar de las denuncias de conexiones ilegales de energía electrica, el fiscal no incautó ninguna evidencia. Esta actuación sorprendió incluso a los funcionarios de la ANDE que participaron en el procedimiento, dejando dudas y sombras sobre la verdadera intención de la intervención.

El fiscal Alcides Giménez Zorrilla tambien fue denunciado por cohecho pasivo agravado por presuntamente haber cobrado G. 150 millones para no oponerse al  arresto domiciliario de 11 policías imputados por el asesinato de Gloria Yetsica Espínola Cáceres y Alex Enrique Alejandro Ortiz Estigarribia, ocurrido el 19 de noviembre de 2022 en Ciudad del Este. La denuncia, fue presentada por el hermano de la victima quien habia solicitado que los antecedentes se remitan a la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción.

Estos hechos son solo algunos de los muchos que reflejan las actuaciones cuestionadas en la gestión del fiscal Alcides Giménez: el descontrol, la falta de transparencia y los indicios de corrupción en el manejo de bienes incautados y recuperados. Desde la autorización irregular de un vehículo incautado para uso personal, pasando por la presunta extorsión a víctimas para la devolución de sus bienes, hasta la inacción o acciones subjetivas en las causas investigadas en su unidad, el cuestionado fiscal Alcides Giménez parece operar con total impunidad bajo la protección del fiscal adjunto Jorge Sosa.

Estos casos son un recordatorio del nivel de anarquía y corrupción que impera en el Ministerio Público. Mientras tanto, las víctimas, como el señor Ayala, Mareco y otros, no solo enfrentan la pérdida de sus bienes, sino también la doble victimización por parte de un sistema que debería protegerlas. Este medio continuará investigando y exponiendo las irregularidades que persistan bajo la gestión de este nefasto fiscal y de los demás que esten operando con el mismo modus operandi.

El Jurado de Enjuiciamiento cuenta con evidencias suficientes para intervenir de oficio y exigir explicaciones al fiscal Alcides Giménez sobre estas graves irregularidades, a pesar de la protección que recibe del fiscal adjunto.

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Hospital general de Coronel Oviedo permitió más de 2.500 consultas a pacientes oncológicos de Caaguazú

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Durante el año 2025, unas 2.591 consultas oncológicas clínicas fueron realizadas en el Hospital General de Coronel Oviedo, lo que permitió que pacientes del departamento de Caaguazú reciban atención especializada sin necesidad de trasladarse a otros centros de referencia del país.

 

Contar con servicios oncológicos en la región facilitó el seguimiento integral de pacientes con diagnóstico de cáncer, garantizando controles oportunos, continuidad en los tratamientos y una reducción significativa de los costos económicos y sociales asociados a los traslados.

Además, entre febrero y diciembre se registraron 1.318 consultas por cirugía oncológica, mientras que 164 pacientes continúan actualmente en tratamiento oncológico activo, reflejando una atención sostenida a lo largo del tiempo.

En el mismo periodo, el hospital realizó 135 intervenciones quirúrgicas oncológicas, consolidando su capacidad para el abordaje integral del cáncer dentro del propio departamento.

La atención ambulatoria y quirúrgica cercana al domicilio impacta de manera directa en la calidad de vida de los pacientes y sus familias, al reducir tiempos de espera, viajes prolongados y la necesidad de separarse de su entorno durante los tratamientos.

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Desde hoy cobran adultos mayores monto actualizado de la pensión universal

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Este viernes inicia el pago a beneficiarios de la pensión universal para adultos mayores, cuyo monto ha sido actualizado en función al último reajuste del salario mínimo.

 

Son cerca de 340.000 adultos mayores los que cobrarán desde este viernes la pensión universal que alcanza los 724.762 guaraníes, correspondiente al 25% del salario mínimo legal vigente.

El Ministerio de Desarrollo Social, encargada de la administración de este programa, informó que este enero el pago ha alcanzado a todos los adultos mayores que hayan cumplido 71 años.

Los pagos se realizan en los cajeros del Banco Nacional de Fomento y la lista de beneficiarios se puede corroborar, introduciendo el número de cédula, en el siguiente enlace https://listadoam.mds.gov.py/

Además del pago a los adultos mayores, este viernes se realizan también las transferencias condicionadas a familias beneficiarias del programa Tekoporã Mbarete.

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MEF descarta aumento de impuestos como alternativa para financiar el déficit de la Caja Fiscal

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sostiene que la propuesta de aumentar impuestos para financiar el déficit de la Caja Fiscal no es viable. Así lo afirmó el viceministro de Economía y Planificación, Felipe González Soley, durante una reunión de trabajo con legisladores de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, exministros de Hacienda, economistas y representantes de gremios de la producción.


La aclaración surge en respuesta a las propuestas de sectores de docentes, policías y militares, que plantean cubrir el desequilibrio del sistema mediante un incremento de tributos.

El encuentro se desarrolló el miércoles en la sala de reuniones Paz del Chaco del Congreso Nacional y estuvo enfocado en la situación actual del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del sector público, así como en el proyecto de ley de reforma impulsado por el Poder Ejecutivo y actualmente en estudio en el Poder Legislativo.

Durante la reunión, la gerente de Desarrollo Económico del MEF, Liz Coronel, integrante del equipo técnico que acompañó al viceministro González Soley, presentó un análisis de la situación de la Caja Fiscal, sus proyecciones financieras y las medidas contempladas en el proyecto de ley. En ese contexto, reiteró que la suba de impuestos no puede considerarse una opción de reforma sostenible.

“Hicimos una estimación basada en las propuestas de estos sectores, que plantean elevar impuestos como el IRP y el IVA. En el caso del IRP —solo a modo ilustrativo y sin que constituya una propuesta del MEF—, se requeriría aumentar la tasa del 10% al 48% en 2025. De acuerdo con la dinámica demográfica de la Caja Fiscal, esto implicaría incrementos sucesivos cada año, alcanzando el 86% en 2028”, explicó.

Respecto al IVA, indicó que existe una propuesta para elevar la tasa del 10% al 14%, pero aclaró que aún con ese incremento los recursos seguirían siendo insuficientes. “Un aumento del IVA al 14% permitiría recaudar más de USD 1.144 millones anuales, lo que alcanzaría solo para cubrir el déficit estimado de la Caja Fiscal en 2026 y 2027, y apenas una parte del correspondiente a 2028”, detalló.

Durante su exposición, Coronel identificó la ausencia de una edad mínima de jubilación como el principal factor del desequilibrio del sistema, que actualmente ya se financia con impuestos generales, beneficiando principalmente a los sectores de Magisterio Nacional, Docentes Universitarios, Fuerzas Militares y Policías.

“El 100% del déficit de la Caja Fiscal en 2028 deberá ser cubierto con impuestos generales. Esto representará aproximadamente USD 683 millones, según las estimaciones actuariales, un monto muy cercano al límite establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal”, advirtió.

Agregó que con esos USD 683 millones podrían financiar la construcción de 10 hospitales de alta complejidad, la pensión para el 86% de la población adulta mayor, la refacción de 350 centros educativos, la pavimentación de más de 3.200 kilómetros de rutas asfaltadas y la ejecución de 16.000 hectáreas de alcantarillado sanitario.

En cuanto a las reformas propuestas, explicó que el proyecto plantea una regla de acceso gradual a la jubilación a partir de los 57 años para los sectores de Magisterio Nacional, Docentes Universitarios, Magistrados Judiciales, Policías y Militares, con tablas de sustitución que premian una mayor permanencia en actividad y mayores aportes.

“Para Magisterio Nacional, Docentes Universitarios y Magistrados Judiciales, la tasa de sustitución oscila entre el 78% y el 100%, siempre que se cumplan los requisitos mínimos de 57 años de edad y 25 años de servicio. En el caso de las Fuerzas Públicas, la tasa parte del 50% con 20 años de servicio y puede llegar al 100% con 35 años de aporte”, precisó.

Asimismo, señaló que se propone un esquema de aporte obrero-patronal con un aumento del 16% al 19% para todos los cotizantes de la Caja Fiscal, además de un aporte específico del 3% por parte del Estado en su carácter de empleador. A esto se suma una base de cálculo homogénea, que considera el historial laboral de los últimos cinco años de salarios cotizados, criterio que ya se aplica en el programa civil, integrado por funcionarios administrativos, docentes y magistrados.

El proyecto de ley de reforma del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público, así como la presentación técnica realizada, se encuentran disponibles en el sitio web institucional del MEF: https://www.mef.gov.py/es/reforma-de-la-caja-fiscal.

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