Empresarios acusan a exempleada de apropiarse de negocio, equipamiento y clientela

Pío Daniel Espinoza Escalante y Alberto Daniel Espinoza Rubiani presentaron una denuncia penal por apropiación contra Blanca Soledad Garrido González, a quien acusan de haberse apoderado ilegítimamente del restaurante «El Patio Gourmet», ahora operando como «Sabores del Alma» en el tercer piso del Shopping Zuni de Ciudad del Este.

Según consta en la denuncia presentada el 2 de abril ante el Ministerio Público, Garrido ingresó al negocio a principios de 2023 como ayudante en el comedor, «cargando marmitas», y fue ganándose la confianza de los propietarios. A inicios de 2024, cuando el negocio fue trasladado al Shopping Zuni, los denunciantes le confiaron la administración del local con el objetivo de mejorar la atención al cliente.

Los empresarios afirman que posteriormente, «sin ninguna autorización», Garrido decidió cambiar el nombre del restaurante a «Sabores del Alma», apropiándose de la clientela formada, todos los equipamientos de cocina y comedor, así como de una motocicleta utilizada para delivery.

Como respaldo a su denuncia, los Espinoza presentaron documentos como patentes comerciales, facturas emitidas a clientes, la cédula verde del rodado que según ellos, hasta hoy es utilizado para entregas y contratos de locación.

Según manifestaciones de los denunciantes, intentaron evitar la denuncia penal recurriendo primero a la Oficina de Mediación del Poder Judicial, solicitando que se citara a Garrido para buscar un acuerdo comercial. Durante la audiencia convocada, Garrido no asistió personalmente, sino que fue representada por el abogado Milner Benítez, quien presentó dos copias autenticadas de facturas de la empresa «Green Castle» por valores de 18.500.000 y 10.400.000 guaraníes respectivamente, sosteniendo que la señora Garrido había pagado por todos los equipamientos e infraestructura del comedor.

Los denunciantes afirman categóricamente que estas son facturas habían sido «anuladas por su titular» y que «son de contenido falso», presuntamente completadas por la Lic. Rosalba Garay, contadora que actualmente trabaja con Garrido. De demostrarse que estos documentos fueron anulados y carecen de valor legal, esta situación podría constituir otro delito penal en contra de la denunciada.

En la denuncia, los afectados solicitan al fiscal que se constituya en el local «Sabores del Alma» para realizar un inventario de los bienes y disponer el secuestro judicial de aquellos elementos cuya propiedad legítima alegan les pertenece. También ofrecieron testimonios de ocho personas, incluidas algunas que supuestamente trabajan actualmente con la denunciada, y solicitaron la imputación y prisión preventiva de Blanca Soledad Garrido González.

El director general paraguayo de Itaipu, Justo Zacarías Irún, se reunió con representantes del consorcio ganador para el diseño del proyecto ejecutivo de la solución vial de la rotonda del Área 1 de Ciudad del Este. Acompañaron el encuentro técnicos de la Dirección de Coordinación de la Entidad, quienes fiscalizarán los trabajos.

Durante el recorrido por la futura zona de obras, los especialistas explicaron que actualmente se llevan a cabo los estudios de tránsito, tanto vehicular como peatonal, de modo a conocer la demanda real de la infraestructura existente en las horas pico.

Asimismo, se trabaja en el análisis del grado de saturación de la rotonda, con el objetivo de proponer alternativas de solución para la posterior elaboración del proyecto ejecutivo.

El equipo de la Dirección de Coordinación presentó al director general de la Entidad las diversas alternativas de solución vial, que incluyen propuestas innovadoras a desnivel con el uso de tecnologías avanzadas.

Por su parte, Zacarías Irún brindó algunas indicaciones a tener en cuenta durante la elaboración del proyecto e instó al equipo a trabajar en conjunto, de modo a obtener los resultados tendientes a mejorar el tránsito vehicular en la zona y otorgar mayor comodidad a los conductores.

La financiación del viaducto en la concurrida rotonda del Área 1 – San José, agilizará el tránsito de unos 70 mil vehículos que circulan de manera diaria en la zona, informó la Itaipu.

Este paso a desnivel ayudará a eliminar la congestión no solo en este cruce, sino también en su área de influencia, con énfasis en la Ruta PY07, abarcando a otras nueve intersecciones.

Reforzando las denuncias sobre la existencia de una «rosca fiscal» en Ciudad del Este, el fiscal adjunto Jorge Sosa ha vuelto a demostrar su respaldo incondicional al cuestionado fiscal Alcides Giménez Zorrilla. En un movimiento que ha generado indignación y sospechas, Sosa designó a Giménez como coadyuvante en la investigación de un caso que involucra la incautación de más de 211.000 dólares en efectivo, relacionados con el senador argentino Edgardo Darío Kueider. Esta polémica decisión llega en un contexto donde Giménez enfrenta graves acusaciones por el manejo irregular y corrupto de evidencias en su unidad fiscal.

Un patrón de protección sistemática

La designación de Giménez para este caso no es un hecho aislado, sino parte de un patrón sistemático de protección ejercido por el fiscal adjunto Sosa. En lugar de investigar las irregularidades denunciadas contra Giménez, el fiscal adjunto ha optado por otorgarle casos de alto perfil que, irónicamente, requieren un manejo intachable de evidencias. Este respaldo incondicional no solo pone en tela de juicio la ética del fiscal adjunto, sino que también refuerza las acusaciones de que ambos forman parte de un círculo interno que se protege y se beneficia mutuamente.

Antecedentes preocupantes: pruebas y denuncias desoídas

El historial de Alcides Giménez en el manejo de evidencias es alarmante. Hace apenas unos dias, un vehículo incautado en el marco de una investigación por homicidio apareció abandonado en el barrio San Miguel, tras ser utilizado de manera irregular por su asistente fiscal Héctor Ramón Villalba. Testigos relataron que Villalba, en estado de ebriedad, abandonó el automóvil, que contenía billetes, teléfonos celulares y documentos esparcidos, evidenciando un caos absoluto en el manejo de pruebas clave.

A pesar de estas denuncias respaldadas por informes oficiales, el fiscal adjunto Jorge Sosa ha ignorado deliberadamente la gravedad de la situación. En un giro controvertido, decidió designar a Giménez en un caso donde nuevamente deberá custodiar una considerable suma de dinero en efectivo. Este hecho plantea serias dudas sobre el manejo y el destino final de las evidencias incautadas.

El control estratégico de la investigación

Fuentes cercanas al caso afirman que, mientras el fiscal Edgar Benítez, aparentemente no alineado con el círculo del fiscal adjunto, figura como titular de la investigacion, por lo que el fiscal adjunto Jorge Sosa habría colocado a Giménez como el verdadero “guardián” del rumbo de la investigación. Esta maniobra garantizaría el control estratégico sobre las evidencias, especialmente los 211.000 dólares en cuestión, intensificando las sospechas de que las mismas podrían no llegar al destino judicial correspondiente.

La impunidad dentro del Ministerio Público

A la vez el fiscal adjunto tiene el blindaje y respaldo absoluto del fiscal general del estado Dr. Emiliano Rolón Fernández. En días recientes, durante una rotación general de fiscales adjuntos en el país, Sosa fue uno de los pocos que mantuvo su cargo intacto. Esto, a pesar de las múltiples denuncias y el desempeño sombrío de su gestión en Ciudad del Este, refuerza la percepción de que él mismo es un protegido de instancias superiores, lo que perpetúa una red de impunidad y corrupción.

La inacción del Jurado de Enjuiciamiento: cómplice del mal desempeño fiscal

Su omisión e inacción lo convierten en cómplice. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, órgano constitucional encargado de juzgar el desempeño de magistrados judiciales, agentes fiscales y defensores públicos por la presunta comisión de delitos o mal desempeño en sus funciones, tiene como deber garantizar el debido proceso y velar por la correcta administración de justicia, en defensa de los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, su silencio frente a las graves irregularidades cometidas por ciertos agentes fiscales, como en este caso, revela una preocupante falta de compromiso con su misión. Al no tomar cartas en el asunto, el Jurado no solo permite que estas malas actuaciones queden impunes, sino que también mina la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial, demostrando una complicidad pasiva que favorece la corrupción y la impunidad.

¿Quién garantiza el buen manejo de las evidencias?

El historial de Giménez y la persistente protección de Sosa plantean preguntas inevitables: ¿quién garantizará la correcta administración de las evidencias en este nuevo caso? ¿Qué destino tendrán los 211.000 dólares incautados? La aparente indiferencia hacia las denuncias públicas y los antecedentes de corrupción no solo comprometen la credibilidad del Ministerio Público, sino que también sugieren que la independencia y objetividad de la justicia en Ciudad del Este están profundamente erosionadas.

En este clima de desconfianza, la ciudadanía queda sin respuestas y con una certeza inquietante: la «rosca fiscal» sigue siendo el mayor obstáculo para la persecusion de los hechos punibles y el manejo eficiente de las evidencias en Ciudad del Este.