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Investigaciones

Gabinete de González Vaesken está compuesto por hombres con nefastos antecedentes, denuncian

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RADIO POSITIVA INVESTIGA (I)

El gabinete del gobernador de Alto Paraná, Roberto González Vaesken, cuestionado desde un principio, por estar conformado solamente por varones, ahora tiene otro ribete y mucho peor, teniendo en cuenta que está conformado por personas con nefastos antecedentes, según denuncias. Uno de sus integrantes, que ocupa la Secretaría de Hacienda, Antonio Duarte, guarda en su legajo destituciones por esconder evidencias en la Municipalidad de Ciudad del Este e imputación por extorsión y cohecho pasivo. En su defensa, Duarte dijo a Radio Positiva que, en ambos casos, fue sobreseído a falta de pruebas. Sin embargo, obtuvo dicha medida simplemente por extinción de la acción penal, según la denuncia.

Sin embargo, el secretario de Hacienda de la Gobernación, no dijo toda la verdad, ya que su caso fue finiquitado por extinción de la acción penal y no precisamente por demostrar su inocencia, según las denuncias.

De esta manera, el gabinete del gobernador Roberto González Vaesken está conformado por personas con nefastos antecedentes, como el caso de Duarte, que fue destituido de la Municipalidad de Ciudad del Este en el año 1999 por esconder evidencias, al igual que fue imputado por coima en el 2005.

Varias son las señales de incapacidad demostrada por el gobernador, como la integración de su gabinete, que lo conformó con personas que alguna vez tuvo inconvenientes con la Justicia Ordinaria.

Radio Positiva se hace eco de estas denuncias y pone a la luz pública, el curriculum nefasto de sus “elegidos” de confianza para administrar el dinero del pueblo en el décimo departamento.

En esta primera parte de la secuencia de publicaciones que Radio Positiva irá presentando a la opinión pública, daremos a conocer el antecedente de Antonio Duarte, uno de los “elegidos” de González Vaesken, para el cargo de las finanzas del gobierno departamental, como secretario de Hacienda.

PRIMER CASO – AÑO 1999

DESTITUIDO CON INHABILITACION PARA OCUPAR CARGOS PUBLICOS

El caso data del año 1999, cuando Antonio Duarte era funcionario del Departamento de Procesamiento de Datos (CPD) de la Municipalidad de Ciudad del Este. En este año, la Presidencia de la República ordenó la intervención de la municipalidad, nombrando a Rubén Miñarro como interventor. En esta ocasión, Antonio Duarte y Francisco Céspedes, fueron investigados por estar sospechados de hacer desaparecer o esconder datos que servirían para determinar responsabilidades de la administración intervenida.

En el proceso del sumario administrativo se demostró la culpabilidad de los sospechados y, el interventor municipal, Lic. Rubén Miñarro, resolvió disponer la DESTITUCIÓN, CON INHABILITACIÓN PARA OCUPAR CARGOS PÚBLICOS POR DOS AÑOS de los funcionarios ANTONIO DUARTE y FRANCISCO CÉSPEDES, según los documentos.

SEGUNDO CASO – AÑO 2005

IMPUTADO POR EXTORSIÓN

En setiembre de 2005, la Dirección de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Ciudad del Este, a cargo de Antonio Duarte, fue allanada por el fiscal de la unidad uno, abogado Alfredo Acosta Heyn, en busca de evidencias en relación a un hecho de EXTORSIÓN Y COHECHO PASIVO.

Según relato de nuestra fuente, el señor Antonio Duarte, al percatarse de la presencia fiscal, se dirigió al sanitario, arrojando por la ventana del mismo, unos fajos de dinero, producto de la supuesta extorsión, al patio de la Junta Municipal, espacio colindante a la oficina de Defensa del Consumidor. En dicho acto el fiscal ordenó su detención que, luego el juez de la causa dispuso su prisión domiciliaria.

Según consta en archivo, Antonio Duarte fue sindicado como la cabeza de una gavilla de funcionarios municipales que se dedicaban a extorsionar a los empresarios desde la Dirección a su cargo.

La carpeta fiscal está identificada como causa Nro. 4695/05 “ANTONIO DUARTE INSFRÁN Y LUIS LÓPEZ MORINIGO S/ HECHO PUNIBLE CONTRA EL PATRIMONIO Y EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS (EXTORSIÓN Y COHECHO PASIVO).

Según el acta Nro. 82 obrante en la causa fiscal mencionada, el fiscal Acosta Heyn, en base a las sospechas fundadas en las evidencias recolectadas en el proceso investigativo, resolvió imputar al ciudadano ANTONIO DUARTE INSFRÁN, hoy “flamante” secretario de Hacienda de la Gobernación del departamento del Alto Paraná.

Suponemos que el señor gobernador no tenía conocimiento del antecedente nefasto de su Secretario de Hacienda, el cargo de mayor confianza de la institución departamental, atendiendo a que es la secretaría encargada en administrar las finanzas de la gobernación.

“LIMPIO”

En su defensa, Antonio Duarte refirió que, en ambos casos, se le puso una trampa y alegó que su foja está “limpia”. “Yo fui sobreseído, mis antecedentes judiciales y policiales están limpios. No tengo deuda con la Justicia ni con nadie. En ambos casos fue una trampa. En el primero por una denuncia inventada por el sindicato de la Municipalidad, SITRAMUDE y, en el segundo, fue una persecución orquestada por Magno Álvarez contra mi persona. Yo logré demostrar mi inocencia y prueba de ello es que, tras la demanda que entablé a la municipalidad, ahora me tiene que pagar 1.300 millones de guaraníes en concepto de indemnización y salario caído”, dijo.

Sin embargo, Duarte solo dijo medias verdades, ya que, en el litigio judicial del 2005, no demostró su inocencia, sino que, por extinción de la acción penal y el caso quedó cerrado, según la denuncia.

Radio Positiva en su afán de acercar a sus oyentes y lectores la información veraz y precisa, actuando de manera objetiva e independiente y no aceptando presión alguna de nadie, mañana continuará con la exposición de los antecedentes de otro “flamante secretario de confianza” del gobernador Roberto González Vaesken.

Mañana

Investigación Positiva (II)

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Investigaciones

Embargado y bajo investigación: pseudo periodista acorralado por evasión millonaria

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El Juzgado Civil y Comercial del vigésimo sexto turno de la capital dictó el embargo ejecutivo sobre los bienes de Amado Emategui Casco, quien funge como dueño de la página digital “CDE HOT”, tras confirmarse una millonaria deuda tributaria con el Estado. Según documentos oficiales, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) le aplicó ajustes de IVA y multas que superan los 219 millones de guaraníes, a raíz de declaraciones fraguadas con el objetivo de evadir impuestos. La falta de pago derivó en un juicio ejecutivo de cobro, donde la magistrada Abogada Patricia Gamarra Torres  dispuso el mandamiento de intimación de pago y el embargo de bienes, por lo que Emategui ya se encuentra condenado civilmente al pago del millonario fraude fiscal.

 

El “ajuste de IVA” aplicado por la DNIT significa que se constataron omisiones e inconsistencias en sus declaraciones impositivas, lo cual en la práctica constituye evasión. El Código Penal paraguayo establece en sus artículos 261 y 262 que la evasión tributaria, ya sea parcial o total, constituye delito con penas de hasta diez años de prisión cuando se trata de sumas de gran cuantía o de maniobras fraudulentas. Por el principio de prejudicialidad administrativa, corresponde que la DNIT remita los antecedentes al Ministerio Público, de manera que la Fiscalía investigue si la conducta de Emategui Casco configura también un hecho punible penal.

 

Fuentes cercanas al proceso señalaron que, al tener conocimiento del inminente embargo, el pseudo periodista habría transferido sus bienes a nombre de terceros con el fin de eludir la acción judicial. De confirmarse, esta maniobra podría encuadrar en el delito de frustración de la ejecución, previsto en el artículo 177 del Código Penal, que contempla penas de hasta tres años de cárcel. A ello se suma la denuncia de inversionistas que lo acusan de haberse apropiado indebidamente de la página CDE HOT en perjuicio de sus socios originales, entre los cuales se encontraría una reconocida contadora de la región.

 

Mientras se presenta públicamente como un supuesto comunicador y pretende erigirse en defensor de la transparencia, la realidad lo expone como evasor de impuestos, con deudas millonarias con el Estado, maniobras sospechosas de ocultamiento patrimonial y una condena civil firme por evasión impositiva. Este caso evidencia la necesidad urgente de que la justicia y la Fiscalía actúen con firmeza, para demostrar que nadie está por encima de la ley, mucho menos quienes se disfrazan de periodistas o manejan paginas de facebook para encubrir prácticas fraudulentas.

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Investigaciones

Cambios Yrendague nuevamente en la lupa del Ministerio Público en la investigación del caso Messer

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El Ministerio Público de Paraguay días atrás ha conformado un nuevo equipo de trabajo para investigar las causas relacionadas con el «doleiro» Darío Messer, acusado de lavado de dinero y otros delitos financieros en una investigación transnacional. Entre las empresas que podrían estar involucradas en el blanqueo de los ingresos ilícitos de Messer se encuentran las casas de cambio, como Cambios Yrendague y Fe Cambios.

Es importante destacar que el equipo anterior designado por la extitular del Ministerio Público, Sandra Quiñónez, ha sido barrido debido a su inacción en las investigaciones relacionadas con Messer. Los fiscales Osmar Legal, Liliana Alcaraz y María Estefanía González eran los encargados de las causas relacionadas con Messer.

Llama poderosamente la atención que las casas de cambios Yrendague y Fe Cambios, hayan sido allanadas más de un año y medio después de que se sospechara que estas empresas estaban involucradas en el blanqueo de activos del señor Messer.

En el caso Cambios Yrendague, siendo sujeto obligado, permitió que el señor Darío Messer pueda operar realizando trasferencias y arbitrajes de su dinero de origen dudoso, permitiendo así a Messer operar moviéndose libremente sin control alguno, ya sea por omisión, acción u otro motivo, burlarse de los órganos de control.

Lucas Mereles, presidente de casa de Cambios Yrendague, tenía una relación comercial directa con Darío Messer. Mencionado inclusive en la investigación Lava Jato como un eslabón de las operaciones en Paraguay. Presentó un cheque a la Camara Bicameral de Investigación como instrumento de pago por un arbitraje de USD. 150.000, realizado supuestamente por Cambios Yrendague y Darío Messer, pero en realidad no existió dicha operación de cambios. Según concluye una investigación de la CBI.

El nuevo equipo de trabajo que conformó el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, se encargará de investigar las causas relacionadas con el lavado de dinero y otros delitos financieros imputados a Messer y sus colaboradores, y se espera que puedan esclarecer los hechos relacionados con la estructura de lavado de dinero transnacional y avanzar en la investigación de las casas de cambio involucradas.

Las causas relacionadas con Messer son: la causa penal N.º 4/2018, la causa penal N.º 15/2022, la causa penal N.° 314/2018, la causa penal N.º 02/2022, la causa penal N.º 7510/2021 y la causa penal N.° 5/2022, todas paralizadas hasta el momento.

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PCC realiza culto a la facción, libremente en la cárcel de CDE

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Esta tarde a las 14 horas aproximadamente, unos 100 reos de la cárcel regional de Ciudad Del Este miembros recientemente bautizados del PCC estaban realizando un culto de alabanza a dicha facción en el patio de la institución en cuestión.

Según datos revelados desde el interior del penal, en horario de deporte los mencionados reclusos formaron un círculo donde la reunión primero inició con un padre nuestro seguido de cantos y loas al grupo criminal Primer Comando de la Capital y que duró por un largo rato.

La mayoría de los que forman parte del grupo actualmente dentro del penal en cuestión son nuevos miembros quienes fueron bautizados ya en la Correccional no hace mucho.

Todo el «ritual» se realizó ante la atenta mirada de los guardicarceles con la aprobación del jefe propio director de la institución Abogado Alberto Ramón Orella Notario, además con la anuencia del coordinador general Gilberto Fariña y el jefe de seguridad Juan Carlos Ojeda.

Según Fuentes, los soldados del PCC prácticamente hacen lo que quieren dentro del penal ya que estarían siendo protegidos por las autoridades a cambio de fuertes sumas de dinero y el tipo de «culto» llevado a cabo hoy es «normal» para todos quienes están dentro.

Además, la versión indica así mismo, que el mencionado grupo criminal había concretado una «negociación» con la administración de la Cárcel para adueñarse sus miembros de dos pabellones que serían los denominados «B» baja y «C alta», es decir, que esos lugares les pertenecen pues lo habrían comprado, acorde a los datos.

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