El Ministerio de Justicia destacó los avances concretados en el actual Gobierno hacia la transformación del sistema penitenciario y la adopción de un nuevo modelo de gestión de los centros de reclusión, basado en estándares que contribuyan al cumplimiento de la finalidad constitucional de la pena.
Dentro de este proceso la acción más resaltante ha sido la construcción de tres nuevos centros penitenciarios, con una capacidad total de 3.960 plazas, los cuales están en etapas finales de equipamiento.
Estos centros se ubican en la ciudad de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná, y dos en la ciudad de Emboscada, departamento de Cordillera, y una vez que entren en operación brindarán mejores las condiciones de reclusión y fomento a la rehabilitación de los privados de libertad.
Actualmente, se trabaja en el proceso de equipamiento de la Penitenciaría en Minga Guazú, y el Lote 2 ya se encuentra terminado. Las obras en Emboscada se encuentran en una fase avanzada, con un progreso del 95%, informó el Ministerio de Justicia.
De cara a su entrada en funcionamiento, el pasado mes de febrero se firmó un convenio entre el Ministerio de Justicia y la Fundación Parque Tecnológico Itaipú, con el fin de dotar a la nueva penitenciaría de Minga Guazú de sistemas tecnológicos y equipamientos que permitan operacionalizarla con un alto grado de confiabilidad y seguridad.
Dentro de las acciones previstas, se incluirá la instalación de una Plataforma de Seguridad Penitenciaria que brindará soporte a la operación y supervisión eficiente del centro.
También se implementará un Sistema de Provisión de Agua para garantizar el suministro de agua potable y se instalarán equipamientos, equipos y mobiliarios necesarios.
Nuevo modelo de gestión penitenciaria
Además de la inversión edilicia, el Ministerio de Justicia impulsa un cambio de paradigma en la forma de gestionar los centros penitenciarios del país. Con ello se busca implementar normas específicas para ejercer la organización, el control y la vigilancia de los privados de libertad, basados en principios generales para la convivencia armónica dentro de los módulos.
Estas normas establecerán las obligaciones y derechos de los condenados que cumplirán sus penas privativas de libertad en estos nuevos centros, asegurando el respeto a la dignidad humana.
El proceso de gestión y organización de este Nuevo Modelo está siendo liderado por el Viceministerio de Política Criminal y la Dirección General de Planificación y Desarrollo Institucional.
Se pretende que este enfoque esté fundado en procesos y procedimientos escritos y previamente acordados, marcando una diferencia drástica con el modelo de gestión de los actuales centros penitenciarios.
De esta manera, se podrá lograr una efectiva implementación de los requerimientos internacionales y nacionales en el contexto de encierro, con el objetivo de erradicar la ociosidad y las prácticas de corrupción que han afectado el cumplimiento de la finalidad constitucional de la pena.
Así también, el Instituto Técnico Superior de Formación y Educación Penitenciaria (ITSFEP), reconocido por el Ministerio de Educación y Ciencias, ha puesto en marcha una serie de acciones para capacitar a los futuros operadores de formación y profesionalidad en el ámbito penitenciario.
Con el objetivo de erradicar prácticas negativas arraigadas en el sistema actual, el ITSFP se enfoca en formar personal altamente capacitado, dejando atrás el viejo sistema de incorporación de agentes que carecían de la preparación necesaria para ejercer el cargo.
En este sentido, contar con nuevos agentes bien capacitados es esencial para reducir el alto índice de corrupción presente en el sistema penitenciario.
