Reforzando las denuncias sobre la existencia de una «rosca fiscal» en Ciudad del Este, el fiscal adjunto Jorge Sosa ha vuelto a demostrar su respaldo incondicional al cuestionado fiscal Alcides Giménez Zorrilla. En un movimiento que ha generado indignación y sospechas, Sosa designó a Giménez como coadyuvante en la investigación de un caso que involucra la incautación de más de 211.000 dólares en efectivo, relacionados con el senador argentino Edgardo Darío Kueider. Esta polémica decisión llega en un contexto donde Giménez enfrenta graves acusaciones por el manejo irregular y corrupto de evidencias en su unidad fiscal.

Un patrón de protección sistemática

La designación de Giménez para este caso no es un hecho aislado, sino parte de un patrón sistemático de protección ejercido por el fiscal adjunto Sosa. En lugar de investigar las irregularidades denunciadas contra Giménez, el fiscal adjunto ha optado por otorgarle casos de alto perfil que, irónicamente, requieren un manejo intachable de evidencias. Este respaldo incondicional no solo pone en tela de juicio la ética del fiscal adjunto, sino que también refuerza las acusaciones de que ambos forman parte de un círculo interno que se protege y se beneficia mutuamente.

Antecedentes preocupantes: pruebas y denuncias desoídas

El historial de Alcides Giménez en el manejo de evidencias es alarmante. Hace apenas unos dias, un vehículo incautado en el marco de una investigación por homicidio apareció abandonado en el barrio San Miguel, tras ser utilizado de manera irregular por su asistente fiscal Héctor Ramón Villalba. Testigos relataron que Villalba, en estado de ebriedad, abandonó el automóvil, que contenía billetes, teléfonos celulares y documentos esparcidos, evidenciando un caos absoluto en el manejo de pruebas clave.

A pesar de estas denuncias respaldadas por informes oficiales, el fiscal adjunto Jorge Sosa ha ignorado deliberadamente la gravedad de la situación. En un giro controvertido, decidió designar a Giménez en un caso donde nuevamente deberá custodiar una considerable suma de dinero en efectivo. Este hecho plantea serias dudas sobre el manejo y el destino final de las evidencias incautadas.

El control estratégico de la investigación

Fuentes cercanas al caso afirman que, mientras el fiscal Edgar Benítez, aparentemente no alineado con el círculo del fiscal adjunto, figura como titular de la investigacion, por lo que el fiscal adjunto Jorge Sosa habría colocado a Giménez como el verdadero “guardián” del rumbo de la investigación. Esta maniobra garantizaría el control estratégico sobre las evidencias, especialmente los 211.000 dólares en cuestión, intensificando las sospechas de que las mismas podrían no llegar al destino judicial correspondiente.

La impunidad dentro del Ministerio Público

A la vez el fiscal adjunto tiene el blindaje y respaldo absoluto del fiscal general del estado Dr. Emiliano Rolón Fernández. En días recientes, durante una rotación general de fiscales adjuntos en el país, Sosa fue uno de los pocos que mantuvo su cargo intacto. Esto, a pesar de las múltiples denuncias y el desempeño sombrío de su gestión en Ciudad del Este, refuerza la percepción de que él mismo es un protegido de instancias superiores, lo que perpetúa una red de impunidad y corrupción.

La inacción del Jurado de Enjuiciamiento: cómplice del mal desempeño fiscal

Su omisión e inacción lo convierten en cómplice. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, órgano constitucional encargado de juzgar el desempeño de magistrados judiciales, agentes fiscales y defensores públicos por la presunta comisión de delitos o mal desempeño en sus funciones, tiene como deber garantizar el debido proceso y velar por la correcta administración de justicia, en defensa de los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, su silencio frente a las graves irregularidades cometidas por ciertos agentes fiscales, como en este caso, revela una preocupante falta de compromiso con su misión. Al no tomar cartas en el asunto, el Jurado no solo permite que estas malas actuaciones queden impunes, sino que también mina la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial, demostrando una complicidad pasiva que favorece la corrupción y la impunidad.

¿Quién garantiza el buen manejo de las evidencias?

El historial de Giménez y la persistente protección de Sosa plantean preguntas inevitables: ¿quién garantizará la correcta administración de las evidencias en este nuevo caso? ¿Qué destino tendrán los 211.000 dólares incautados? La aparente indiferencia hacia las denuncias públicas y los antecedentes de corrupción no solo comprometen la credibilidad del Ministerio Público, sino que también sugieren que la independencia y objetividad de la justicia en Ciudad del Este están profundamente erosionadas.

En este clima de desconfianza, la ciudadanía queda sin respuestas y con una certeza inquietante: la «rosca fiscal» sigue siendo el mayor obstáculo para la persecusion de los hechos punibles y el manejo eficiente de las evidencias en Ciudad del Este.

La compra de una camioneta de Jairo Gesing (Jairo Equipamientos) terminó siendo un infierno para Blas Valerio Mareco, quien se convirtió en la última víctima del “exitoso empresario” Jairo Gesing, conocido en la ciudad por su ostentosa vida y sus constantes alardes de tener «contactos poderosos». Sin embargo, tras la denuncia penal de Mareco, su fachada de hombre de negocios exitoso se desploma para revelar un oscuro modus operandi de engaños y estafas.

La historia comienza cuando Mareco decidió comprar una camioneta Chevrolet S10 LTZ, con la que soñaba desde hacía años. Según documentos, Gesing le aseguró que el vehículo estaba libre de deudas y listo para ser transferido. El comprador pagó los $33,000 acordados, a cuotas, incluso asumiendo costos adicionales de mantenimientos y trámites de rigor. Sin embargo, la pesadilla inició cuando, Mareco pagó todo por su camioneta y a pesar de haber cumplido con todos los pagos, la transferencia nunca se concretó. Jairo sabía muy bien que el vehículo tenía deudas previas y no podía ser transferido, eso se pudo evidenciar con el contrato de compra que el vendedor le firmó, quien hizo constar en el contrato que el debe aun por esa camioneta y que va a seguir pagando hasta junio del 2022, información que Jairo escondió a su víctima.
El señor Mareco ya pagó la totalidad del monto al señor Jairo en diciembre de 2020. Sin embargo, en esa fecha no era posible realizar la transferencia de la camioneta, ya que aún estaba sujeta a una deuda pendiente con Gilson. Esta situación constituye una estafa, puesto que el señor Mareco nunca habría adquirido un vehículo que no podría transferir a su nombre cuando pagase todo. Si esta verdad no hubiera sido ocultada por Jairo Gesing, el señor Mareco jamás habría caído en su engaño no se habría despojado de 33.000 dólares. Según consta en la denuncia penal.

Tras meses de insistencia y múltiples viajes a Santa Rita y otras ciudades, Mareco descubrió la cruda verdad: la camioneta no solo estaba aún con deuda, sino que tenía embargos en su contra debido a problemas financieros del dueño original, Gilson Peters. Jairo Gesing de Jairo Equipamientos de Santa Rita vendió la camioneta mintiendo y sin revelar al comprador (su cliente) que existía una deuda de larga data entre los propietarios anteriores, una deuda que impediría cualquier transferencia legal del bien.
Jairo Gesing estaba perfectamente enterado de que no se podia transferir, porque el vehículo aun se seguía pagando, aun así engaño al comprador para despojarlo de 33.000 Dólares Americanos.

Gesing involucró en el proceso a una supuesta «escribana» llamada Sandra Casco, quien, tras una investigación, resultó ser simplemente una gestora sin autorización notarial real. Esta persona, relacionada con un escribano registrado en Santa Rita que comparte su apellido, junto a Jairo, mantuvo a Mareco en una constante espera, justificando la falta de documentos con excusas absurdas y constantes cambios de fecha. Para calmar al comprador, lo llevaron a la Escribanía Casco en Santa Rita, donde le hicieron firmar una supuesta escritura pública de transferencia. Sin embargo, cuando Mareco se presentó en la escribanía para preguntar por su título, le informaron que no había ninguna escritura tramitada a su nombre. Esto alarmó aún más al comprador, quien inició una investigación y descubrió que el documento que le hicieron firmar no era de esa escribanía, era de una escribana con registro notarial de Campo 9, departamento de Caaguazú. El engaño fue permanente. Finalmente, tras la última promesa incumplida, el estafado decidió llevar el caso a la fiscalía.

Gesing deberá presentarse ante la fiscalía de Ciudad del Este para prestar declaración indagatoria como sospechoso de cometer el delito de estafa contra Blas Mareco. A pesar de las chicanas que presenta el seudoempresario, el Ministerio Público, ya cuenta con pruebas irrefutables, como contratos, recibos, screenshot de conversaciones, declaraciones, y debe de imputarlo formalmente en los próximos días y llevarlo a juicio oral, donde Mareco y otras posibles víctimas claman por una condena ejemplar. Según fuentes cercanas al caso.
Jairo se ha jactado de sus influencias, asegurando que es mucho mas barato arreglar con los fiscales y jueces y dejar a los clientes con el perjuicio, supuestamente esta presunta red de conexiones con políticos, fiscales y jueces la que, hasta ahora, lo ha mantenido libre de consecuencias.

Gesing se presenta como un próspero empresario en Santa Rita, pero detrás de esa fachada brillante se esconde una realidad sombría. Mareco no sería la única víctima de sus maniobras. Según fuentes, otros han sufrido pérdidas millonarias, pero el temor y la desconfianza en el sistema de justicia los ha mantenido en silencio.

No es la primera vez que un «empresario exitoso» deja un tendal de víctimas financieras en esta región del país. Al parecer, los engaños y estafas de supuestos hombres de negocios se repiten cíclicamente, como ya ocurrió con la empresa Agrícola Colonial, propiedad de otro “destacado empresario”, Jaime Aloisio Hammes, cuyo nombre también está asociado a casos de estafa y un centenar de familias perjudicadas.
Las víctimas de Jairo Gesing esperan que esta vez que el ministerio público y el poder judicial actúen con transparencia y sin influencias, llevando el caso a juicio para que este «empresario» reciba la condena que merece.
La investigación fiscal esta a cargo del agente Fiscal Alcides Giménez, de la unidad penal No. 9.
Este caso promete desenmascarar a un hombre que, aparentemente, se aprovechó de la buena fe de sus clientes, embaucándolos con promesas falsas y valiéndose de una supuesta red de contactos para eludir la justicia.

La intervención fue realizada por funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), conjuntamente con el Ministerio Público y la Policía Nacional, en una residencia ubicada en el Area 8 de Ciudad del Este, Alto Paraná.

En el lugar se constató que se utilizada el suministro eléctrico de baja tensión para la criptominería, que representa un perjuicio patrimonial estimado en G. 126.958.128 para la ANDE.

Durante el allanamiento presidido por el fiscal Alcides Giménez, fue verificado el suministro NIS 1839603, que permitió constatar una conexión directa antes del medidor, oculta en la mampostería, mediante un sistema trifásico con conductores de aluminio de una residencia donde se dedicaban a la criptominería.

Esta irregularidad detectada representa un daño patrimonial estimado en Gs. 126.958.128, que deberá ser abonado por los responsables junto con los costos de intervención y las sanciones previstas en la Ley N° 966/64.

Del lugar fueron incautados 10 procesadores de criptominería en funcionamiento,  conductores de acometida y tableros eléctricos que fueron trasladados al depósito de la Ande en Ciudad del Este,  todos a disposición del fiscal interviniente.

Así también, la Ande presentó una denuncia ante la Fiscalía Penal N° 1 de Ciudad del Este (Causa N° 15987/24) por el delito de sustracción ilegal de energía eléctrica, conforme a la Ley N° 7300/2024, que protege la integridad del sistema eléctrico, permite la incautación de bienes asociados a este delito y modifica el artículo 173 de la Ley N° 1160/1997 del Código Penal.

Se recuerda a la ciudadanía que de acuerdo con la Ley N° 7300/24, el robo de energía eléctrica en media y baja tensión, así como el uso de esta para actividades como la criptominería, está clasificado como delito, con penas de hasta 10 años de cárcel. La Ande insta a la población a denunciar este tipo de delitos de manera confidencial a través de su sitio web institucional (www.ande.gov.py) o la aplicación «MI ANDE».