El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) anunció que la veda pesquera 2026-2027 comenzará el próximo 2 de noviembre, con el objetivo de proteger las especies ictícolas durante su periodo de reproducción. Según informó a Radio Nacional San Pedro el director de Pesca del MADES, Ing. Adán Leguizamón, la prohibición en aguas compartidas con Argentina se extenderá hasta el 20 de diciembre, mientras que en las aguas compartidas con Brasil regirá hasta el 31 de enero de 2027.

Durante este periodo estará prohibida la pesca embarcada, tanto deportiva como comercial, además del uso de artes de pesca y el transporte y la comercialización de productos pesqueros, conforme a las disposiciones vigentes. Las autoridades anunciaron estrictos controles para garantizar el cumplimiento de la medida y advirtieron que las infracciones estarán sujetas a sanciones y multas.

La normativa contempla una excepción para la pesca de subsistencia, que podrá realizarse únicamente desde las riberas, utilizando anzuelo, liñada o caña, con o sin reel, por pescadores ribereños con licencia comercial. Cada pescador podrá extraer hasta cinco kilogramos de pesca variada, con excepción de especies como surubí, manguruyú, dorado y pacú. No estará permitido utilizar embarcaciones ni comercializar los productos obtenidos mediante esta modalidad.

Por otra parte, los acopiadores y comercializadores, como pescaderías, supermercados, restaurantes y comedores inscriptos en el Registro Nacional de Pesca y Pescadores, deberán presentar una declaración jurada de stock ante la Dirección de Pesca y Acuicultura, según los plazos establecidos en la normativa correspondiente.

Los productos declarados podrán comercializarse durante un máximo de diez días corridos para agotar las existencias. Asimismo, estará prohibida la venta y el traslado de carnadas vivas destinadas a la pesca deportiva y comercial. La Dirección de Pesca y Acuicultura y la Dirección de Fiscalización Ambiental Integrada serán responsables de los controles y la vigilancia durante la veda.

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) informó sobre una serie de medidas adoptadas en el marco de las investigaciones relacionadas con títulos y documentación irregular, con el objetivo de fortalecer la transparencia y garantizar la legalidad en el sistema educativo.

Según informó el ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, fueron anuladas 108 matrículas de profesionales de la Educación que no forman parte del sector público. Asimismo, se dispuso la apertura de 12 sumarios administrativos a funcionarios públicos con títulos irregulares.

A estas medidas se suman 4 sumarios adicionales contra personas que habrían accedido a aumentos salariales mediante la presentación de documentos fraudulentos.

Ramírez explicó que, en el caso de los funcionarios públicos, corresponde la instrucción de un proceso sumarial para determinar las responsabilidades y avanzar, de corresponder, con la anulación de las matrículas.

“Estamos trabajando para transparentar”, señaló el ministro, al remarcar la importancia de garantizar la calidad y legalidad de la formación universitaria y evitar que la obtención irregular de títulos perjudique al sistema educativo y al país.

El MEC afirmó que continuará con las investigaciones y la adopción de las medidas correspondientes ante los casos detectados.

Las tareas de asistencia a las familias afectadas por la crecida del río Paraná prosigue a través de la Entidad Binacional Itaipú, en distintos barrios de Ciudad del Este. Comisión Especial de Crecidas (CEC) de la Binacional informó que el cauce registra un descenso gradual, sin embargo, insta a las familias anegadas a mantenerse prudentes y alertas ante eventuales repuntes.

Por otro lado, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), prosigue este viernes con la evaluación de daños y necesidades en la compañía Santa Rita, distrito de San Ignacio, departamento de Misiones, para relevar las afectaciones ocasionadas por la inundación súbita e identificar las necesidades de las familias damnificadas.

En el último registro, el río Paraná alcanzó los 116,81 metros sobre el nivel del mar (msnm). La evolución posterior del nivel del río deberá seguirse mediante los reportes hidrológicos oficiales para determinar la continuidad del descenso y su incidencia en las áreas afectadas por las inundaciones.

El monitoreo hidrometeorológico realiza la División de Estudios Hidrológicos y Energéticos de la Dirección Técnica de la Binacional , en atención a las lluvias que se están registrando y ante el pronóstico previsto para los siguientes días, en coordinación con organismos gubernamentales de Paraguay y Brasil.

Las personas trasladadas a lugares seguros deben permanecer mientras persista el riesgo y la Entidad recomienda a los pobladores de Ciudad del Este y de otras localidades de la región, mantenerse atentos y consultar el Boletín Hidrológico, disponible diariamente en el sitio web www.itaipu.gov.py.

La gestión del embalse y operación de la central hidroeléctrica de la Entidad Binacional contribuye a regular el caudal del río Paraná dentro de sus límites operativos. No obstante, el eventual aumento del caudal del río Iguaçu de Brasil puede provocar un efecto de remanso en la confluencia con el Paraná, dificultar el escurrimiento y contribuir a elevar el nivel del río en la zona, advierte la Entidad Binacional.

SEN evalua daños y entrega asistencia humanitaria tras inundación súbita en Misiones

El Gobierno del Paraguay, a través de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), desplegó trabajos de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) en la compañía Santa Rita, distrito de San Ignacio, departamento de Misiones, para relevar las afectaciones ocasionadas por la inundación súbita e identificar las necesidades de las familias damnificadas.

De manera complementaria, los equipos de la SEN brindaron asistencia a las familias afectadas, con apoyo de la Municipalidad de San Ignacio y la Gobernación de Misiones.

Las tareas de EDAN continúan este viernes, a fin de ampliar el relevamiento y contar con información precisa para orientar las acciones de respuesta del Estado ante la emergencia.