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HRW denuncia abusos en Colombia contra civiles colombianos y venezolanos

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Grupos armados han cometido abusos aberrantes contra civiles colombianos y venezolanos en su disputa por el control territorial en el Catatumbo, en el noreste de Colombia, señaló Human Rights Watch en un informe difundido el jueves.

El informe de 69 páginas, “La guerra en el Catatumbo: Abusos de grupos armados contra civiles colombianos y venezolanos en el noreste de Colombia”, documenta asesinatos, desapariciones, crímenes de violencia sexual, reclutamiento de niños como soldados y desplazamientos forzados cometidos por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y un grupo que surgió de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Los grupos armados intentan controlar a la población a través de amenazas, incluso contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Varios de ellos han sido asesinados. Las víctimas de estos aberrantes abusos incluyen a venezolanos que huyen de la emergencia humanitaria en su país.

A más de dos años del acuerdo de paz que puso fin a más de 50 años de conflicto armado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), otros grupos armados luchan por el control de muchas zonas rurales anteriormente controladas por las FARC.

Estos grupos han convertido a la región del Catatumbo, próxima a la frontera con Venezuela, en una de las más violentas del país. Según Human Rights Watch desde 2015, los homicidios en Catatumbo se han duplicado. Los grupos armados han cometido desapariciones, crímenes de violencia sexual y reclutado a menores para usarlos como soldados. Más de 40.000 personas han sido desplazadas.

Al menos 25.000 venezolanos viven en el Catatumbo

Muchos venezolanos desesperados, y a menudo indocumentados, que cruzan la frontera a Colombia en busca de alimentos, medicinas y trabajo están expuestos a los abusos que ocurren en el contexto del conflicto armado que persiste en Colombia. Al menos 25.000 venezolanos viven en el Catatumbo, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA).

El informe de Human Rights Watch se basa en una investigación realizada en el Catatumbo en abril de 2019, donde se entrevistó a más de 80 personas, incluidas víctimas de abusos, sus familiares, líderes sociales, representantes eclesiásticos, funcionarios de derechos humanos, autoridades locales, funcionarios judiciales y miembros de organizaciones humanitarias y de derechos humanos que trabajan en la zona. Algunas entrevistas se realizaron en Cúcuta, la capital del departamento de Norte de Santander, y otras telefónicamente.

Las cifras gubernamentales indican que más de 40.000 personas han sido desplazadas de sus hogares en el Catatumbo desde 2017, la mayoría durante 2018. Si bien los enfrentamientos entre el ELN y el EPL causaron la mayor parte de los desplazamientos en 2018, los enfrentamientos entre estos grupos y la fuerza pública colombiana parecen ser la principal causa en 2019.

Los grupos armados también son responsables del reclutamiento de niños y niñas desde los 12 años en el Catatumbo. En ocasiones, los niños y niñas son forzados a sumarse a un grupo armado después de que miembros del grupo amenazan con matarlos a ellos o a sus familias. En otras ocasiones, lo hacen por promesas de dinero.

HRW critica respuesta de autoridades colombianas

Human Rights Watch dice que la respuesta de las autoridades colombianas a la situación en el Catatumbo no cumple con las obligaciones internacionales de proteger y reivindicar los derechos de los civiles que son víctimas del conflicto entre grupos armados o sufren graves abusos por parte de estos.

En su informe Human Rights Watch recomienda entre otras cosas al gobierno de Colombia, del presidente Iván Duque que para evitar que se comentan abusos, proteger a la población en riesgo y promover la rendición de cuentas.

También recomienda al Fiscal General de Colombia aumentar la cantidad de investigadores y fiscales en el Catatumbo que trabajan en casos de desplazamiento forzado, “desaparición forzada”, violencia sexual, reclutamiento de menores, amenazas a defensores de derechos humanos y otros abusos graves relacionados con el conflicto armado.

Fuente: https://www.voanoticias.com/a/hrw-denuncia-abusos-en-colombia-contra-civiles-colombianos-y-venezolanos/5032650.html

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Peña felicita compromiso cívico de la ciudadanía argentina en elecciones legislativas

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El presidente de la República, Santiago Peña, felicitó al pueblo argentino por la jornada electoral del domingo en que se eligieron diputados y senadores. El partido la Libertad Avanza, del mandatario Javier Milei, obtuvo una importante victoria a nivel nacional.

 

En un mensaje en el que Peña expresa sus felicitaciones, el mandatario paraguayo afirmó que as elecciones legislativas celebradas fortalecen el proceso democrático y reflejan el compromiso cívico de la ciudadanía argentina.

«Confiamos en que, a partir de estos resultados y mediante el diálogo constructivo, el Congreso de la hermana Nación sabrá encontrar los consensos necesarios para impulsar las reformas que contribuyan al bienestar y desarrollo del país», dijo Peña.

A nivel nacional, La Libertad Avanza recibió más de 9,3 millones de votos, casi el 41% de los emitidos. Con estos resultados, el partido oficialista ganó 64 bancas en la cámara de Diputados, y 13 en Senadores.

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Trump impone aranceles del 50% a Brasil y dice que las acciones del gobierno de Lula suponen «una amenaza inusual y extraordinaria» para EE.UU.

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La Casa Blanca impuso el miércoles aranceles del 50% a Brasil en respuesta a lo que calificó como una «amenaza inusual y extraordinaria» a Estados Unidos por parte del gobierno del país sudamericano.

 

La orden ejecutiva firmada por presidente Trump dice que «las políticas, prácticas y acciones del gobierno de Brasil amenazan la seguridad nacional, la política exterior y la economía de los Estados Unidos» y en consecuencia, declara una «emergencia nacional con respecto a dicha amenaza».

El documento también acusa a miembros del gobierno de Brasil de «infringir» la libertad de expresión y «violar derechos humanos».

Trump había anunciado el 9 de julio que gravaría a los productos brasileños que entran a EE.UU. con un arancel del 50%, vinculando esa medida directamente a lo que definió como una «caza de brujas» contra el expresidente Jair Bolsonaro.

Así también, Washington anunció nuevas sanciones contra Alexandre de Moraes, el juez del Tribunal Supremo de Brasil que ha liderado la investigación en torno a si Bolsonaro planeó un golpe de Estado tras perder las elecciones en 2022, acusación que el expresidente niega.

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Crisis en Haití: al menos diez muertos en una fuga masiva de presos tras el asalto de bandas armadas a dos cárceles

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El gobierno de Haití decretó estado de emergencia y toque de queda tras la muerte de al menos una decena de personas luego de que bandas armadas atacaran el sábado por la noche la principal prisión de Puerto Príncipe, y que otro grupo se fugara el domingo de la prisión civil Croix des Bouquets, según medio locales. Es un nuevo episodio que fomenta la espiral de violencia en este país al borde de convertirse en un estado fallido.

”Se contaron muchos cadáveres de detenidos”, declaró a la AFP Pierre Espérance, director ejecutivo de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH). Sólo quedaban en la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe un centenar de presos de los cerca de 3800 que había antes del ataque de las bandas armadas, explicó Espérance, pero se desconocía el total de presos fugados.

Un periodista de la AFP que visitó la cárcel el domingo por la mañana vio una decena de cadáveres en los alrededores de la prisión. Algunos cuerpos tenían impactos de bala o de proyectiles, constató el reportero, quien pudo entrar al centro penitenciario, cuya puerta estaba “abierta” y donde no había “casi nadie”.

Entre la noche del sábado y madrugada del domingo, policías “intentaron repeler un asalto de bandas criminales a la Penitenciaría Nacional y a la cárcel Croix des Bouquets”, indicó el gobierno haitiano en un comunicado.

Poco después, el gobierno informó del estado de emergencia en un comunicado y decretó un toque de queda entre las 18H00 y las 05H00 a partir de este domingo y hasta el miércoles 6 de marzo. Ambas medidas se aplican en el departamento de Ouest, que incluye la capital Puerto Príncipe, y podrán ser renovadas. El objetivo, según se indicó, es “restablecer el orden y tomar las medidas apropiadas para retomar el control de la situación”.

A su vez, el Sindicato de la policía nacional de Haití pidió a aquellos agentes policiales y a los militares que cuenten con automóviles, armas y municiones que acudan a la prisión para reforzar la seguridad, según un mensaje en creole publicado en la red X.

Entre los prisioneros que escaparon hay “importantes miembros de bandas muy poderosas”, reportó el diario Gazette Haiti.

Delincuentes comunes, jefes de bandas y también los acusados por el asesinato en 2021 del presidente Jovenel Moïse se encontraban detenidos en la cárcel nacional, ubicada a pocas cuadras del Palacio Nacional, refirió el diario Le Nouvelliste.

El domingo, el medio Gazette Haití reportó que “mientras todas las miradas estaban puestas en la fuga de la Penitenciaría Nacional, los bandidos atacaron alrededor de las 3 de la madrugada la prisión civil de Croix de Bouquets y liberaron a un número importante de presos”.

“Las bandas 400 Mawozo y Chen Mechan son los principales perpetradores”, puntualizó el medio local. “Querían, entre otras cosas, liberar a algunos ´soldados importantes´”, confirmaron fuentes policiales al diario.

Puerto Príncipe está sometida desde el jueves a violentos ataques de las pandillas que afirman querer la renuncia del primer ministro Ariel Henry, quien se encuentra fuera de la capital, según Le Nouvelliste.

Las bandas, agrupadas bajo el lema “Vivir juntos”, realizan ataques coordinados en Puerto Príncipe en contra de lugares estratégicos como la cárcel, el aeropuerto internacional y varios edificios policiales.

El domingo por la mañana, se podían ver los cadáveres baleados de tres personas tirados en el suelo cerca de la entrada de la prisión más importante, que estaba abierta de par en par, sin guardias a la vista. En los patios de la prisión, usualmente hacinados, había sandalias de plástico, ropa y ventiladores eléctricos. En otro vecindario, los cuerpos ensangrentados de hombres, con las manos atadas a su espalda, estaban boca abajo, mientras los residentes pasaban frente a puestos de control de vial erigidos con neumáticos en llamas.

Los agentes que se encontraban dentro de un único vehículo de policía estacionado afuera de las instalaciones se negaron a decir qué había sucedido.

Arnel Remy, un abogado de derechos humanos que dirige una organización sin fines de lucro que trabaja dentro de las prisiones, dijo en X, antes Twitter, que menos de 100 de los casi 4000 reos recluidos en las instalaciones permanecen tras las rejas.

Entre los que optaron por quedarse se encuentran 18 exsoldados colombianos acusados de trabajar como mercenarios en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moise en julio de 2021. La noche del sábado, en medio de los disturbios, varios de los colombianos compartieron un video pidiendo urgentemente por sus vidas.

“Por favor, por favor ayúdenos… Están masacrando la gente indiscriminadamente dentro de la celda”, dijo uno de los hombres, Francisco Uribe, en un video de 30 segundos ampliamente compartido en las redes sociales.

Ante la falta de información oficial, los familiares de los presos se apresuraron a la prisión para tratar de encontrar a sus seres queridos. “No sé si mi hijo está vivo o no”, dijo Alexandre Jean mientras revisaba las celdas. “No sé qué hacer”.

La violencia parecía ser generalizada. Varios vecindarios reportaron tiroteos. La emisora Radio Caribe fue alcanza por varios proyectiles durante la jornada del sábado. Afortunadamente, no se reportaron víctimas, según medios locales.

La Policía Nacional de Haití cuenta con aproximadamente 9000 agentes para brindar seguridad a más de 11 millones de personas, según la ONU. Los agentes suelen verse abrumados y superados en armas por las poderosas pandillas, que se estima controlan hasta el 80% de Puerto Príncipe.

Como parte de esta espiral de violencia, ya han muerto desde el jueves 7 policías a manos de pandilleros en ataques a comisarías y penitenciarías.La Nación.

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