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Junta Departamental de Caazapá enviará Informe Final de Auditoría a la Fiscalía de Delitos Económicos

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El día de ayer (Jueves, 13 de Junio) se realizó la Sesión de la Junta Departamental de Caazapá, donde se presentó el Informe Final que llevó a la Revisión de la Rendición de Cuentas de la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal 2014, 2015, 2016, 2017 y ejercicio fiscal 2018 (hasta el 15 de agosto de 2018) de la gobernación de Caazapá.

Los auditores contratados para tal efecto, encontraron inconsistencias, diferencias e indicios de presuntas irregularidades en cuanto a los contratos por lo que ponen a consideración de la Administración Departamental remitir los antecedentes del caso en cuestión al Ministerio Público.

“La Junta no tiene otro camino que remitir el informe final a la Fiscalía de Delitos económicos, que tiene la carpeta habilitada y que se está investigando, para que pueda verificar en su carácter de órgano Jurisdiccional que los mismos auditores están recomendando, punto por punto, diferencia por diferencia” mencionó  el Concejal Departamental Benjamín Adaro.

Benjamín Adaro, Concejal Departamental

Sin embargo, la bancada cartista mocionó que se derive a la Comisión de la junta.

Habiendo dos mociones, se llevó a votación prevaleciendo la Moción del concejal  Benjamín Adaro de remitir a la Fiscalía de Delitos Económicos el Informe Final que llevó a la Revisión de la Rendición de Cuentas de la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal 2014, 2015, 2016, 2017 y ejercicio fiscal 2018 (hasta el 15 de agosto de 2018).

Según los auditores, en este periodo de tiempo auditado 2014 hasta el 15 de agosto del 2018,  se “observan diferencias de menos en documentos de respaldos” por valor de G. 169.144.131.619 de guaraníes entre la Ejecución Presupuestaria Consolidada por Objeto del Gasto de la Gobernación de Caazapá y la cuantificación de las Rendiciones de Cuentas -Royalties y Fonacide- remitidos en medios magnéticos por la Contraloría General de la República (CGR).

Por otro lado, al auditar las cuentas bancarias a nombre de la Gobernación, “se observan diferencias por la suma de G. 3.897.350.106” entre la Ejecución Presupuestaria Consolidada por Objeto del Gasto de la Gobernación de Caazapá y la cuantificación de los cheques emitidos según extractos bancarios.

En el caso de las Becas otorgadas “la Administración Departamental omitió el registro de G. 1.993.634.128 en la Contabilidad Institucional” al cierre de los Ejercicios Fiscales 2015, 2016, 2017 y 2018 (hasta el 15 de agosto), incumpliendo la Ley Nº 1535/99 “De Administración Financiera del Estado”.

Con relación al Inventario de Inventario de Bienes de Uso, se ha constatado diferencias significativas en el Balance General al 31/12/2017 específicamente entre el valor revaluado de los bienes y el valor de las depreciaciones acumuladas, por lo que “el resultado que arroja el Balance General no es razonable”.

“Se ha detectado un faltante de Bienes de Uso por un valor de G. 242.946.573” dice el informe de los auditores, y remarcan que “se ha constatado que NO todos los BIENES DE USO se encuentra en su destino”.

En el caso del uso de ROYALTIES, el informe menciona que “El Gobierno Departamental de Caazapá realizó Obligaciones por la suma de G. 32.081.669.831”, que las Rendiciones de Cuentas -asciende a la suma de G. 18.994.907.439 remitidos por medios magnéticos por la Contraloría General de la República (CGR),  lo que da una diferencia de G. 13.086.762.392.

Con relación al uso de recursos provenientes de FONACIDE, se realizaron Obligaciones por la suma de G. 16.020.670.165 y las Rendiciones de Cuentas que fueran presentadas al CGR por la Gobernación de Caazapá  ascienden a la suma de G. 11.955.172.810, dando una diferencia de G. 4.065.497.355.-

En cuanto a las obras públicas realizadas por el gobierno departamental de Caazapá, con fondos provenientes de los ROYALTIES y FONACIDE presentan innúmera irregularidades en la casi totalidad de los contratos, siendo las más constantes:

  1. Se observa un tiempo mayor al previsto en el contrato, no teniendo a la vista ninguna justificativa previsto en el contrato para demorar la entrega de la obra.
  2. Las Garantías de fiel cumplimiento del Contrato, Seguro contra daño a terceros y Seguro contra accidentes de Trabajo, no se visualiza en los documentos de Rendición de Cuentas.
  3. La Obra no se ha terminado dentro del Plazo de entrega de la obra, previsto en el Contrato. No se ha tenido a la vista ninguna justificación del atraso en la entrega de la obra.

Por tanto, en casi todos los casos, la Gobernación trasgredió disposiciones legales al no exigir la presentación de las pólizas de seguro requerido en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) y Contrato respectivo, no aplicó multas previstas en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) y Contrato respectivo, correspondiente por días demora en la terminación de la obra y En algunos casos los Certificados de Obras emitidos se encuentran sin fecha.  

Tan sólo en la “aplicación de las multas por demoras en la entrega de las obras”, la gobernación de Caazapá pudo haber retenido la suma de  G. 3.333.677.174.

Los auditores recomiendan a la Administración Departamental  “garantizar el fiel cumplimiento del contrato y ceñirse a las condiciones contractuales establecidas en los Contratos firmados” además de “contar con una fiscalización confiable y veraz para el control de las obras contratadas”.  

“En este caso, las diferencias son dudosas. En todos los puntos recomiendan al ejecutivo y a la Junta remitir a los órganos jurisdiccionales. Y todos sabemos que los Órganos Jurisdiccionales son los Juzgados y la Fiscalía que tienen competencia de entender en estos casos de dudas de una diferencia abismal de suma de dinero de la gente del pueblo del departamento de Caazapá” argumentaba el Concejal  Benjamín Adaro, proponente de la moción de remitir a la Fiscalía de delitos económicos el informe Final.

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MEC acompaña investigación del Senado que apunta a transparentar expedición de títulos académicos

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El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) acompaña las pesquisas de la Comisión Especial de Investigación de Títulos Falsos de la Cámara de Senadores, que apunta a esclarecer todo lo relacionado a la expedición de supuestos títulos académicos falsos. Esto se suma a la creación del Registro Único del Estudiante de Educación Superior (RUE ES) en el 2024, sumarios a funcionarios y cerca de 500 denuncias elevadas ante el Ministerio Público.

 

En prosecución al proceso, el ministro de la cartera educativa, Luís Ramírez, participó este jueves de una nueva sesión de la Comisión presidida por el senador Patrick Kemper.

En esta oportunidad, la instancia asesora de la Cámara Alta del Congreso convocó a las autoridades de la Universidad Internacional “Tres Fronteras”, encabezada por su rectora, Natalia Duarte, con el fin de debatir sobre el caso que involucra al senador Ramón Retamozo, egresado de la misma, de la filial Paraguarí, en el 2013, donde se cuestiona la validez del título obtenido.

El ministro Luis Fernando Ramírez sostuvo que hay que leer la línea cronológica en la que ocurrían y ocurren estos acontecimientos, donde vamos a analizar. En el caso del senador Ramón Retamozo, está bajo el amparo de la Ley 2529 del 2006, que establecía que la propia universidad podía marcarse su línea de acción y de trabajo y determinar su campo de acción. Eso es lo que ocurría bajo el amparo de esa ley, agregó.

Señaló que en noviembre del 2013, año en que se crea el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), el senador termina la carrera, se presenta el 19 de marzo del 2014, por una resolución del Viceministerio de Educación Superior para la inscripción. En ese entonces, el requerimiento era el título, el certificado de estudio acompañado de la Cédula de Identidad del estudiante. Todos esos elementos, una vez presentados, eran retirados por la universidad, aclaró seguidamente.

Expresó que la universidad debe explicar la consecución de sus filiales y como, posteriormente fue transformando eso. Esas filiales tienen una matriz, de la cual salen los títulos, los certificados. Eso está perfectamente marcado en las disposiciones legales que en ese momento regían las universidades, la Educación Superior. Nada está fuera del derecho, de lo que las leyes marcaban en ese entonces, en el caso del senador Ramón Retamozo, acotó.

Remarcó que con la Ley 4995 se crea el CONES en el 2013 y a partir del 2014 se establecen nuevas reglas de juego que paulatinamente se van cumpliendo. Se elabor un catastro, y se les da un tiempo a las universidades para que se preparen y se catastren. La fuerza y la energía que como MEC y CONES estamos tomando ante esta realidad que existe desde hace mucho tiempo, nadie nunca hizo una denuncia. Hicimos una investigación de dos años y con documentación pasamos a la Fiscalía, independientemente a la creación del RUE ES, en el 2024, que tendrá información pública sobre toda la trayectoria del estudiante, precisó.

Por su parte, la senadora Esperanza Martínez, vicepresidenta de la Comisión Especial de Investigación de Títulos Falsos, solicitó el envio de un pedido de informe a la Universidad Internacional “Tres Fronteras” donde se detalle en qué año fue creada, cuáles son sus filiales, qué cohortes de estudiantes tuvo cada filial, con nombres y Cédula de Identidad y carreras ofertadas, de manera a realizar una trazabilidad a lo largo de toda su existencia.

Sostuvo que no importa si el volumen de información requerida a las universidades es muy grande. Eso no será problema porque estamos trabajando con Inteligencia Artificial (IA)”, señaló.

La rectora Natalia Duarte indicó que cuentan con un archivo y que se encuentra en condiciones de dar respuesta a los requerimientos de las autoridades legislativas y educativas.

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Entre enero y julio, exportaciones crecen más de 25% con fuerte protagonismo de la soja y la maquila

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El informe del Comercio Exterior totalizó exportaciones por USD 12.134 millones en los primeros siete meses del 2026, lo que se traslada en un crecimiento del 25,2% comparado al mismo periodo del 2025, impulsada principalmente por productos relacionados a la soja y exportaciones realizadas bajo el Régimen de Maquila.

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La Secretaría de Políticas Lingüísticas busca promover el uso público del guaraní

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Con una agenda cargada de actividades y bajo el lema “Rohayhu Che Ne’e”, la Secretaría de Políticas Lingüísticas, SPL, impulsa el uso nuestra lengua nativa en los espacios públicos en Paraguay. “El guaraní es lo que nos hace únicos en el concierto de las naciones, y es una lengua oficial que debe estar en paridad con el español, pero su uso en la esfera pública está en proceso”, explicó a Paraguay TV el licenciado Alcibiades Brítez, director general de Planificación Lingüística del SPL.

La agenda de la semana “Rohayhu Che Ne’e” -amo mi lengua- se desarrollará a modo de campaña entre el 24 y el 28 de agosto, y se prevé la participación de representantes de instituciones públicas, de medios de comunicación, organizaciones sociales y de la ciudadanía en general.
Esta es la 12ª edición del evento con el cual se busca que el guaraní vaya incorporándose en las instituciones del gobierno y también en el ámbito privado y civil. “Al entrar a las ciudades, los carteles de bienvenida deben estar en guaraní primero y en español después, en condición de paridad y para impulsar la lengua”, asegura el director de Planificación Lingüística.

“Paraguay tiene una diversidad lingüística, pero hay que promover, sobre todo, las dos lenguas oficiales, según la Constitución Nacional”, sostiene Alcibiades Brítez. “El guaraní abre las puertas de la comunicación con las personas y ya hay muchas empresas que se dieron cuenta y que usan el guaraní porque se dieron cuenta que les conviene por el efecto positivo que tiene en sus objetivos” comenta el licenciado.

Por otra parte, hay grupos musicales y melodías en guaraní que se pusieron de moda y que impulsaron el uso de la lengua en parte de la población. Sin embargo, la difusión de esta lengua en las nuevas generaciones sigue siendo un desafío, afirma Brítez. “Si no está presente en las ciudades, no se ve en los carteles ni se escucha, es difícil. También depende del uso de los periodistas más jóvenes”, afirma.

Durante la semana “Rohayhu Che Ne’e”, se expondrán los avances de la incorporación paulatina del guaraní en la esfera pública en el acto central, que tendrá lugar el martes 25 de agosto, en el Congreso de la Nación. “Van a ver de qué forma el guaraní está creciendo”, expresa Brítez, quien estuvo acompañado de la licenciada Rossana Arias, jefa del departamento de Protección y Difusión de la Diversidad Lingüística.

El SPL recomienda a las autoridades del gobierno iniciar sus discursos con un saludo en guaraní, y trabaja con las distintas instituciones del Estado “para que el guaraní tenga el lugar que le pertenece, junto al castellano, tanto en la página web, como en las capacitaciones y en la oralidad”, explica.

Por otra parte, el representante de la SPL invita a las instituciones, a las empresas y a todas las personas a acercarse a la Dirección General de Planificación Lingüística del SPL, para recibir orientación para la incorporación gradual del guaraní en los diferentes espacios.

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