El día de ayer (Jueves, 13 de Junio) se realizó la Sesión de
la Junta Departamental de Caazapá, donde se presentó el Informe Final que llevó
a la Revisión de la Rendición de Cuentas de la ejecución presupuestaria del
ejercicio fiscal 2014, 2015, 2016, 2017 y ejercicio fiscal 2018 (hasta el 15 de
agosto de 2018) de la gobernación de Caazapá.
Los auditores contratados para tal efecto, encontraron inconsistencias,
diferencias e indicios de presuntas irregularidades en cuanto a los contratos
por lo que ponen a consideración de la Administración Departamental remitir los
antecedentes del caso en cuestión al Ministerio Público.
“La Junta no tiene
otro camino que remitir el informe final a la Fiscalía de Delitos económicos,
que tiene la carpeta habilitada y que se está investigando, para que pueda
verificar en su carácter de órgano Jurisdiccional que los mismos auditores están
recomendando, punto por punto, diferencia por diferencia” mencionó el Concejal Departamental Benjamín Adaro.
Benjamín Adaro, Concejal Departamental
Sin embargo, la bancada cartista mocionó que se derive a la Comisión
de la junta.
Habiendo dos mociones, se llevó a votación prevaleciendo la Moción del concejal Benjamín Adaro de remitir a la Fiscalía de Delitos Económicos el Informe Final que llevó a la Revisión de la Rendición de Cuentas de la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal 2014, 2015, 2016, 2017 y ejercicio fiscal 2018 (hasta el 15 de agosto de 2018).
Según los auditores, en este periodo de tiempo auditado 2014
hasta el 15 de agosto del 2018, se “observan diferencias de menos en documentos
de respaldos” por valor de G. 169.144.131.619
de guaraníes entre la Ejecución Presupuestaria Consolidada por Objeto del Gasto
de la Gobernación de Caazapá y la cuantificación de las Rendiciones de Cuentas
-Royalties y Fonacide- remitidos en medios magnéticos por la Contraloría
General de la República (CGR).
Por otro lado, al auditar las cuentas bancarias a nombre de
la Gobernación, “se observan diferencias
por la suma de G. 3.897.350.106” entre la Ejecución Presupuestaria
Consolidada por Objeto del Gasto de la Gobernación de Caazapá y la
cuantificación de los cheques emitidos según extractos bancarios.
En el caso de las Becas otorgadas “la Administración Departamental omitió el registro de G. 1.993.634.128
en la Contabilidad Institucional” al cierre de los Ejercicios Fiscales
2015, 2016, 2017 y 2018 (hasta el 15 de agosto), incumpliendo la Ley Nº 1535/99 “De Administración Financiera del
Estado”.
Con relación al Inventario de Inventario de Bienes de Uso, se ha
constatado diferencias significativas en el Balance General al 31/12/2017
específicamente entre el valor revaluado de los bienes y el valor de las
depreciaciones acumuladas, por lo que “el
resultado que arroja el Balance General no es razonable”.
“Se ha detectado un
faltante de Bienes de Uso por un valor de G. 242.946.573” dice el informe
de los auditores, y remarcan que “se ha
constatado que NO todos los BIENES DE USO se encuentra en su destino”.
En el caso del uso de ROYALTIES, el informe menciona que “El Gobierno Departamental de Caazapá realizó Obligaciones por la suma de G. 32.081.669.831”, que las Rendiciones de Cuentas -asciende a la suma de G.18.994.907.439 remitidos por medios magnéticos por la Contraloría General de la República (CGR), lo que da una diferencia de G. 13.086.762.392.
Con relación al uso de recursos provenientes de FONACIDE, se realizaron Obligaciones por la suma de G.16.020.670.165 y las Rendiciones de Cuentas que fueran presentadas al CGR por la Gobernación de Caazapá ascienden a la suma de G.11.955.172.810, dando una diferencia de G. 4.065.497.355.-
En cuanto a las obras públicas realizadas por el gobierno
departamental de Caazapá, con fondos provenientes de los ROYALTIES y FONACIDE
presentan innúmera irregularidades en la casi totalidad de los contratos,
siendo las más constantes:
Se observa un tiempo mayor al previsto en el contrato, no teniendo a la vista ninguna justificativa previsto en el contrato para demorar la entrega de la obra.
Las Garantías de fiel cumplimiento del Contrato, Seguro contra daño a terceros y Seguro contra accidentes de Trabajo, no se visualiza en los documentos de Rendición de Cuentas.
La Obra no se ha terminado dentro del Plazo de entrega de la obra, previsto en el Contrato. No se ha tenido a la vista ninguna justificación del atraso en la entrega de la obra.
Por tanto, en casi todos los casos, la Gobernación trasgredió disposiciones legales al no
exigir la presentación de las pólizas de seguro requerido en el Pliego de Bases
y Condiciones (PBC) y Contrato respectivo, no
aplicó multas previstas en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) y
Contrato respectivo, correspondiente por
días demora en la terminación de la obra y En algunos casos los Certificados de Obras emitidos se
encuentran sin fecha.
Tan sólo en la “aplicación
de las multas por demoras en la entrega de las obras”, la gobernación de Caazapá
pudo haber retenido la suma de G. 3.333.677.174.
Los auditores recomiendan a la Administración Departamental “garantizar el fiel cumplimiento del contrato y ceñirse a las condiciones contractuales establecidas en los Contratos firmados” además de “contar con una fiscalización confiable y veraz para el control de las obras contratadas”.
“En este caso, las diferencias son dudosas. En todos los puntos recomiendan al ejecutivo y a la Junta remitir a los órganos jurisdiccionales. Y todos sabemos que los Órganos Jurisdiccionales son los Juzgados y la Fiscalía que tienen competencia de entender en estos casos de dudas de una diferencia abismal de suma de dinero de la gente del pueblo del departamento de Caazapá” argumentaba el Concejal Benjamín Adaro, proponente de la moción de remitir a la Fiscalía de delitos económicos el informe Final.
El presidente de la República, Santiago Peña, recibió este lunes a su par de Bolivia, Rodrigo Paz, con quien abordó el avance de proyectos estratégicos que hacen a la agenda regional de integración.
«Conversamos sobre los desafíos de la agenda regional e internacional, destacando el enorme potencial de la Hidrovía Paraguay-Paraná para impulsar el comercio, las inversiones y la competitividad de nuestras economías», informó el presidente Peña, a través de sus redes oficiales.
Afirmó que ambos gobiernos seguirán trabajando juntos para que la integración se traduzca en «más oportunidades y una mejor calidad de vida para nuestros pueblos».
Por su parte, el presidente boliviano señaló la plena coincidencia en una agenda de integración con proyectos estratégicos como la Hidrovía Paraguay–Paraná, la consolidación de URUPABOL en el Río de la Plata y el Corredor Bioceánico para conectar a Paraguay con Chile a través de territorio boliviano.
Afirmó que estas son iniciativas que abrirán más comercio, inversión y oportunidades para nuestros pueblos y para toda la región.
Por otro lado, Paz expresó un «agradecimiento eterno al pueblo paraguayo y a su gobierno por el rol preponderante en el respaldo a la democracia boliviana tras los recientes intentos de desestabilización».
«Esa solidaridad, en uno de los momentos más difíciles de nuestra historia reciente, fortalece los lazos que hoy seguimos construyendo», manifestó.
El ministro de Defensa Nacional, Oscar González, anunció el envío de un contingente especializado de la Fuerza Aérea Paraguaya para apoyar las labores de asistencia en la República Bolivariana de Venezuela.
Es una tarea que se realizará en el marco de una tarea de coordinación de las Américas, que se activa cuando ocurren situaciones de emergencia grave como la que afecta a Venezuela, destacó el ministro González, durante una entrevista con Medios del Estado.
Destacó igualmente que también en cumplimiento a las órdenes del presidente de la República, Santiago Peña.
Las coordinaciones operativas se realizan con el Comando Sur de los Estados Unidos, así como con los gobiernos de Argentina, Uruguay y Brasil.
La delegación está integrada por 32 efectivos militares con alta capacitación y experiencia en operaciones de búsqueda y rescate, quienes pondrán su conocimiento al servicio de las tareas humanitarias que se desarrollan en la zona.
Esta acción refleja el compromiso histórico del Paraguay con la solidaridad regional, la cooperación internacional y el auxilio oportuno ante situaciones que requieren apoyo humanitario, en el marco de los principios que rigen la actuación de nuestras Fuerzas Armadas.
El contingente partirá en las próximas horas, una vez finalizados los trámites administrativos y operativos correspondientes y su permanencia en Venezuela, será de forma indefinida, hasta que se requiera el apoyo para las labores humanitarias.
El Gobierno del Paraguay culminó con éxito el Operativo Umbral 3.5, un despliegue que permitió concretar la separación efectiva entre personas condenadas y procesadas dentro del sistema penitenciario de mayores, en cumplimiento del artículo 21 de la Constitución Nacional.
El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, mencionó que durante el operativo fueron trasladas un total de 618 personas privadas de libertad mediante un amplio dispositivo de seguridad que movilizó 24 ómnibus, 420 efectivos de la Policía Nacional, 182 miembros de las Fuerzas Armadas y 137 funcionarios administrativos.
En el procedimiento fueron trasladadas 403 personas condenadas desde el Centro Nacional de Prevenidos (ex Tacumbú) al Centro de Reinserción Social “Martín Mendoza” de Emboscada, mientras que 215 internos del Centro de Prevenidos de Ciudad del Este fueron derivados al Centro de Reinserción Social de Minga Guazú.
Con estos traslados, el Centro Nacional de Prevenidos y la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este quedan destinados exclusivamente a personas procesadas. Asimismo, el Centro de Reinserción Social de Minga Guazú alcanza cerca del 90 % de su capacidad, mientras que el Centro “Martín Mendoza” alberga actualmente alrededor del 80 % de su capacidad operativa.
Según el Ministerio de Justicia, el Operativo Umbral 3.5 representa un nuevo avance en el proceso de reorganización y modernización del sistema penitenciario, orientado a fortalecer el orden institucional, reducir el hacinamiento y consolidar el nuevo modelo de gestión penitenciaria en el país.
El operativo contó además con la participación de 85 profesionales de la salud del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Salud Pública, quienes realizaron controles médicos y evaluaciones sanitarias a todos los internos trasladados, con apoyo de ambulancias del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME).
