El día de ayer (Jueves, 13 de Junio) se realizó la Sesión de
la Junta Departamental de Caazapá, donde se presentó el Informe Final que llevó
a la Revisión de la Rendición de Cuentas de la ejecución presupuestaria del
ejercicio fiscal 2014, 2015, 2016, 2017 y ejercicio fiscal 2018 (hasta el 15 de
agosto de 2018) de la gobernación de Caazapá.
Los auditores contratados para tal efecto, encontraron inconsistencias,
diferencias e indicios de presuntas irregularidades en cuanto a los contratos
por lo que ponen a consideración de la Administración Departamental remitir los
antecedentes del caso en cuestión al Ministerio Público.
“La Junta no tiene
otro camino que remitir el informe final a la Fiscalía de Delitos económicos,
que tiene la carpeta habilitada y que se está investigando, para que pueda
verificar en su carácter de órgano Jurisdiccional que los mismos auditores están
recomendando, punto por punto, diferencia por diferencia” mencionó el Concejal Departamental Benjamín Adaro.
Benjamín Adaro, Concejal Departamental
Sin embargo, la bancada cartista mocionó que se derive a la Comisión
de la junta.
Habiendo dos mociones, se llevó a votación prevaleciendo la Moción del concejal Benjamín Adaro de remitir a la Fiscalía de Delitos Económicos el Informe Final que llevó a la Revisión de la Rendición de Cuentas de la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal 2014, 2015, 2016, 2017 y ejercicio fiscal 2018 (hasta el 15 de agosto de 2018).
Según los auditores, en este periodo de tiempo auditado 2014
hasta el 15 de agosto del 2018, se “observan diferencias de menos en documentos
de respaldos” por valor de G. 169.144.131.619
de guaraníes entre la Ejecución Presupuestaria Consolidada por Objeto del Gasto
de la Gobernación de Caazapá y la cuantificación de las Rendiciones de Cuentas
-Royalties y Fonacide- remitidos en medios magnéticos por la Contraloría
General de la República (CGR).
Por otro lado, al auditar las cuentas bancarias a nombre de
la Gobernación, “se observan diferencias
por la suma de G. 3.897.350.106” entre la Ejecución Presupuestaria
Consolidada por Objeto del Gasto de la Gobernación de Caazapá y la
cuantificación de los cheques emitidos según extractos bancarios.
En el caso de las Becas otorgadas “la Administración Departamental omitió el registro de G. 1.993.634.128
en la Contabilidad Institucional” al cierre de los Ejercicios Fiscales
2015, 2016, 2017 y 2018 (hasta el 15 de agosto), incumpliendo la Ley Nº 1535/99 “De Administración Financiera del
Estado”.
Con relación al Inventario de Inventario de Bienes de Uso, se ha
constatado diferencias significativas en el Balance General al 31/12/2017
específicamente entre el valor revaluado de los bienes y el valor de las
depreciaciones acumuladas, por lo que “el
resultado que arroja el Balance General no es razonable”.
“Se ha detectado un
faltante de Bienes de Uso por un valor de G. 242.946.573” dice el informe
de los auditores, y remarcan que “se ha
constatado que NO todos los BIENES DE USO se encuentra en su destino”.
En el caso del uso de ROYALTIES, el informe menciona que “El Gobierno Departamental de Caazapá realizó Obligaciones por la suma de G. 32.081.669.831”, que las Rendiciones de Cuentas -asciende a la suma de G.18.994.907.439 remitidos por medios magnéticos por la Contraloría General de la República (CGR), lo que da una diferencia de G. 13.086.762.392.
Con relación al uso de recursos provenientes de FONACIDE, se realizaron Obligaciones por la suma de G.16.020.670.165 y las Rendiciones de Cuentas que fueran presentadas al CGR por la Gobernación de Caazapá ascienden a la suma de G.11.955.172.810, dando una diferencia de G. 4.065.497.355.-
En cuanto a las obras públicas realizadas por el gobierno
departamental de Caazapá, con fondos provenientes de los ROYALTIES y FONACIDE
presentan innúmera irregularidades en la casi totalidad de los contratos,
siendo las más constantes:
Se observa un tiempo mayor al previsto en el contrato, no teniendo a la vista ninguna justificativa previsto en el contrato para demorar la entrega de la obra.
Las Garantías de fiel cumplimiento del Contrato, Seguro contra daño a terceros y Seguro contra accidentes de Trabajo, no se visualiza en los documentos de Rendición de Cuentas.
La Obra no se ha terminado dentro del Plazo de entrega de la obra, previsto en el Contrato. No se ha tenido a la vista ninguna justificación del atraso en la entrega de la obra.
Por tanto, en casi todos los casos, la Gobernación trasgredió disposiciones legales al no
exigir la presentación de las pólizas de seguro requerido en el Pliego de Bases
y Condiciones (PBC) y Contrato respectivo, no
aplicó multas previstas en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) y
Contrato respectivo, correspondiente por
días demora en la terminación de la obra y En algunos casos los Certificados de Obras emitidos se
encuentran sin fecha.
Tan sólo en la “aplicación
de las multas por demoras en la entrega de las obras”, la gobernación de Caazapá
pudo haber retenido la suma de G. 3.333.677.174.
Los auditores recomiendan a la Administración Departamental “garantizar el fiel cumplimiento del contrato y ceñirse a las condiciones contractuales establecidas en los Contratos firmados” además de “contar con una fiscalización confiable y veraz para el control de las obras contratadas”.
“En este caso, las diferencias son dudosas. En todos los puntos recomiendan al ejecutivo y a la Junta remitir a los órganos jurisdiccionales. Y todos sabemos que los Órganos Jurisdiccionales son los Juzgados y la Fiscalía que tienen competencia de entender en estos casos de dudas de una diferencia abismal de suma de dinero de la gente del pueblo del departamento de Caazapá” argumentaba el Concejal Benjamín Adaro, proponente de la moción de remitir a la Fiscalía de delitos económicos el informe Final.
Un abogado paraguayo radicado en Madrid encabeza la acusación particular en el juicio por el asesinato de una ciudadana paraguaya en España, un caso que ha ganado relevancia por la participación activa de un profesional de Paraguay en un proceso de alto impacto dentro del sistema judicial español.
El caso y su contexto
La víctima, identificada como Diana, de 29 años y originaria de Paraguay, fue asesinada el 30 de diciembre de 2024 en el distrito madrileño de Usera por su expareja, Augusto Marcelino, un hombre dominicano de 60 años que confesó el crimen ante el juez y el jurado popular.
El acusado reconoció que atacó a la mujer con un cuchillo durante una discusión y aseguró que “se le fue de las manos”, según informaron medios españoles. La Fiscalía solicita una pena de 26 años de prisión por los delitos de asesinato y quebrantamiento de orden de alejamiento.
La acusación particular y la responsabilidad del Estado
El abogado paraguayo Stephan Jorgensen, quien ejerce la acusación particular en representación de la familia de la víctima, anunció que además de buscar la condena del presunto autor, estudiará exigir responsabilidades al Estado español por las fallas en los mecanismos de protección que recibió Diana antes de su muerte.
“La acusación particular, que ejerce el abogado paraguayo Stephan Jorgensen, se plantea pedir responsabilidades al Gobierno por su muerte: ‘Porque no la protegieron con los medios correspondientes al riesgo establecido por el Ministerio del Interior’”, destacó el diario El País.
La víctima había denunciado a su pareja en tres ocasiones por malos tratos, lo que derivó en procedimientos judiciales y en la imposición de una orden de alejamiento con nivel de “riesgo extremo”. Pese a ello, el crimen se consumó, lo que ha abierto el debate sobre la efectividad de las medidas de protección para víctimas de violencia de género.
“Vamos a hacer que el asesino de una compatriota vaya preso”
En una entrevista con el programa Tribuna, emitido por Paraguay TV, Stefan Jorgensen destacó el carácter inédito de su participación en este proceso judicial dentro del sistema español. “Es la primera vez que un paraguayo consigue esto”, afirmó el profesional, quien se formó como abogado en España y ejerce actualmente en Madrid.
Durante la conversación, reafirmó su compromiso con la búsqueda de justicia para la compatriota asesinada: “Vamos a hacer que el asesino de una compatriota vaya preso”, dijo.
Jorgensen explicó que la causa representa no solo una búsqueda de justicia para una familia paraguaya afectada por un hecho de extrema violencia, sino también un caso de gran relevancia para la comunidad paraguaya residente en España, al exponer el debate sobre los mecanismos de protección para víctimas de violencia de género y la responsabilidad de las instituciones encargadas de garantizar su seguridad.
Un hecho poco frecuente para la diáspora paraguaya
La participación de Stefan Jorgensen constituye un hecho poco común para la diáspora paraguaya, al tratarse de un profesional de Paraguay que ejerce activamente la abogacía en España y que hoy ocupa un rol central en un juicio de amplia repercusión pública.
El juicio se desarrolla en la Audiencia Provincial de Madrid y continuó con la declaración de peritos policiales y otras diligencias previstas dentro del proceso, según informaron fuentes judiciales.
La Itaipu Binacional destinará entre USD 80 a 100 millones para las obras de duplicación de la Ruta PY07, que se convertirá en la mayor inversión en infraestructura vial en Hernandarias, según explicó Justo Zacarías Irún, director paraguayo de la binacional.
“Estamos delante de la obra más grande de la historia de Hernandarias. No estamos delante de una obra más”, remarcó Irún como parte de la socialización del proyecto realizado en esta ciudad.
La inversión estimada para duplicar la PY07 se sitúa entre USD 80 y 100 millones. ITAIPU prevé una reserva inicial de USD 80 millones y encargará el estudio del proyecto al Parque Tecnológico ITAIPU – Paraguay (PTI-PY).
“Este proyecto ya es una realidad y está en marcha”, remarcó, que puntualizó que el proceso comenzó el año pasado y el 21 de julio se dio la orden de inicio al consorcio encargado de elaborar los estudios y diseños ejecutivos.
Casi 20 km de intervención que permitirá una conexión estratégica
En lo que significa al recorrido total, la intervención contempla 19,5 km, con iluminación LED, partiendo desde Tekotopa Centro Ambiental hasta Santa Fe del Paraná (al norte de la Reserva Natural Tatí Yupí), para luego conectar con el Corredor Metropolitano del Este.
De los 19,5 km de intervención, unos 18 km serán duplicados mediante la construcción de una segunda calzada, con ambas vías separadas por un cantero central.
Expresaron que el tramo urbano, requerirá soluciones viales específicas según las características de la zona.
Por el lado del tramo urbano, los estudios técnicos concluirán entre febrero y marzo de 2027, y las obras podrían arrancar entre julio y agosto.
En el marco de la Operación Caazapá II, fueron destruidas más de 25 hectáreas de plantaciones ilícitas de marihuana y desmantelados cinco campamentos destinados al procesamiento y acopio de la droga, durante las últimas dos jornadas desarrolladas en la Reserva Natural de la Cordillera de Tava’i, departamento de Caazapá.
Los procedimientos fueron realizados por personal y medios del CODI/FTC-SUR, el Batallón de Infantería de Marina (BIMI), la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Ministerio Público, a través de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico de Caazapá, con el acompañamiento del agente fiscal César Martínez Chamorro.
Durante la segunda jornada fueron destruidas nueve hectáreas de cultivos de marihuana, además de 575 kilogramos de marihuana procesada. También fueron desmantelados dos campamentos y un centro de prensado, con un total de 27.575 kilogramos de marihuana retirados de circulación. El perjuicio económico estimado para las organizaciones criminales fue de USD 4.136.250.
En la tercera jornada, culminada ayer, se destruyeron más de 16 hectáreas de plantaciones ilegales, 300 kilogramos de marihuana picada y tres campamentos utilizados para el procesamiento y acopio de la droga.
De acuerdo con los datos proporcionados por las instituciones intervinientes, las acciones desarrolladas durante esta jornada permitieron neutralizar más de 48 toneladas de marihuana y ocasionar un perjuicio estimado de aproximadamente USD 4 millones a las estructuras criminales.
La Operación Caazapá II tiene como objetivo localizar y erradicar cultivos ilícitos dentro de áreas protegidas, y continúa conforme a la planificación establecida y en coordinación con las instituciones participantes.
