En un escándalo que expone el desorden y la corrupción del Ministerio Público de Ciudad del Este, el fiscal Alcides Giménez, de la Unidad Penal Nº. 9, vuelve a estar en el ojo de la tormenta, esta vez por permitir que un vehículo incautado en el marco de un asesinato, es decir, una evidencia, fuera utilizado por su asistente fiscal Héctor Ramón Villalba.

Se trata del automóvil Hyundai i30, con matrícula brasileña MHJ-3198, incautado tras el asesinato del brasileño Liomar Antonio de Oliveira, y que debía permanecer bajo estricta custodia. Sin embargo, fue encontrado abandonado en la vía pública del barrio San Miguel de Ciudad del Este.

Según el informe policial, el vehículo fue hallado con billetes de 100.000 guaraníes esparcidos en su interior, tres teléfonos celulares y diversos documentos. Testigos afirmaron que el conductor -posteriormente identificado como el asistente fiscal- se encontraba visiblemente alcoholizado cuando abandonó el automóvil en la madrugada del 28 de noviembre de 2024.

Al día siguiente, el asistente fiscal se presentó en la comisaría para reclamar la devolución del automóvil, alegando que el vehículo lo estaba utilizando con autorización expresa de su jefe, el cuestionado fiscal Alcides Giménez.

Este es solo uno de varios casos que evidencian el caos y la corrupción que impera en el Ministerio Público de Ciudad del Este, particularmente en las unidades vinculadas al círculo cercano del fiscal adjunto Jorge Sosa. Las evidencias se han convertido en un negocio manejado por fiscales protegidos, señalados por la prensa como recaudadores del fiscal adjunto.

Otro caso relevante que refleja las irregularidades es el de Silvio Ayala, víctima del robo de su camioneta Toyota Hilux. Días atrás, denunció un caso de presunta extorsión en la misma Unidad Fiscal a cargo de Alcides Giménez. El vehículo fue recuperado por la Policía, pero la víctima enfrentó serios problemas para recuperarlo de la Fiscalía, según sus declaraciones a la prensa. Ayala afirmó que se le exigió dinero en dos ocasiones para agilizar la devolución: primero 3 millones de guaraníes y luego 1.500 dólares. Este caso evidencia un patrón recurrente de irregularidades en la gestión de bienes recuperados y las evidencias bajo la investigación del fiscal Alcides Giménez, en el que las víctimas son revictimizadas y, en la mayoría de los casos, deben pagar sobornos para agilizar sus trámites o, como en este caso, para recuperar sus bienes robados.

Según denuncias, en la unidad fiscal de Giménez, las imputaciones o desestimaciones se realizan de acuerdo con sus intereses personales y no con el peso de las sospechas o pruebas presentadas. No es la primera vez que el fiscal Giménez es señalado por manejar las causas tramitadas en su unidad con llamativas subjetividades. Recientemente, fue recusado por una víctima de estafa, el señor Blas Mareco, quien lo acusó de mostrar favoritismo hacia el supuesto estafador, un brasileño de nombre Jairo Gesing. Además, se reveló que el cuadernillo fiscal ni siquiera estaba foliado, abriendo la posibilidad de extraer o agregar diligencias según las negociaciones con los denunciados para dejarlos impunes de sus delitos. Según fuentes del foro, Giménez tiene un historial de acomodar los procesos «de acuerdo a la cara de las víctimas y victimarios», favoreciendo generalmente a quienes poseen mayores recursos económicos.

También se comenta que Giménez rara vez imputa a quienes se muestran «dadivosos». Esta evidente selectividad en el manejo de los casos no solo destruye la confianza en la justicia, sino que también aumenta la percepción de que opera bajo un esquema de corrupción y protección de sus superiores.

Otro hecho que pone en duda la actuación del fiscal Giménez es su rol en las investigaciones de sustracción de energía eléctrica en granjas de minería de Bitcoin. En uno de estos casos, el 30 de Enero de este año, se llevó a cabo un allanamiento en un establecimiento en el km. 24 de Minga Guazú, donde, a pesar de las denuncias de conexiones ilegales de energía electrica, el fiscal no incautó ninguna evidencia. Esta actuación sorprendió incluso a los funcionarios de la ANDE que participaron en el procedimiento, dejando dudas y sombras sobre la verdadera intención de la intervención.

El fiscal Alcides Giménez Zorrilla tambien fue denunciado por cohecho pasivo agravado por presuntamente haber cobrado G. 150 millones para no oponerse al  arresto domiciliario de 11 policías imputados por el asesinato de Gloria Yetsica Espínola Cáceres y Alex Enrique Alejandro Ortiz Estigarribia, ocurrido el 19 de noviembre de 2022 en Ciudad del Este. La denuncia, fue presentada por el hermano de la victima quien habia solicitado que los antecedentes se remitan a la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción.

Estos hechos son solo algunos de los muchos que reflejan las actuaciones cuestionadas en la gestión del fiscal Alcides Giménez: el descontrol, la falta de transparencia y los indicios de corrupción en el manejo de bienes incautados y recuperados. Desde la autorización irregular de un vehículo incautado para uso personal, pasando por la presunta extorsión a víctimas para la devolución de sus bienes, hasta la inacción o acciones subjetivas en las causas investigadas en su unidad, el cuestionado fiscal Alcides Giménez parece operar con total impunidad bajo la protección del fiscal adjunto Jorge Sosa.

Estos casos son un recordatorio del nivel de anarquía y corrupción que impera en el Ministerio Público. Mientras tanto, las víctimas, como el señor Ayala, Mareco y otros, no solo enfrentan la pérdida de sus bienes, sino también la doble victimización por parte de un sistema que debería protegerlas. Este medio continuará investigando y exponiendo las irregularidades que persistan bajo la gestión de este nefasto fiscal y de los demás que esten operando con el mismo modus operandi.

El Jurado de Enjuiciamiento cuenta con evidencias suficientes para intervenir de oficio y exigir explicaciones al fiscal Alcides Giménez sobre estas graves irregularidades, a pesar de la protección que recibe del fiscal adjunto.